EL DIPUTADO PANISTA EDUARDO MARTÍNEZ, REY DE LA OPACIDAD EN EL CONGRESO DE QROO; SIGUE LA DANZA DE MILLONES DE PESOS

 

  • Injustificada erogación de 1.2 mdp en 17 “asesores”

 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Descartado de la posibilidad de aspirar a alguna candidatura para las próximas elecciones a raíz de la renuncia de su “madrina” Margarita Zavala al PAN para buscar la presidencia por la vía independiente, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, se sigue caracterizando por su opacidad en el manejo de recursos.

Recién perdonado de una sanción por el Tribunal Electoral de Quintana Roo por acudir en día y hora hábiles a un evento partidista con el blanquiazul, el funcionario ejerce una cuestionada e injustificada erogación de 1.2 millones de pesos mensuales por concepto de sueldos a 17 “asesores” bajo el rubro de Apoyo y Asistencia Legislativa, aunque esconde su nombre.

Como si no fuera suficiente, destacan en la lista de beneficiados los nombres de personas cercanas al ex gobernador priísta Roberto Borge Angulo, así como el jugoso pago de “compromisos”

Así, a partir de abril último, la XV Legislatura del Congreso local, los 17 “asesores” acuden puntuales a cobrar sus honorarios vía Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Seguridad y Vigilancia, Servicios Generales y Modernización, entre otros.

Denunciado a través de diversos medios de comunicación, desde hace varios meses se puso de manifiesto la corrupción e impunidad que impera en el Congreso de Quintana Roo, donde los diputados no sólo derrochan el dinero del pueblo a manos llenas, sino que además incluyen sus gastos personales en el erario público.

En este sentido, resulta inexplicable que Martínez Arcila requiera de un “bufete” de 17 asesores para un “trabajo” que no sólo no ha dado resultados, sino que no ha propuesto nada para el bien de la entidad, aunque SÍ aprobó prolongar el endeudamiento y un préstamo por más de 450 millones de pesos para su trámite.

Como se sabe, en Congreso tampoco transparentó ni licitó la remodelación de sus instalaciones, en la que erogó más de 4.2 millones de pesos en trabajos que por “dedazo” se entregaron, en pago de “favores”, a una empresa poblana de amigos, por haber participado y aportado dinero para solventar las pasadas elecciones a la gubernatura de Quintana Roo en 2016.

A reserva de algún movimiento de última hora -que parece poco probable-, los “asesores” de Martínez Arcila son Miguel Arcángel Pino Verde (115 mil 345 pesos), recomendado del diputado del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Mario Villanueva Tenorio, con quien también devengaba jugoso sueldo como “asesor” cuando éste fungió como presidente municipal de Othón P. Blanco.

Asimismo, se incluyen los siguientes: Irma Yolanda Dorantes Poot (115 mil 345 pesos), Rusell Israel Millán Estrella (179 mil 992 pesos), Issa Melitón Ortiz Moguel (54 mil 109 pesos), Mauro Felipe Landa Jiménez (115 mil 345 pesos), Hernán Edmundo López Tello (54 mil 109 pesos), René Antonio Ramos Reyes (54 mil 489 pesos) y Alfredo Augusto Chan Canul (54 mil 109 pesos)

Los demás beneficiados son Ricardo Ulises Gómez Contreras (38 mil 507 pesos), Aarón Antonio Núñez Martínez (54 mil 109 pesos), Bárbara Ruiz Velázquez (115 mil 345 pesos), María Guadalupe Contreras Casteleyro (29 mil 710 pesos), María Esther García Vargas (115 mil 345 pesos), Yuhueni Sormy Bebans Sánchez (48 mil 054 pesos), Dulce Vianey Escudero Delgado (36 mil 507 pesos), Alondra Roxana Avilés Gómez (28 mil 552 pesos) y Germán Francisco González González (40 mil 586 pesos)

Para buena fortuna de los quintanarroenses, hasta hoy ningún integrante de la XV Legislatura -ni el propio Martínez Arcila- ha solicitado licencia para buscar alguna candidatura rumbo a las elecciones de mitad de año, en el que se renovarán las 11 presidencias municipales, las diputaciones federales y las senadurías.

El propio funcionario se descartó para buscar otra posición en el proceso estatal o el federal, aunque, en el caso de los legisladores, si alguno tuviera aspiraciones tendría hasta marzo próximo para solicitar licencia y dejar el cargo.

Ahora bien, si la erogación vía “asesores” constituyó un escándalo para el Congreso del Estado, lo cierto es que tanto Martínez Arcila como el diputado Emiliano Ramos Hernández, este último presidente de la Comisión de Hacienda gastan sumas millonarias de forma opaca en un rubro que no tiene fundamento jurídico.

Verá Usted. Desde que inició la XV Legislatura se destinaron más de 23.3 millones de pesos a la categoría ilegítima de “Gasto Social”, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados sólo tendrían facultades de gestoría, más no de entrega de recursos.

Conforme a un análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, los apoyos habrían beneficiado al menos a 363 personas, es decir, un promedio de 90 personas mensuales, donde el rubro con mayor partida fue el de Ampliación y complemento de gestoría, al que se asignaron más de 12.8 millones de pesos sin establecer el número de beneficiarios o el monto promedio de los apoyos entregados.

Otros rubros fuertes fueron el de Gestoría, con una partida de más de 3.5 millones de pesos, que tampoco cuenta con desglose de beneficiarios, seguido por el de Ayudas Sociales, al que se destinaron poco más de dos millones de pesos para 29 beneficiarios, con un promedio de 70 mil 874 pesos para cada uno.

Adicionalmente, se asignó un millón 338 mil pesos a Transportación, hospedaje y alimentos para 136 personas, cada una de las cuales habría recibido unos nueve mil 843.19 pesos, a los que se suma un millón 181 mil 193.11 pesos para Medicinas, productos farmacéuticos, accesorios y suministros y honorarios médicos y estudios especializados en apoyo de 177 personas, lo que equivale a seis mil 673 pesos para cada uno en promedio.

Asimismo, de acuerdo con el análisis, el rubro de Láminas y otros materiales de construcción sería al que se habrían otorgado mayores montos, ya que 21 personas supuestamente recibieron 271 mil 543.99 pesos, para un promedio de 12 mil 930 pesos a cada una.

Los demás apartados, como Despensas y canastas básicas; Apoyos económicos, Becas, Vestuario y uniformes; Útiles y paquetes escolares; Asesoría y capacitación; Apoyos a la educación, Artículos deportivos, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza y Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, no cuentan con número de beneficiarios, por lo que NO se puede determinar el monto de apoyos otorgados, cuyo global asciende a más de 2.1 millones de pesos.

En este sentido, el Observatorio expresó que la Constitución Política de Quintana Roo NO establece el otorgamiento de apoyos económicos a la población más allá de su facultad de gestoría señalada en el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso.