¡CONTROLAN “MOCHES” DE DIPUTADOS!

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

No cabe duda de que uno de los mayores reconocimientos al Senado corresponde a su Comisión de Hacienda, cuya adición al artículo 9º Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que había elaborado y negociado a “a modo” la Cámara de Diputados, no sólo fortaleció la fiscalización de recursos que omite el presupuesto de Egresos de la Federación.

Como parte de sus atribuciones, los diputados los dictaminaban en forma etiquetada, como parte de la negociación derivada de su gestión, en función de las demandas de sus Distritos, entidades o municipios, aunque la enmienda de los senadores es sólo un primer paso para contener una de las peores prácticas en los anales del Poder Legislativo: El “moche” o “mochada”.

De tristes recuerdos para los diputados el PAN, tras que se fundamentó este artículo 9º en el artículo 79 de la Constitución, forma parte ya del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se fortalecerá fiscalización de recursos federales de los Estados, municipios y Distrito Federal, así como los que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, de modo tal que podrán fiscalizarse en cualquier momento, ya sea por el ejercicio de la atribución del auditor federal  o por denuncia de un tercero o propio afectado.

Esto significa que en cualquier momento, alcaldes o gobernadores sujetos  a esa extorsión que representa el “moche” legislativo, que se acreditó como práctica -sobre todo del PAN- y que permeó de manera significativa la negociación  del Presupuesto de Egresos de la Federación, pueden empezar a combatirlo y erradicarlo.

Lamentablemente, la modificación no avanzó en disminuir el déficit programado del 3 al 2.9%, que parece insignificante, pero que implican unos 17 mil millones de pesos, que entrarán a la bolsa de los diputados para su supuesta “gestión”, convertida en nueva modalidad de extorsión a los alcaldes, a los que ya no sólo extorsiona la delincuencia organizada, sino también este tipo de “moche” legislativo, con cierto porcentaje o los obligan a contratar a determinadas empresas para obras.

El candado “antimoches”, para evitar es mala gestión de diputados en la asignación de recursos, surgió a propuesta del perredista Armando Ríos Píter, que reforzó su compañero Alejandro Encinas, para facultar a la Auditoría Superior de la Federación a revisar directamente los proyectos de infraestructura de entidades y municipios excluidos del proyecto de Presupuesto de Egresos, pero que implica asignaciones con gestión legislativa.

De este modo, se evitará que el “derecho de piso” que pagan los municipios a la delincuencia organizada, equivalgan al “moche” que se paga por partidas presupuestales asignadas por grupos de legisladores.

Aunque nadie acusó -Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta-, quien protestó por el tema fue el senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, quien calificó de injusto calificar de corruptos los diputados de la LXII Legislatura; ya que se les prejuzga, como una falta de respeto, aun cuando votó a favor del “candado”.

El único en votar contra éste fue el senador del PT, Marco Antonio Blázquez Salinas, quien argumentó que los legisladores en México son acusados de corruptos por recibir dinero a través de las asignaciones presupuestales, e ironizó: “¿Cómo vamos a corregir a los diputados, nosotros que somos castos y puros?”.

Al igual que él, el priísta David Penchyna expresó que los diputados no son delincuentes; que ha sido diputado y no hizo mal uso de los recursos públicos, y que cuando se ha pertenecido a la Cámara Baja “no se vale ser borracho y luego cantinero”.

No obstante, el panista Héctor Larios, quien defendió el “candado” antimoches, dijo que, en efecto, nadie acusó que los diputados fueran indignos de confianza, y que la disposición “busca establecer métodos de auditoría a recursos difíciles de auditar, y que se aplicaban en medio de irregularidades.

Contra lo ocurrido en esta ocasión, apenas en abril último los senadores del PRI y sus “hermanos” del Verde “Ecologista” rechazaron en la anterior Legislatura una propuesta del PAN con reforma constitucional para que la Auditoría Superior indagara los “moches” que diputados federales y alcaldes cobran a las constructoras con cargo al Presupuesto de Egresos.

En efecto, el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, planteó reformar el artículo 74 de la Constitución, al advertir que la bolsa discrecional del Ramo 23 que se reparten los diputados federales rebasaba los 122 mil millones de pesos.

Aseguró que la práctica de “moches” se castiga en otros países por tratarse de un delito, mientras que en México permanece impune a pesar de encontrarse a milímetros de considerarse soborno, por lo que, sin el cambio, la reforma constitucional en materia de corrupción resultaría insuficiente.

Al igual que él, su correligionario Javier Corral presentó una reserva particular para frenar lo que calificó como un “mercado negro de corrupción”, donde diputados, alcaldes y empresas cobran “diezmos” o “comisiones” con cargo al erario público.

No obstante, al igual que en la ahora LXIII Legislatura, la “aplanadora” PRI-Verde sumó 57 votos contra la propuesta del PAN, por lo que ni siquiera se aceptó a discusión el planteamiento, y cuando el texto original del dictamen se sometió a votación del pleno para ratificar sus términos, apenas alcanzó por un voto las dos terceras partes requeridas.

Quienes presumen memoria de elefante recordarán que desde fines de 2013, algunos medios reportaron que el entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, habría condicionado la entrega de recursos a varios municipios, a cambio de que sus alcaldes le entregaran un “moche”, “diezmo” o dieran contratos de obra a empresas ligadas a su familia.

Inclusive, el 4 de noviembre de ese año, el alcalde panista de Celaya, Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, exhibió abiertamente ante su Cabildo una red de “moches” a cambio de asignaciones presupuestales, y que en diciembre de 2012 acordó con legisladores del blanquiazul recibir una partida de 160 millones de pesos para 2013, a cambio de una comisión de 35% y contratar a  determinada constructora.

La empresa, según propias fuentes panistas -publicó el diario Reforma- está vinculada con el grupo político de Villarreal.

Documentada en audio, la prueba señala que para obra pública llegó una aportación de 160 millones de pesos para pavimentaciones, promocionados por los diputados del PAN, cuya cúpula los patrocinó con la consigna de que se los dieran a una constructora que ellos les asignarían, y que “inflaran” la obra un 35% para poder solventarse.

En agosto de 2012, el dirigente del CEN del PAN, Gustavo Madero, nombró a Villarreal coordinador de bancada, como uno de los políticos más cercanos a él, que le apoya en la contienda interna para su reelección como líder, irónicamente contra las infructuosas aspiraciones del mismo Cordero.

Apenas en enero de este año, en medio de la campaña mediática para promover la propuesta panista del Sistema Nacional Anticorrupción, circuló un audio con presunta llamada telefónica del 2014 entre el actual líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el entonces aspirante a diputado federal, Miguel Ángel Yunes Linares, quienes hablan de forma encriptada sobre “entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.

Cosas y casos de “familia” que, sin embargo, meses después afectan al PAN con la desaparición de sus “moches”

¡Valió la pena!… por lo menos para el sacrificado erario que paga el pueblo.