EN PRIMERA FILA

Por desaparecidos, ¡sólo consuelo!

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Como dijera el escritor Santiago Gamboa en sus “Plegarias nocturnas” y parafraseara sobre México la diputada perredista coahuilense, Alfa Eliana González Magallanes, “este país se sostiene a punto de masacres y fosas comunes. Uno escarba el suelo y salen huesos”.

En efecto, la guerra contra el narco ha significado más de 120 mil muertos, mientras que el número de desaparecidos, según las ONG, se estima en 80 mil, de los cuales la autoridad sólo reconoce 26 mil. Hombres, mujeres, niños y policías federales, estatales o municipales fueron secuestrados, y en muchos casos sus familias siguen hasta hoy sin saber de ellos.

Se multiplican los casos de mujeres cuyos maridos desaparecieron tras que un comando se los llevara con rumbo desconocido y se ignora si están vivos o muertos, aunque, ante esa incertidumbre, las dependencias policiales o patrones de Michoacán o Durango, por citar algunos Estados, decidieron suspenderles el pago del salario de sus parejas.

No pueden demandar el cobro de sus quincenas porque jurídicamente no están vivos, pero tampoco una pensión porque no están muertos, en un “limbo” jurídico que implica un daño a su vida cotidiana: Sin dinero para el sustento, incertidumbre sobre el paradero del esposo, y encima un litigio judicial que demora entre dos y seis años para declarar la desaparición oficial.

Todo ello implica la búsqueda de soluciones menos tortuosas que ese impedimento legal que les impide reclamar una pensión o disponer de los bienes de sus familiares desaparecidos, ante la falta de certeza para proceder si la persona no ha sido judicialmente declarada como desaparecida.

Muchas de esas desapariciones provocaron que algunas afectadas buscaran un camino extrajurídico. Otras, ya no esperaron nada, ya que, como viudas sin la certeza de serlo, emprendieron la jefatura de la familia sin otra alternativa por los meses o años sin que aparezcan sus esposos.

Ante esta circunstancia, la Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado reformas a los Códigos Civil Federal y de Procedimientos Civiles que evitarán tantos daños al gasto diario de miles de familias que enfrentan este tipo de casos, así como atender el reclamo social antes los secuestros por los que no siempre se pide rescate, pero los detenidos tampoco aparecen.

Las desapariciones son difíciles de afrontar en lo cotidiano, no sólo por la incertidumbre del paradero de los afectados, sino por las crisis al interior de las familias que se prolonga por meses o años.

Tener un familiar desaparecido sin noticia alguna sobre su paradero, implica, según el Código Civil Federal actual, esperar entre dos y seis años para declarar su ausencia legal, periodo que representa un “limbo” jurídico mientras sus familiares tienen que aplazar cualquier situación relacionada con sus bienes, trabajo o propiedades.

Así, la enmienda es relevante, pues, pese a no resolver a fondo las desapariciones, sí lo hace con parte de sus efectos, ya que permite a las familias acortar el trámite para la declaratoria de la ausencia legal, a partir de la nueva ley, a los seis meses.

Era una de las tantas asignaturas pendientes de la cuestionable LXII Legislatura, y de ahí la importancia de que, al concluir su periodo, miles de familias víctimas de desapariciones contarán al menos con un recurso legal que les permita recurrir en menor tiempo a esa figura, aprobada por 403 votos a favor, una abstención y uno en contra.

Estados como Durango (en 2010), Michoacán y Sonora (2011), Chiapas, Estado de México y Puebla (2012), Tamaulipas, Zacatecas, Baja California y Colima (2013) y Nuevo León y Chihuahua (2014) modificaron sus legislaciones en los lapsos para declarar la presunción de muerte de tres meses a dos años, cuando que antes lo eran de tres a ocho años.

Con todo, resulta terrible, lamentable que las autoridades se sigan negando a aceptar que el clima de violencia no ha cesado en el país, sino aumentado sin saber cómo frenarla, y de ahí que creamos que la iniciativa, más que bondadosa con la sociedad, es para verles la cara a tantas familias que han perdido a sus seres queridos en una masacre nacional a la que no se ve fin.

Así, por congruencia, es prácticamente imposible apoyar una iniciativa que pretende tapar de un plumazo la sangre y dolor de los mexicanos, y mucho menos cuando no quieren reconocer la magnitud de la violencia, en la que, si vivos se los llevaron, vivos los exigen.

Coincidimos en que lo que “enseñó” la LXII legislatura es que los diputados son los primeros en violar las leyes y no respetar su Reglamento; con la aprobación de tantas reformas, se sometieron a la voluntad del Ejecutivo; un Pacto entre partidos puede más que la razón, legalidad y constitucionalidad; vendieron su dignidad y voto por dinero; les preocupa más su interés y engañaron reiteradamente a los mexicanos; quienes deciden en esa Cámara son tres diputados: Los coordinadores del PRI, PAN y PRD.

En efecto, los legisladores son los primeros en deshonrar el cargo con la simulación con que actuaron. Gritan y silban cuando quieren “bono”. Como dijera la diputada por Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, vergüenza debería darles su sumisión, cobardía y no respetar la Constitución.

¿Qué pasó después de sus múltiples reuniones en la Comisión de Derechos Humanos con familiares de desaparecidos de Ayotzinapa? ¡Nada!

El caso de esos 43 estudiantes fue el de mayor repercusión nacional e internacional, pero esos desaparecidos o la desaparición forzada no es problema reciente, sino que los venimos padeciendo desde la década de los 60, y sigue sin solución.

Desgraciadamente, la propuesta sólo contempla reducir plazos para que los desaparecidos estén sujeto a proceso judicial. Desgraciadamente, porque los familiares de éstos, a raíz de que desaparecen, viven un viacrucis sin derecho a reclamar derechos.

Estos incluyen pensión alimenticia, en caso que la haya; servicios educativos y un sinnúmero de derechos que, por no facilitarse la declaración de ausencia, se ven imposibilitados sus familiares en reclamar.

La Cámara de Diputados todavía no está consciente del padecimiento de la mayoría de los familiares de los desaparecidos por no contemplar los derechos de sus familiares a seguir disfrutando éstos a pesar de que los “desaparece”, en la mayoría de los casos, el propio Estado mexicano.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

 

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