{"id":1357,"date":"2015-06-18T13:10:59","date_gmt":"2015-06-18T13:10:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sinfronterasagencias.com\/?p=1357"},"modified":"2015-06-18T13:10:59","modified_gmt":"2015-06-18T13:10:59","slug":"en-primera-fila-28","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sinfronterasagencias.com\/?p=1357","title":{"rendered":"EN PRIMERA FILA"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a1Ocho a\u00f1os de \u201camnesia\u201d electoral!<\/strong><\/p>\n<p><strong>Por Luis A. CABA\u00d1AS BASULTO*<\/strong><\/p>\n<p>Ante la vergonzosa experiencia del reci\u00e9n concluido proceso electoral,\u00a0 establecer un marco regulatorio claro y preciso sobre la publicidad y la comunicaci\u00f3n institucional constituye un asunto de medular importancia para controlar los excesos en el gasto de recursos en medios de comunicaci\u00f3n, que usan muchos pol\u00edticos para promover sus carreras.<\/p>\n<p>Esa necesidad limitar\u00eda indirectamente a los medios de comunicaci\u00f3n o su empleo como instrumentos de propaganda con intereses personales o de grupo.<\/p>\n<p>Y es que, ir\u00f3nicamente, el 13 de noviembre de 2007, el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n public\u00f3 un Decreto mediante el cual se reformaron disposiciones de la Constituci\u00f3n, entre ellos tres p\u00e1rrafos del art\u00edculo 134.<\/p>\n<p>Sus objetivos fundamentales eran elevar a rango constitucional las disposiciones sobre la propaganda gubernamental de todo tipo durante las campa\u00f1as y en periodos no electorales, con lo que se pretend\u00eda impedir a actores ajenos al proceso electoral incidir en los procesos y sus resultados a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En suma, lo que el legislador pretend\u00eda era responder a dos de los m\u00e1s graves problemas del proceso como el que vivimos en el 2006: El elevado costo de la democracia mexicana y el uso y abuso de medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En este sentido, tres prop\u00f3sitos se enumeraron en aquella reforma del 2007, el primero de ellos menos dinero y m\u00e1s sociedad en pol\u00edtica y campa\u00f1as electorales, muy diferente a lo que vivimos con el Partido Verde, que hasta mayo acumulaba m\u00e1s de 193 millones de pesos en multas impuestas por autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, muy cercanas a las que le impusieron en 2012.<\/p>\n<p>En s\u00f3lo cinco meses del proceso, entre 2014 y 2015, el Verde acumul\u00f3 m\u00e1s de 30 quejas por violaciones a la Constituci\u00f3n y a las leyes y normas en materia electoral, as\u00ed como y otras dos por financiamiento ilegal.<\/p>\n<p>Otro prop\u00f3sito de aquella reforma fue que hubiera capacidad, responsabilidad e imparcialidad en los depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales, de las que, lamentablemente, carecen las autoridades administrativas y jurisdiccionales.<\/p>\n<p>Por ejemplo, el INE ante peticiones de miles de ciudadanos de iniciar un proceso con todas las garant\u00edas legales para retirarle el registro a ese partido, en el marco del derecho y conforme a sus facultades, se limit\u00f3 a decir que lo decidir\u00edan los electores, a sabiendas de que, derivado de su coalici\u00f3n con el PRI, la medida no proceder\u00eda por esa v\u00eda.<\/p>\n<p>En claros actos anticipados de campa\u00f1a, el tribunal electoral resolvi\u00f3, con criterios poco claros y ambiguos, que no hab\u00eda vulnerado la norma electoral, en tanto que la sala regional del tribunal resolvi\u00f3 en t\u00e9rminos similares sobre el programa de vales de medicina para derechohabientes del IMSS e ISSSTE, con lo que se volvieron c\u00f3mplices del Verde, y convirtieron al Estado de Derecho en simple formalidad jur\u00eddica.<\/p>\n<p>El tercer prop\u00f3sito de la reforma del 2007 era total imparcialidad en las contiendas electorales por parte de quienes ocupan cargos de gobierno, y que los aspirantes a cargos de elecci\u00f3n popular tengan leg\u00edtimo derecho, pero con la \u00fanica condici\u00f3n de no usar su cargo en promocionar sus ambiciones.<\/p>\n<p>De ah\u00ed la imperiosa necesidad de reforma el art\u00edculo 134, que ha querido verse respuesta a una necesidad netamente electoral, pese a que, al igual que el art\u00edculo 6o. constitucional, contienen disposiciones relacionadas con uno de los derechos humanos m\u00e1s trascendentes de toda sociedad que se jacte de llamarse democr\u00e1tica: La libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n<p>En este sentido, la diputada federal Lizbeth Rosas Montero plante\u00f3 un Proyecto de Decreto sobre la Ley General de Publicidad y Comunicaci\u00f3n Institucional, reglamentaria de los art\u00edculos 6 y 134 constitucionales, orientada precisamente a regular los mecanismos de publicidad y comunicaci\u00f3n institucional, muy particularmente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.<\/p>\n<p>El derecho a la libertad de expresi\u00f3n cobra particular relevancia a partir de la orientaci\u00f3n de las recientes reformas de 2012, que favorecen, sobre todo, las garant\u00edas fundamentales, una de ellas el derecho de todos a la expresi\u00f3n, a la informaci\u00f3n, a no ser discriminado por posiciones pol\u00edticas y, en general, a contar con servidores p\u00fablicos apegados a los principios de imparcialidad en el uso de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, aunque existe la obligaci\u00f3n constitucional de aprobar desde hace m\u00e1s de 8 a\u00f1os una ley reglamentaria al art\u00edculo 134, simple y sospechosamente no ha ocurrido hasta hoy, lo que conlleva serias consecuencias en cuatro aspectos fundamentales:<\/p>\n<p>La aceptaci\u00f3n al derecho de libertad de expresi\u00f3n, al hacer uso faccioso de los recursos p\u00fablicos en materia de publicidad y comunicaci\u00f3n pol\u00edtica; se acepta el principio de equidad en las contiendas electorales, en particular con el Verde; afecta el principio de imparcialidad en el uso de recursos p\u00fablicos; y afecta al principio de derecho de contar con informaci\u00f3n p\u00fablica veraz y oportuna, libre de tendencia de car\u00e1cter pol\u00edtico o ideol\u00f3gico alguno.<\/p>\n<p>La ausencia de regulaci\u00f3n de la publicidad y comunicaci\u00f3n institucional en cada Estado, municipio y \u00f3rgano de gobierno seguir\u00e1 generando serios vac\u00edos legales que traer\u00e1n como consecuencia lo visto hasta hoy: Abuso en la asignaci\u00f3n y ejercicio del gasto p\u00fablico en prensa y uso de recursos p\u00fablicos para la promoci\u00f3n personalizada de servidores, la mayor\u00eda, curiosamente, en campa\u00f1a durante todo el proceso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0(Permitida la copia, publicaci\u00f3n o reproducci\u00f3n total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>*Luis Angel Caba\u00f1as Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con m\u00e1s de 38 a\u00f1os de trayectoria como reportero, jefe de informaci\u00f3n, editor y jefe de redacci\u00f3n de diversos medios de informaci\u00f3n, tambi\u00e9n ha fungido como Jefe de Informaci\u00f3n de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"mailto:luancaba@hotmail.com\">luancaba@hotmail.com<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"mailto:leg_na2003@yahoo.com.mx\">leg_na2003@yahoo.com.mx<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"http:\/\/facebook.com\/luisangel.cabanas\">http:\/\/facebook.com\/luisangel.cabanas<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a 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