Por Roberto PÉREZ LÓPEZ (Contexto Político)

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa debe ser investigado por el asesinato del fotoperiodista, Rubén Espinosa, así se están manifestando en las redes sociales del internet mediante la petición que hacen en la página Change.org que hasta el momento llevan más de 57 mil firmas recabadas.

De igual forma coinciden el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) para que la Procuraduría del DF y de la PGR investigue al mandatario veracruzano, de lo contrario estarían desconociendo la muy probable relación de estos asesinatos con las amenazas recibidas por Rubén Espinosa.

Y exigen que sea investigado formalmente, siendo preciso restaurar el clima de seguridad en la entidad y que los cuerpos policiacos se depuren con el fin de que cumplan con su deber: proteger a la sociedad, así se manifiestan profesores, investigadores y estudiantes del CIESAS.

Exponen que el asesinato de cinco personas, entre ellas un periodista –Rubén Espinosa- y una antropóloga social –Nadia Vera, activista del movimiento #YoSoy132- que habían denunciado la ausencia de garantías individuales que se vive en Veracruz y que habían responsabilizado al gobierno de Javier Duarte de Ochoa del deterioro de los sistemas der seguridad en la entidad, los obligan a levantar la voz y denunciar el grave retroceso político que se registra en este estado de la República.

En ese mismo sentido fue hecha una petición en Change.org que han firmado más de 57 mil usuarios, la cual se titula: “investiguen a Javier Duarte de Ochoa por el asesinato de #RubénEspinosa, Nadia Vera y der tres mujeres más en la Ciudad de México”, ahí se expone numerosos reportes y testimonios sobre las amenazas que Rubén recibió por parte del gobierno de Veracruz cuyo titular, Javier Duarte de Ochoa debe ser investigado.

Por ejemplo, la revista Proceso da cuenta de que “mientras Rubén cubría las protestas estudiantiles contra el gobernador Javier Duarte por el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, se le impidió tomar fotos de cómo la policía golpeaba a unos estudiantes, en ese momento una persona de ayudantía del gobierno del estado le sujetó y le dijo: “deja de tomar fotos sí no quieres terminar como Regina”.

La petición es dirigida al jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera, la procuradora Arely Gómez, y el procurador del DF, Rodolfo Ríos, pues la investigación sobre el multihomicidio se realiza en la capital del país donde ocurrieron los hechos el pasado viernes 31 de julio.

POSICIONAMIENTO DEL CIESAS

A pesar de las múltiples denuncias que se han hecho en torno a la complicidad que los cuerpos de seguridad pública sostienen con los grupos criminales en Veracruz, a pesar de la creciente presencia de la extorsión, el secuestro como prácticas que lastiman la economía popular que la ciudadanía no puede denunciar porque hacerlo equivale a convertirse en objeto de represalias, el gobernador Javier Duarte se limita a asegurar que en su estado todo está en orden.

Sin embargo, los hechos no lo avalan, como no lo han hecho desde el arranque de su mandato, por el contrario, estamos ante un proceso decreciente violencia que no sólo hace víctimas a todos de una criminalidad rampante, sino que además busca amedrentar la participación ciudadana en una de las regiones del país donde menos se respetan los derechos humanos, donde, a la fecha, quince periodistas han sido asesinados desde que Javier Duarte llegó al poder.

Dos meses antes, el 5 de junio, un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana fue objeto de una brutal golpiza por parte de un grupo paramilitar mientras celebraban en su hogar, ubicado a pocos metros de su escuela, el cumpleaños de uno de ellos. Los cuerpos de seguridad que acudieron al lugar del crimen poco después, se retiraron al llamado de sus jefes, no hicieron absolutamente nada para brindar atención a los golpeados, a pesar de que los estudiantes pidieron que se quedaran para protegerlos.

Tres días antes, fue asesinado Juan Mendoza Delgado, director y fundador del sitio web de Noticias de Veracruz, “Escribiendo la Verdad”.

Un par de años antes, el 2 de agosto de 1912, Noé Vázquez, un ciudadano que participaba en el Colectivo Naturaleza Verde para Siempre que se había manifestado en contra del proyecto hidroeléctrico, El Naranjal, es asesinado en Amatlán, Veracruz, el mismo día en que en ese lugar se inicia una reunión del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas  en defensa de los Ríos, al día siguiente, un funcionario de Javier Duarte, desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz, declaró, sin haber hecho ninguna investigación, que no había relación alguna entre el crimen y las actividades ambientalistas de la víctima.

Qué tienen en común los crímenes del 2 de agosto de 2013, del 2 y 5 de junio y el 31 de julio de 2015, solo una cosa, los ciudadanos agredidos participaban en acciones pacíficas en defensa del ambiente y la libertad de expresión en Veracruz. El periodista y la antropóloga social asesinados estaban documentando las acciones ciudadanas en defensa del ambiente  y abiertamente denunciaban el clima de represión que se padece en Veracruz. Por eso habían tenido que abandonar el estado, porque sentían amenazada su vida, porque atreverse a hablar es un riesgo en esta región.

Noé Vázquez, por su parte, era la cabeza de un movimiento local de oposición a un mega proyecto, mientras que los estudiantes golpeados eran parte de un colectivo universitario que apoyaba al movimiento en defensa del río de Los Pescados, el cual también es objeto de un megaproyecto hidráulico.

Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la opinión pública nacional y en particular a la comunidad científica, para que estemos muy atentos a lo que está ocurriendo en Veracruz.

Veracruz se ha convertido en un enclave autoritario donde la libertad de expresión es una actividad de alto riesgo, baste recordar que del año 2000 a la fecha van 88 periodistas asesinados. cuando la quiebra de las finanzas públicas pone en evidencia la opacidad y la  enorme corrupción que impera en el gobierno del estado, y cuando la posibilidad de que surja una oposición democrática pone en riesgo la impunidad que hasta ahora prevalece, la libertad de expresión está en peligro y la participación ciudadana es amedrentada por los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares.

Es absolutamente indispensable, además, que el estado mexicano garantice el desempeño del trabajo de los periodistas, de los activistas sociales y medioambientales, de los estudiantes y de los ciudadanos en general. Basta de agredir a los movimientos ciudadanos y estudiantiles que defienden su territorio y exigen respeto a las garantías individuales y la libertad de expresión a los medios de comunicación y seguridad a los periodistas en su labor informativa.

Para cualquier comentario, sugerencia, opinión y aclaración al correo electrónico: robertopelo66@gmail.com y al teléfono celular: 921 172 7002.