La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al amparo de las siguientes

Consideraciones

Al sur de Veracruz se encuentran Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, cuya historia en las últimas décadas del siglo pasado está vinculada con el auge de la industria petroquímica, que trajo grandes beneficios a todo el país. La entrada en operaciones del complejo Pajaritos, en 1967, y la construcción de los complejos La Cangrejera (1980) y posteriormente el Morelos (1988) fueron detonantes de la economía regional y nacional.

Con el aumento de las actividades económicas en estas ciudades vino también un incremento importante en la población que las habitan y con ello los problemas que conlleva la continúa urbanización, por ejemplo, el abasto del agua se volvió un asunto crítico.

Los pozos que abastecían el agua a Coatzacoalcos resultaban insuficientes, frecuentemente se contaminaban con las aguas pluviales, la continua deforestación impedía la recarga natural por los terrenos arenosos, ocasionando que algunos de los excedentes fueran vertidos al río Coatzacoalcos o al Golfo; otras más comenzaron a correr por encima de las calles y se desalojaban por donde encontraran su curso según los desniveles del terreno, contaminando las norias que todavía en la década de 1980 estuvieron enclavadas en el vivero municipal.

En una circunstancia semejante se encontraba Minatitlán, ya que al igual que la primera población, su abastecimiento de agua se encontraba en Canticas, perteneciente a Cosoleacaque, este último también ya presentaba problemas en el abasto del vital líquido.

De lo anterior resultó que a principios de la década de los ochentas en numerosas colonias de Coatzacoalcos y Minatitlán el vital líquido en ocasiones estaba ausente por más de dos semanas, lo que ocasiono movilizaciones sociales que consiguieron captar la atención de los respectivos gobiernos municipales y del estatal.

Para garantizar el abasto de agua a Minatitlán y Coatzacoalcos se explotaron varias opciones, entre ellas la construcción de la presa Yuribia, en lo que actualmente es Tatahuicapan, en la sierra de Santa Martha, cerca de manantiales, además en la región se tienen altas precipitaciones pluviales con escurrimientos, por lo que se supuso que el abasto del vital líquido sería ilimitado. De tal forma, la construcción de dicha presa fue la opción que ofrecía los gastos de extracción y distribución más bajos; además de permitir ampliar la red a más poblaciones.

Las obras de la presa y el tendido de los ductos comenzaron en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración que comprendía los 64 kilómetros de tubería de acero que transportan el agua, pero, desde el inicio de los trabajos, los conflictos con los habitantes de Tatahuicapan, ya que su opinión no atendida para realizar la obra, la presencia de los tubos en el manto acuífero fue considerada por los habitantes del lugar como un atentado contra las deidades y seres que ahí viven.

Tatahuicapan es una comunidad indígena con su muy respetable sistema de valores y creencias, en que la relación con los elementos naturales como agua, tierra, flora y fauna tienen un significado distinto al que le atribuye la cultura occidental y cabe señalar que por efectos de diversos tratados internacionales de los que México es parte, estas comunidades tienen derechos sobre los terrenos que tradicionalmente han ocupado y sobre los recursos naturales que en ellos se encuentran.

Además, los habitantes de la localidad de la sierra en donde se encuentra el agua viven en poblaciones con poca urbanización y múltiples carencias de servicios, ellos son en su mayoría indígenas y campesinos que sienten que el recurso hídrico es propiedad de su comunidad, no aceptan fácilmente que se lleven el preciado bien para uso de otros.

Ante la inconformidad por parte de los pobladores de Tatahuicapan para ceder su agua se les ofreció a cambio obras públicas que elevaran su bienestar, lo que resultó en un acuerdo entre autoridades estatales, municipales y representantes de los tatahuicapen?os.

Con la entrada en función de la presa y sus ductos los problemas de agua entubada en Coatzacoalcos y Minatitlán se redujeron para un noventa y cinco por ciento de los habitantes de estas ciudades; sin embargo, “El pacto fue cumplido por Tatahuicapan, pero no por Coatzacoalcos que dejo? obras inconclusas y solamente ha mandado eventualmente alguna máquina para aplanar una calle o abrir un nuevo drenaje” (Roca Guzmán, María Elena. Tradición y modernidad: conflictos y movilizaciones en Tatahuicapan de Juárez, 1984-2010, tesis para obtener el grado de doctorado en historia y estudios regionales, Universidad Veracruzana, 2013). Ello ha generado desde entonces conflictos en los que los tatahuicapen?os toman las instalaciones de la presa y dejan sin agua a Coatzacoalcos y amplias zonas de Minatitlán y Cosoleacaque.

A mediados del año pasado, esta situación se recrudeció, cuando pobladores de Tatahuicapan amenazaron evitar el suministro de agua si el gobierno estatal no daba los recursos para obras que se encuentran inconclusas desde hace varios años, como son el asfaltado de la vía Mezcalpan-Zapotitlán, los puentes Encinalillo y Pilapillo, entre otras. A esas fechas, el gobierno estatal y el de Coatzacoalcos ya habían pagado 2.5 millones de pesos, pero se requerían 17.5 millones más para concluir las obras pendientes.

Ante la falta de la entrega de dichos recursos económicos en noviembre los tatahuicapen?os rompieron una tubería de la presa Yuribia, posteriormente, en los primeros días del presente año habitantes de Tatahuicapan tomaron las instalaciones de la presa para cerrar las válvulas, volviendo a dejando sin agua a más de medio millón de personas. La situación prevaleció hasta el pasado domingo 8 de enero cuando, por mediación del gobernador, se pactó la apertura del sistema de agua, sin que se dieran a conocer los términos de la negociación.

En otro orden de ideas, se ha acusado a Morena de estar detrás de estos “embargos” del agua, lo cual es falso, pero más allá de esto creemos que es sano el que se den a conocer los acuerdos por medio de los cuales se restableció el abastos de agua, además de conminar al gobierno de Veracruz a cumplir con las obras públicas que se les han ofrecido a los tatahuicapen?os y los acuerdos que el actual

gobierno acordó para solucionar la confrontación que dejo sin el vital líquido amplias zonas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Con el cumplimiento de los acuerdos ganan todos, por una parte se combate el injusto atraso económico en que se encuentra la población de Tatahuicapan, y por la otra, se garantiza el suministro de agua a tres ciudades de gran relevancia estatal y nacional.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que haga públicos los acuerdos del pasado 8 de enero, entre el gobierno del referido estado y la comunidad de Tatahuicapan, que llevaron a restablecer el suministro de agua de la presa Yuribia. Asimismo, se dé cabal cumplimiento a los diversos acuerdos que el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave ha celebrado con el municipio Tatahuicapan y con la comunidad de este municipio, a fin de que se solucione el conflicto por el uso del agua de dicha presa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a que garantice el suministro de agua proveniente de la presa Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Tatahuicapan, en especial los referentes a las tierras que tradicionalmente han ocupado y los recursos naturales que en estas se encuentran, derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que México es país signatario.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2017.