Por Dominga Calles Alatorre/SFAS/Chetumal, Quintana Roo.- Mediante una medida cautelar, el Ombudsman Harley Sosa Guillén exhortó al Ayuntamiento de Othón  P.  Blanco a garantizar los servicios públicos municipales, en especial el de la recoja de basura.

Desde hace un par de días, se incrementa el malestar ciudadano por la falta de recoja de basura en la ciudad capital del estado, ante la protesta de empleados municipales que exigen el pago de su bono de fin de trienio -un millón y medio de pesos por el total de trabajadores de base-, más la retenciones salariales por prestamos y cuotas, así como el retroactivo desde enero a la fecha, lo que cierra la cifra en cinco millones de pesos que el ayuntamiento que preside Eduardo Espinoza Abuxapqui le debe a sus trabajadores.

Ante ello la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo inició la queja de oficio VG/OPB/332/09/2016 respecto a la configuración de  afectaciones a los derechos  colectivos de la población, por la prestación indebida de servicio público, así como por daño ecológico, ante la falta de recoja de basura.

De acuerdo con lo establecido en el marco normativo, en referencia a la “prestación indebida de servicio público”, todos los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. En tanto que el segundo hecho señalado como “daño ecológico” en la causa de la queja, se refiere a la posible alteración al medio ambiente por el cual se ocasiona daños al ecosistema, efectuada de manera dolosa o culposa a través de acciones u omisiones por parte de una autoridad o servidor público directamente.

La CDHQROO, estableció que “Independientemente de los problemas que enfrente en su recta final el Ayuntamiento con los trabajadores municipales, es obligación de las autoridades garantizar los servicios a la ciudadanía y que por ley le corresponda acatar. Ninguna omisión respecto de sus obligaciones con la ciudadanía puede estar justificada, por lo que se deben tomar todas las medidas a fin de restaurar los servicios públicos municipales que hayan sido suspendidos”

La Comisión fijó un plazo de 24 horas al Ayuntamiento para aceptar y cumplir esta medida cautelar ante esta emergencia sanitaria.