MILITARES AL PODER ¡AGUAS!
- Mientras a la tropa la matan de hambre, los altos mandos se dan vida de jeques
- Un peligro su intervención en asuntos electorales de cara al 2024
- En el presupuesto del 2024, tendrán un incremento del de 131.8%, mientras que los estados se quitarán recursos
- También la Marina hace su agosto, en colusión con funcionarios de Pemex, en la mismísima tierra de la 4T
- José Carlos Ramírez traiciona al PRI yucateco; le llegaron al precio ante el hambre de poder que tiene. ¡No pasará!, lo sentenciaron los morenistas
- Estalla escándalo de acoso sexual a trabajadoras en el Congreso de Quintana Roo
- Lili Campos hostiga con la policía a ciudadanos que denuncian su mal gobierno en Solidaridad
Septiembre, 2023.- El peso desproporcionado de los militares en México, es un desafío para la democracia. En nuestro país, la creciente influencia y participación de los militares en asuntos civiles ha genera preocupación. Aunque las fuerzas armadas juegan un papel esencial en la seguridad del país, su presencia en tareas que van más allá de su misión principal plantea interrogantes legítimas sobre el equilibrio de poder y la salud de la democracia mexicana.
En primer lugar, es importante señalar que las fuerzas armadas de México han recibido un trato preferencial en comparación con otras instituciones gubernamentales. El presupuesto asignado al sector militar ha aumentado de manera constante, mientras que otros sectores, como la educación y la salud, a menudo luchan por recibir la financiación adecuada. Esto plantea la pregunta de si se están asignando recursos de manera justa y eficiente en un país que enfrenta desafíos sociales y económicos significativos.
Además, la participación en proyectos de infraestructura civil es motivo de inquietud. La supervisión de aeropuertos, la dirección del Tren Maya y la gestión de puertos marítimos son tareas que históricamente han estado bajo el control de civiles. La militarización de estas áreas plantea preguntas sobre la competencia y la preparación de las fuerzas armadas para asumir responsabilidades que van más allá de su experiencia y capacitación. ¿Están los militares realmente calificados para tomar decisiones que afectan la infraestructura civil y el desarrollo económico del país?
Además, la relación entre los militares y el tráfico de drogas es un tema que ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo. Si bien es cierto que las fuerzas armadas han desempeñado un papel importante en la lucha contra el narcotráfico, también ha habido acusaciones de corrupción y colusión con los cárteles de la droga. Recordemos el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda (a) El Padrino, detenido en Estados Unidos y liberado después por ‘acuerdos’ entre ambos gobiernos.
Su pseudónimo mafioso reflejaba su posición en la cúspide de una pirámide que incluía las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el extremadamente violento cartel de drogas H2, según se asentó en el documento gringo.
El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cartel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales. También, de crímenes de narcotráfico más prosaicos: recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana dentro de Estados Unidos.
El creciente peso de los militares en México plantea cuestiones fundamentales sobre el equilibrio de poder en una democracia. Las instituciones civiles y democráticas deben ser las responsables de la toma de decisiones en áreas como la infraestructura y el presupuesto, y es esencial que haya una supervisión y rendición de cuentas adecuadas. Su influencia socava estos principios democráticos y crea un desequilibrio que podría tener consecuencias a largo plazo para la gobernabilidad del país.
Si bien la seguridad es una preocupación legítima en México, es importante que el gobierno y la sociedad civil cuestionen el alcance de la participación militar en asuntos civiles y busquen soluciones que equilibren la seguridad con la preservación de la democracia y la rendición de cuentas.
Por eso hay gran preocupación en algunos frentes, en el sentido de que los jefes militares puedan incidir en los próximos procesos electorales que se vivirán en el país. Tienen a su cargo la seguridad y todos saben cómo se las gastan al actuar en contra del pueblo noble y sabio, más no así con los ‘civiles armados’.
Los altos mandos militares quieren seguir mamando y gozando de las prebendas, como por ejemplo, como lo hizo el actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, que según denuncia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Alejandra Aguilar Solórzano, accionista de “Protective Materials Technology SA de CV”, empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, le vendió al general un departamento de 407 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México. Su valor, 9 millones de pesos sonantes y constantes. O los viajes que hizo su familia y hasta el perico al extranjero utilizando aviones militares.
La militarización excesiva de la vida pública podría socavar estos valores y el futuro de México de una democracia fuerte y sostenible.
RECORRIDO NACIONAL: Y el poder no solo es para los de la Sedena, sino también para los de la Marina, que también están haciendo su agosto y de las suyas en colusión con ‘amigos’, tal como ocurre en Tabasco, donde la Semar otorgó un contrato por 223 millones de pesos para la construcción de la unidad habitacional naval en Dos Bocas, a la empresa Idisa Ingeniería, cuyo dueño es José Fernando Montes de Oca Siliceo, actual directivo del área de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos… El contrato fue otorgado en 2022 y firmado por adjudicación directa por el Oficial Mayor de la Marina, César Carlos Preciado Velázquez. Contravino a chaleco el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias deberán abstenerse de adjudicar contratos a sociedades de las que formen parte servidores públicos. La obra en cuestión tiene retraso de medio año, no obstante por el ‘avance’ la Semar ya pagó más de 167 millones de pesos… Y NOS VAMOS HASTA YUCATÁN, donde el senador Jorge Carlos Ramírez Marín renunció y traicionó al PRI, pasándose al pepenador PVEM, donde, qué creen, ya lo hicieron aspirante rumbo a la gubernatura, en la alianza que tienen con Morena y el PT. Quiere llegar a quitarle el lugar que tienen ganado morenistas desde hace años. ¡No pasará!, el grito de los morenos de la blanca Mérida… Como respuesta, el presidente estatal del tricolor, Gaspar Quintal aseguró que no sólo traiciona al PRI, traiciona a quienes votaron por él. Lo conminó a qué si es un político congruente, renuncie a la senaduría que es del partido, en lugar de renunciar a su militancia… Por cierto, es de recordar que dice que se va con el PVEM para acabar con el cacicazgo del PAN, pero tal vez como no vive en la entidad, no se da por enterado que el “verde” le aprueba todo al gobierno… Lo terminaron comparando con la saga “Los Juegos del Hambre”, pues del otro lado le llegaron al precio… EN QUINTANA ROO, estalló el escándalo de las denuncias por acoso sexual y acoso laboral que venían realizando directivos de ese poder… Las denuncias no vienen de ahorita, pero la olla explotó y el presidente de la Jucopo, Humberto Aldana Navarro, no le quedó de otra que aceptar la situación y revelar que dos “trabajadores” fueron suspendidos…El tema es más grave de lo que se supone, ya que no sólo se trataría de acoso, sino también de tocamientos… Hasta el momento son alrededor de seis casos documentados y bajo investigación por temas de hostigamiento laboral, sexual y manoseo físico. Se señala a seis funcionarios implicados… Desde el año pasado, se vienen denunciando estos hechos. Una de las agrupaciones feministas, que encabeza Yunitzilin Rodríguez Pedraza, evidenció las anomalías, sin embargo, los agresores que los ubicaron en el Órgano Interno de Control no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa… Esa es la triste historia… Siguiendo en QRoo, resulta que la alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos resultó una fichita al final del día. No conforme con mantener al municipio hundido y con una galopante violencia, persigue con su policía corrupta a la ciudadanía que expone su mal gobierno. Tal es el caso de Lola Sofía Cruz Martínez, quien tuvo que presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal y Tribunal Electoral en contra de la presidenta municipal, así como también de colaboradores y proveedores de servicios mediáticos del Ayuntamiento… La joven ha recibido amenazas, sufre de acoso con patrullas vigilando la casa de su madre, etc. Así se las gasta la panista-perredista del municipio que gobierno y donde la violencia es de todos los días…