• ¿Qué hacía el hijo de Nicolás Maduro en una fiesta privada y organizada por Luis Abella en Veracruz?; por cierto, el DJ que animó fue Claudio Yarto de Caló
• El dueño del Grupo Trabal debería ser investigado por la UIF y la DEA por posible dinero venezolano en su empresa
• ¿Erik Planter, gerente de Grupo Orsan, relacionado en huachicol y el grupo criminal?, ¿además de Jorge Velázquez de grúas Gavsa?
• El puente entre esta organización y el de la Jucopo, era “El Mamado»
• Entremés de una trama mayor: negocios, combustible y poder
Por Isaac Mendiola/SFAS/Ciudad de México, 5 de enero del 2025.-En el sureste de México comienza a dibujarse un entramado empresarial y político que amerita una revisión profunda por parte de las autoridades financieras y de procuración de justicia. Diversas fuentes anónimas, así como testimonios ya en poder de la FGR, apuntan a posibles nexos entre el grupo criminal conocido como “La Barredora”, el Grupo Orsan y el empresario Luis Abella, propietario de Grupo Trabal.
La investigación abre una pregunta que, por sí sola, resulta inquietante:
¿Qué hacía el hijo de Nicolás Maduro en una fiesta privada organizada por Luis Abella?
Un evento social que no pasó desapercibido, no solo por la presencia del hijo del mandatario venezolano, sino porque el ambiente fue animado como DJ por Claudio Yarto, integrante del grupo de rap mexicano Caló, con quien incluso existen registros fotográficos.
Más allá del carácter social del encuentro, fuentes reservadas señalan que recursos de origen venezolano -dinero público- podrían estar invertidos en empresas mexicanas, específicamente en Grupo Trabal. De ser cierto, el tema debería llamar la atención inmediata de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), particularmente para revisar transferencias internacionales, triangulación de recursos y posibles esquemas de lavado de dinero.
COMBUSTIBLE, FLOTILLAS Y HUACHICOL
Otro eje delicado de esta investigación gira en torno al combustible robado. Testimonios que ya obran en manos de la FGR -incluidos los aportados por Ulises, en su calidad de testigo protegido- mencionan nombres y empresas que presuntamente participaron en la compra, traslado y reventa de huachicol.
Entre los señalados aparece Jorge Velázquez, de Grúas Gavsa, así como un gerente de Grupo Orsan, identificado como Erik Planter Ávalos, quien -según dichas versiones- habría comprado combustible robado a nombre de la empresa en cuestión para después revenderlo sin factura y con pagos en efectivo. Clientes regionales, como los Espadas de Teapa, también surgen en este circuito informal.
Estas prácticas, de comprobarse, no solo comprometerían a individuos, sino que “contaminarían” la operación de empresas completas, incluyendo a Ecnorsa, firma encargada de almacenar y distribuir combustible en el sureste del país.
CONTRATOS PÚBLICOS BAJO LA LUPA
La sospecha se vuelve más espesa al revisar los contratos de suministro de combustible otorgados durante la administración de Adán Augusto López. La pregunta es inevitable:
¿Se trató de un esquema donde el mismo grupo vende el combustible y luego lo recompra al Estado a menor precio, a cambio de contratos y favores?
Sin afirmar conclusiones, el patrón descrito por diversas fuentes sugiere la necesidad de una auditoría integral: contratos, precios, volúmenes, proveedores reales y origen del combustible.
UN ENTREMÉS NO EL BANQUETE
Esto no es un veredicto. Es apenas un entremés informativo, una primera capa de una historia más amplia que exige tiempo, documentos, cruces financieros y voluntad institucional.
Los nombres están sobre la mesa. Las preguntas también.
Ahora corresponde a la UIF, a la FGR y a los órganos de fiscalización hacer lo que el periodismo no puede: seguir el rastro del dinero y del combustible hasta sus últimas consecuencias.
Porque cuando el poder, el negocio y la opacidad se sientan a la misma mesa, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad.
