- Señalan a funcionarios de la Refinería en Dos Bocas, la Terminal Marítima Dos Bocas y el Complejo Petroquímico Pajaritos de permitir la acumulación de residuos y lucrar con materiales que comprometen la seguridad de instalaciones estratégicas
Por Lino Zentella/SFAS/Villahermosa, Tabasco.- Lo que comenzó como un problema de acumulación de chatarra y residuos industriales en instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, hoy se ha convertido en un escándalo que apunta hacia una red de funcionarios que estaría obteniendo beneficios millonarios a costa de la seguridad de trabajadores, instalaciones petroleras y comunidades vecinas. Las denuncias involucran a mandos de la Refinería Olmeca, en Paraíso; la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) y el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Veracruz.
De acuerdo con trabajadores, el origen del problema se encuentra en la Gerencia de Administración Patrimonial de Pemex, encabezada por Ahydé Valderrabano Hernández, dependencia que tiene bajo su responsabilidad el control y destino de bienes y materiales dentro de la empresa. Sin embargo, aseguran que en las regiones operan grupos que responden más a intereses particulares que a las necesidades de la petrolera nacional, permitiendo que enormes cantidades de chatarra permanezcan almacenadas durante meses e incluso años.
▶BOMBA DE TIEMPO
La situación más delicada se registra en la Refinería Olmeca, donde montañas de fierro, tuberías, residuos industriales y materiales en desuso permanecen acumulados a escasos metros de la Planta de Alquilación y del Almacén de Coque, dos áreas consideradas estratégicas para la operación del complejo. Trabajadores advierten que la presencia de materiales inflamables, sumada a las altas temperaturas y a los trabajos cotidianos de mantenimiento, convierten a la zona en una auténtica bomba de tiempo.
Las acusaciones señalan directamente al gerente de la Refinería Olmeca, Roberto Andrés Mezquita Macías; a Yunuem Carrasco Mendoza, identificado por trabajadores como uno de los funcionarios que permanecieron en la estructura de mando desde la construcción de la refinería; así como al exgerente Julio César Aguilar Benítez. Según los denunciantes, lejos de impulsar la limpieza de las áreas de riesgo, los responsables han permitido que la chatarra continúe acumulándose, alimentando sospechas sobre un presunto negocio relacionado con la extracción y comercialización de materiales.
La sospecha crece porque, mientras las empresas contratadas para retirar residuos enfrentan una larga lista de requisitos y restricciones para ingresar a las instalaciones, camiones cargados con chatarra presuntamente abandonan la refinería sin mayores contratiempos. Los trabajadores cuestionan cómo pueden movilizarse toneladas de materiales atravesando filtros de seguridad sin que existan reportes oficiales de robo, denuncias penales o investigaciones internas que expliquen el destino de esos bienes.
A la par, el superintendente Carlos Salinas Soto ha manifestado en diversas ocasiones, según refieren trabajadores, el enorme riesgo que representa mantener acumulaciones de basura y chatarra cerca de instalaciones críticas. Sin embargo, afirman que dichas advertencias no han sido atendidas y que incluso Jesús Andrés Ledesma, colaborador cercano de la gerencia, habría obstaculizado el ingreso de unidades autorizadas para retirar materiales, permitiendo que el problema continúe creciendo.
El mismo patrón se estaría repitiendo en la Terminal Marítima Dos Bocas. Ahí, el patio 5013 se encuentra saturado de desechos y materiales provenientes de distintas instalaciones marítimas de Pemex. Trabajadores señalan que las montañas de chatarra se han convertido en una constante, pese a la existencia de contratos destinados a su retiro. Incluso mencionan el nombre de la empresa JRG Comercial, sobre la que existen cuestionamientos respecto al manejo y destino final de los materiales recolectados.
Las denuncias también alcanzan al Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde el coordinador regional sur del área patrimonial, Gerardo Giombini Estrada, es señalado de frenar trabajos de limpieza para evitar el retiro de materiales acumulados. De acuerdo con las versiones recabadas, incluso se habrían utilizado gestiones ante autoridades laborales para detener labores de saneamiento, manteniendo en las instalaciones toneladas de chatarra que representan riesgos operativos y ambientales.
Lo más grave, sostienen los denunciantes, es que buena parte de la chatarra acumulada en estos activos petroleros ya no pertenecería legalmente a Pemex, pues habría sido comercializada previamente. De confirmarse esta versión, el caso podría escalar de una simple negligencia administrativa a un presunto esquema de corrupción con implicaciones patrimoniales para el Estado mexicano. Por ello, trabajadores exigen que las autoridades federales investiguen a toda la cadena de mando, desde oficinas centrales en la Ciudad de México hasta los responsables operativos en Tabasco y Veracruz, antes de que una tragedia obligue a actuar.
