- Una corte internacional pretende presentar cargos criminales contra la gobernadora de Baja California y detenerla por nexos con cárteles
Por Isaac Mendiola/SFAS/Ciudad de México.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta un nuevo episodio de presión política luego de la difusión de un segundo audio atribuido a ella, en el que manifiesta su disposición de colaborar con el FBI proporcionando información derivada de las mesas de seguridad del estado, en un contexto de supuestas investigaciones abiertas en Estados Unidos.
En el material difundido, un supuesto intermediario advierte a la mandataria sobre la posibilidad de cargos y sanciones impulsados por autoridades estadounidenses, mientras ella expresa su disposición de «hablar de todo» con el objetivo de encontrar una salida legal a su situación.
El nuevo audio se suma al revelado en junio pasado, cuya autenticidad fue reconocida por la propia Marina del Pilar, buscando acuerdos clandestinos con autoridades de Estados Unidos. La gobernadora sostuvo entonces que únicamente inició gestiones legales para intentar recuperar la visa estadounidense que le fue revocada.
Según ha trascendido se dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaría por integrar la investigación formal, así como una orden de extradición o cargos penales contra la mandataria bajacaliforniana.
La difusión del segundo audio provocó reacciones inmediatas de la oposición. Exigieron que Marina del Pilar solicite licencia al cargo mientras se esclarecen los señalamientos, al considerar que el caso trasciende la cancelación de una visa y plantea posibles implicaciones para la seguridad nacional y la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
La polémica estalla además en un momento de creciente tensión entre ambos países por investigaciones relacionadas con organizaciones del narcotráfico y por el caso de Ismael «El Mayo» Zambada, en el que el gobierno mexicano ha solicitado explicaciones al FBI sobre su presunta participación en operaciones realizadas en territorio nacional. Mientras tanto, el caso de Marina del Pilar continúa alimentando la exigencia de que las autoridades competentes aclaren si existen o no procedimientos judiciales abiertos en su contra.
