- El enfermo de poder se perpetua en el gobierno mientras acusa a la oposición de querer llegar a la presidencia para robarse los recursos
- Especialistas internacionales coinciden en que el nicaragüense debe ser juzgado en una corte internacional
Por Agencias SFAS/Nicaragua.- El dictador de izquierda Daniel Ortega confirmó lo que durante años denunciaron la oposición, organismos internacionales y defensores de derechos humanos: en Nicaragua ya no habrá democracia. Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el gobernante de 80 años anunció que «aquí no volverán a haber elecciones», poniendo fin de manera explícita a cualquier pretensión de que el país continúe siendo un Estado democrático.
Ortega, quien gobierna desde 2007 y comparte el poder con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, justificó su decisión acusando a la oposición de pretender ganar la Presidencia para apropiarse de los recursos públicos. Además, adelantó que impulsará nuevas leyes para impedir que los partidos opositores vuelvan a competir por el poder, al tiempo que calificó a sus adversarios de «golpistas», «vendepatrias» y grupos financiados por Estados Unidos.
UTILIZA LA REPRESIÓN
El movimiento opositor Renacer respondió que las declaraciones representan la confesión pública de un régimen que dejó de fingir la existencia de competencia política. «El régimen deja de gobernar por el consentimiento de los ciudadanos y confirma que se sostiene únicamente mediante la fuerza», señaló desde el exilio. El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado antes de las elecciones de 2021 y posteriormente desterrado, afirmó que «la máscara de legalidad finalmente se cayó» y sostuvo que mientras Ortega controle el Estado será imposible la celebración de elecciones libres y auténticas.
Desde las protestas sociales de 2018, el gobierno de Ortega endureció su control sobre Nicaragua. De acuerdo con organismos de derechos humanos y diversas investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el régimen ha sido señalado por la represión de manifestaciones, el uso letal de la fuerza contra civiles, detenciones arbitrarias, encarcelamiento de aspirantes presidenciales, persecución de periodistas, sacerdotes, empresarios, estudiantes, defensores de derechos humanos y opositores políticos, además del cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones civiles, así como el retiro de la nacionalidad a cientos de críticos del gobierno.
La comunidad internacional también ha cuestionado reiteradamente la legitimidad de los procesos electorales organizados por el oficialismo. Estados Unidos, la Unión Europea y diversos organismos internacionales calificaron como una farsa las elecciones generales de 2021, luego de que el régimen encarcelara a los principales aspirantes presidenciales, cancelara partidos políticos y eliminara cualquier posibilidad de competencia real antes de declarar a Ortega vencedor con el 76 por ciento de los votos. Ahora, con su anuncio de que no volverán a celebrarse elecciones, el mandatario elimina incluso esa apariencia de legalidad.
Mientras el régimen concentra cada vez más poder en una sola familia, Nicaragua continúa enfrentando una profunda crisis política, económica y social que ha obligado a cientos de miles de ciudadanos a abandonar el país. Es una de las naciones centroamericanas con mayor expulsión de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, muchos de los cuales atraviesan Guatemala y México en condiciones de extrema vulnerabilidad, escapando de la falta de libertades, la persecución política y el deterioro de las condiciones de vida.
JUICIO INTERNACIONAL
La decisión de Daniel Ortega profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y fortalece las voces que demandan que el mandatario y los integrantes de su régimen respondan ante la justicia internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
