- Aunque seguramente nadie esperaba lo contrario, la gobernadora Verde, Mara Lezama, terminó por encubrir a su hermana Verónica Lezama, así como a Elda Xix Euán de la SEQ y a la madre de la alcaldesa de Othón P. Blanco en el escándalo del programa de “Desayunos Escolares” con denuncias por desvíos en más de 60 planteles de OPB
- Evitó deliberadamente auditorías rigurosas o abrir carpetas de investigación a órganos de fiscalización y amplió la asignación de licitaciones millonarias a proveedores de esos alimentos
Por Luis Cabaña Basulto/SFAS/ Quintana Roo.- Como era de esperarse, la gobernadora Verde, Mara Lezama, jugó el papel de omisa protectora, contención mediática y validación institucional en el sonado escándalo del programa de Desayunos Escolares, ya que, pese a que afecta directamente a sectores más vulnerables de Quintana Roo, su postura política es una estrategia clara de blindar el caso: Protege su red familiar.
Lo más cuestionado de la mandataria sobre los implicados es la protección directa a la presidente “honoraria” del DIF-Estatal, su hermana Verónica Lezama, por lo que comités de padres e investigaciones independientes apuntan a que evitó deliberadamente a órganos de fiscalización abrir auditorías rigurosas o carpetas de investigación, permitiendo seguir la asignación de licitaciones millonarias a proveedores de alimentos con sospecha.
Lo cierto es que Mara Lezama intenta cambiar la narrativa del conflicto con agresiva estrategia de relaciones públicas, pues, mientras las comunidades denuncian desvíos en más de 60 planteles de OPB, convoca a actos y conferencias para presumir millonarias inversiones en desayunadores con el lema “dinero del pueblo que regresa al pueblo”, con lo que valida el programa y trata las irregularidades como “casos aislados” ajenos a su gobierno.
Bajo su mandato, la Fiscalía Especializada en “Combate” a la Corrupción y la Contraloría estatal mantienen brazos caídos con el caso, por lo que colectivos ciudadanos acusan línea directa del Ejecutivo para “congelar” las denuncias, evitando a las investigaciones escalar a directivos de la SEQ, como Elda Xix Euán, otra implicada, o a empresas beneficiadas con contratos de abasto alimentario.
Mara Lezama no sólo ha sido omisa ante el mercado “negro” de la leche y cereales en escuelas, sino que dio visto bueno a la ampliación de contratos y techos presupuestales a las mismas empresas operadoras señaladas de entregar paquetes alimentarios incompletos o con sobreprecios.
En resumen, la gobernadora actúa como principal escudo político del programa priorizando blindar su imagen y la de su familia por encima de las demandas de transparencia exigidas por padres y docentes de Quintana Roo.
Así, el estatus del caso de las irregularidades en Desayunos Escolares se encuentra bajo fuerte presión mediática y exigencias ciudadanas de investigación por denuncias públicas de comités de padres de familia y docentes, que insisten en que una red de omisiones y complicidad permitió comercializar ilegalmente insumos gratuitos.
A nivel formal, las instituciones intentaron desmarcarse o contener reclamos, mientras los órganos de fiscalización revisan esquemas de distribución del Programa de Alimentación Escolar.
Sobre la situación de implicados e instituciones, Verónica Lezama es señalada directamente por los padres de familia por falta de supervisión contundente ante las irregularidades en la distribución de insumos y, a pesar de reclamos por opacidad, su postura oficial se limitó a promocionar cifras de beneficiarios y transición de desayunos fríos a calientes.
Por su lado, en la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), aunque Elda Xix firmó un convenio regulatorio con el DIF para cogestionar el programa, la percepción ciudadana apunta a que actuó con permisividad, y se le acusa de “lavarse las manos” y no intervenir con firmeza jurídica ni sanciones administrativas contra directivos escolares que lucraron discretamente con los alimentos.
En el DIF-Othón P. Blanco, su titular, también “honoraria”, Idalid Hernández Méndez, madre de la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández, es foco del escándalo en el municipio, pues afectó a más de 60 planteles de preescolar y primaria, que acusaron formalmente desvío y venta ilegal de alimentos de soporte nutricional que debían ser 100% gratuitos.
Auditorías internas y supervisiones de comités escolares detectaron que los insumos -como cajas de leche y cereales integrales- terminaban en comercio privado o tienditas escolares, y aunque existen denuncias formales repetidas de afectados, hasta hoy las autoridades no procesan penalmente a funcionarios de alto nivel ni modifican reglas operativas de asignación presupuestal.
Lamentablemente, no hubo castigos, destituciones ni sanciones penales para los funcionarios de alto nivel involucrados en el caso de los desayunos. Hasta hoy, el estatus legal y administrativo del caso se define por la impunidad institucional y la simulación de procesos.
Verónica Lezama no recibió ni alguna amonestación ni se abrieron carpetas de investigación penal en su contra. Las denuncias apuntan a que su cercanía con el poder estatal como hermana de Mara Lezama, frenó cualquier tipo de fiscalización real, y el DIF-Estatal continúa con licitaciones millonarias sin contratiempos.
En la Secretaría de Educación, la cúpula que encabeza Elda Xix, permanece intacta, al igual que su innegable campaña a la presidencia municipal de OPB, ya que no existen procedimientos de inhabilitación ni remoción de cargos para directivos de la dependencia por este caso.
Así las cosas, la Fiscalía Especializada en “Combate a la Corrupción” de Quintana Roo es duramente cuestionada por comités civiles y reportes locales por negarse a investigar a fondo y congelar las indagatorias relacionadas con desvíos patrimoniales y redes operativas en el DIF.
EN este sentido, en lugar de ir contra las cabezas del programa, las represalias y presiones se han concentrado en la base operativa, con señalamientos a comités locales, ya que las autoridades han intentado trasladar la culpa a los comités de padres de familia y a los directores de escuelas individuales.
A diferencia de otros fraudes alimentarios federales -como las multas históricas aplicadas en el caso Segalmex-, en Quintana Roo no se ordenó restituir ni un sólo peso del desvío de los desayunos. Las investigaciones se limitan a “revisiones de escritorio”, donde las dependencias solventan observaciones con entrega de firmas y estadísticas, ignorando la venta real de leche y cereales en el mercado informal.
Sin embargo, el “castigo” ciudadano contra las autoridades omisas ante el desvío en los desayunos no se limitará al voto en las urnas, sino que se está articulando a través de mecanismos de resistencia civil, presión legal y denuncia pública activa.
Dado que las vías institucionales tradicionales y Fiscalía “Anticorrupción” congelaron el caso, las comunidades afectadas comenzaron a aplicar medidas de castigo social y legal, entre ellas boicot y fiscalización directa en los planteles
A través de Comités de Vigilancia Paralelos, los padres están retirando la confianza de las directivas escolares alineadas con la SEQ, y organizan comisiones ciudadanas autónomas para auditar físicamente la llegada de cada caja de leche y de cereal.
Como evidencia digital obligatoria para contrarrestar las “auditorías de papel” de gobierno, publican fotos y bitácoras diarias en redes sociales comunitarias, con lo que exhiben públicamente a las escuelas que se quedan sin insumos y cuáles reciben productos incompletos.
Respecto al costo político regional, aunque funcionarios de alto nivel confían en su estructura, los colectivos ciudadanos de Chetumal y comunidades rurales promueven activamente el voto de “castigo” contra Morena y aliados de cara a los próximos procesos de elección en Quintana Roo.
Como desgaste de esa imagen, el activismo local utiliza la frase “con los niños no” para recordarle a los votantes el silencio de la presidenta del DIF-Estatal y las autoridades educativas, afectando los niveles de aprobación del gobierno estatal en los sectores más vulnerables.
Otra actividad es el activismo jurídico y amparos colectivos como litigio estratégico, siguiendo precedentes exitosos en otras entidades donde la justicia federal obligó a gobiernos a restituir alimentos, por lo que asociaciones de padres preparan juicios de amparo, con lo que buscan que un juez federal ordene directamente el abasto oportuno y transparente, saltándose la simulación de dependencias locales y exponiendo judicialmente la omisión del Estado.
Asimismo, en frenos a la narrativa oficial, cada vez que el DIF-Estatal u otras autoridades publican eventos de “entrega de apoyos” o inauguración de comedores, los ciudadanos inundan canales oficiales y medios locales con las denuncias de las más de 60 escuelas afectadas en Othón P. Blanco, rompiendo el cerco mediático de gobierno.
¿Tendrán éxito sus castigos? No lo sabemos, pero lo cierto es que están demostrando que se puede hacer algo contra la corrupción en el gobierno.
