Por Isaac Mendiola Z./Tuxtla Gutiérrez, Chis.- En menos de dos semanas, el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, detenido por el gobierno represor de Chiapas, dio un vuelco de 360 grados ante la presión de la comunidad médica y sociedad en general que ha demandado a nivel nacional e internacional justicia para el galeno.
En confabulación, los tres poderes del Estado, se prestaron a la canallada más grande la historia de Chiapas: Iniciar una carpeta de investigación porque el líder del partido comparsa Mover Chiapas, no pudo salvarse del Covid –lo internaron cuando la enfermedad estaba avanzada-, y a su hija se le hizo fácil echarle la culpa al médico en mención y tras el favor pedido, se concretó el abuso de poder.
Tras el visto bueno del gobernador Rutilio Escandón, quien es un malagradecido porque Grajales Yuca logró salvar la vida de su madre enferma del Covid, la Fiscalía y el Poder Judicial operaron de manera inmediata para meter a la cárcel al doctor, a quien el juez Carlos Inocencio Morales Urbina lo consideró “un peligro para la sociedad”, por lo que fue enviado al penal El Canelo, en Chiapa de Corzo.
Posteriormente fue liberado y su proceso lo seguiría en casa; y este día que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Gobernación abordaría directamente el caso, un juez del Poder Judicial de Chiapas determina cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria a libertad con firma periódica cada 15 días.
Asimismo, sorpresivamente la Fiscalía General del Estado abrió una nueva carpeta de investigación, es decir, tratan por todos los medios de resarcir su canallada. Sin embargo la parte afectada, en este caso, el doctor exige castigo para quienes cometieron este atropello.