Periodistas, ¡ahora contra los jueces!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque Quintana Roo implementará formalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio hasta el próximo 29 de febrero, todo hace suponer que, dados los últimos antecedentes, éste seguirá dando mucho de qué hablar antes y después de esa fecha, entre otros, es triste reconocerlo, por el cuestionable papel de los representantes de algunos medios de comunicación.
Faltos de conocimiento de lo más elemental del nuevo sistema -para no llamarles ignorantes, en el buen sentido de la palabra-, los periodistas, lejos de cumplir su encomienda de orientar a la gente, no sólo se han encargado de hacer exactamente lo contrario, sino también de agredir pública e injustamente a los órganos encargados de impartir justicia, independientemente de sus nombres.
En el caso que hoy nos ocupa se trata del juez de primera instancia, Manuel David Montoya Absalón, a quien vilipendiaron impunemente, sobre todo a través de las redes sociales, tras la escandalosa liberación de un par de asaltantes que, armados, despojaron de 124 mil 208 pesos a un anciano en los alrededores de una sucursal bancaria chetumaleña.
Las críticas también alcanzaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero, sobre quien pidieron su opinión porque “al menos el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) parece estar hecho a la medida de los delincuentes”.
Desorientados y mal documentados, los reporteros, que lejos de limitarse a informar asumieron el papel de editorialistas, hicieron lo propio con sus lectores que, salvo algunas excepciones profesionales, se lanzaron a la yugular de los funcionarios, entre ellos uno que dijo que Montoya Absalón “ha de ser alumno avanzado de don Daniel Farah y de don Alex Buenfil”, en referencia a los también jueces Alex Buenfil Ayala y Daniel Farah Godoy.
Otro más, ignorante de que la justicia no se imparte en función de obviedades, sino de formalidades de procedimiento y de leyes, preguntaba ¿Qué calidad de jueces hay en el estado si con algo tan OBVIO dejan libre a quien trasgrede las leyes?
Con el título de “¡Justicia Corrupta en Chetumal!, uno de los reporteros escribió que “en un hecho insólito, Juez deja en libertad a los presuntos asaltantes de los 100 mil pesos, que protagonizaron una persecución policiaca y balacera en el fraccionamiento Caribe. Los agentes policiales que arriesgaron sus vidas para capturarlos aquí les dio su premio el Tribunal Superior de Justicia del Estado”
Abundó que “hace unos momentos, El Juez Penal Oral, Manuel David Montoya Absalón, dio el auto de formal libertad a Carlos Manuel Paz Barragán y a Oliver De la Rosa G., ya que no encontró pruebas suficientes para vincularlos a proceso”.
Lo más curioso del caso es que JAMAS dijo que ambas personas habían sido detenidas nuevamente en función de una orden de aprehensión y que su liberación había sido perfectamente legal, estrictamente apegada a Derecho y que el juez se negó a vincularlos a proceso por deficiencias en la integración del expediente por parte ¡del Ministerio Público!, del que ni siquiera hicieron referencia en la “información”.
El caso tuvo lugar en la sala 3 de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia, donde, según el expediente, la policía señaló haberlos detenido luego de una persecución y un intercambio de balazos por avenidas de la ciudad.
Otro reportero escribió que “el nuevo sistema penal acusatorio mostró en esta ocasión sus puntos débiles, pues el Juez de Control se mostró laxo ante lo que todo apunta que son miembros de una peligrosa banda de asaltantes por sus antecedentes, y afirmó que no había un señalamiento directo contra los dos sujetos, porque su detención derivó de un operativo iniciado a raíz de una llamada anónima al número de emergencias 066, lo cual quita efectividad a la reacción de las corporaciones ante los llamados de auxilio que realiza la ciudadanía”.
Y es que, en efecto, a uno de los presuntos delincuentes tenía 74 mil 726 pesos en fajos de billetes de diversas denominaciones, lo que, según la nota “no importó al Juez de Control”, como supuestamente tampoco los videos de cámaras de vigilancia de la avenida Héroes con Lázaro Cárdenas, donde aparecen los dos sujetos en una moto cuando inicia la persecución”.
Aparentemente perseguidos hasta el fraccionamiento Caribe, donde huyeron en dos motocicletas -en una roja escaparon otros dos-, Paz Barragán resultó herido tras supuesto un intercambio de balazos, por lo que llegó al juzgado en una ambulancia, custodiado por policías municipales y, según la “información”, aún convalece en el Hospital General por la herida”.
No lo dice la nota, pero un abogado particular se ofreció a asesorarlos, pero los imputados optaron por un defensor de oficio que se les asignó, por lo que el fiscal entregó a éste una carpeta de investigación de más de 160 hojas, aunque tras un receso de dos horas y media y un debate, Montoya Absalón determinó inválida la detención por falta de testigos contra los imputados y del algún registro de la llamada al número 066.
El reportero la calificó como “controvertida decisión, seguramente ignorante de los requisitos de ley para cualquier detención, en el entendido de que ésta sólo es posible a través de una orden de aprehensión o en flagrancia, la primera de las cuales ocurrió tras contar el juez con los elementos necesarios, mientras que el segundo caso no se configuró ¿Dónde está la controversia?
Lo que SI existió fue una manifiesta incapacidad del siempre cuestionable Ministerio Público por demostrar su ilógico desconocimiento del proceso, al grado tal que, imagínese Usted, ni siquiera pudo lograr presentar al asaltado, Faustino C.T., de 61 años de edad, quien es oriundo de Tihosuco, al parecer con el socorrido pretexto “por motivos de salud”.
Actualmente, director jurídico de la Comuna de OPB, José Antonio Barón Aguilar, escribió que, “no obstante la capacitación de los Ministerios Públicos y jueces, no han sido suficientes, lo que origina deficientes integraciones de las carpetas de investigación, y ni que decir de la actualización de los litigantes que, ante la falta de cursos y posgrados, son pocos los que han entrado de lleno al estudio de la materia”.
En este sentido, opinó que “es necesaria una reflexión a fondo por parte de los actores jurídicos de las fallas del sistema y proponer adecuaciones que la hagan eficaz y eficiente para la sociedad” y sugirió hacer lo propio “y hagamos la tarea en conjunción con las Barras y Colegios de Abogados, a las cuales convoco a actuar de inmediato”.
Poco después de que el profesionista opinara sobre el asalto, cuyos pormenores desconocía al igual que la mayoría de quienes se pronunciaron, el presidente del Colegio de Abogados Quintanarroenses, Raúl Ojeda González, explicó que “el juez los liberó por defectos de la detención, los liberaron pero al momento de salir los volvieron a detener con orden de aprehensión”.
En torno al linchamiento de Montoya Absalón, expresó que “ustedes hablan mal del juez, pero éste le compuso el dato al Ministerio Público, pero al liberarlos el fiscal pidió orden de aprehensión bien acreditada, y ya”.
Ahora bien, si dijimos al principio que el nuevo sistema seguiría dando mucho de qué hablar antes y después del 29 de febrero del 2016, no sólo será por el papel de los medios de comunicación, sino también por la deficiente capacitación de las policías y de otro de los principales actores, el Ministerio Público, cuyos traspiés son pan de cada día, aunque ello será objeto de nueva columna.