Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades a vigilar el cumplimiento de las obligaciones que Veracruz tiene con sus pensionados y jubilados, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue la agresión contra jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con pleno respeto a su soberanía, a que vigile el cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad con sus pensionados y jubilados; a la Auditoría Superior de la Federación a que audite las operaciones financieras del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de Javier Duarte de Ochoa, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer el detalle de la información de la deuda reportada por el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
En un hecho que refleja nuevamente la incapacidad y el carácter represivo del gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte, el miércoles 23 de diciembre la fuerza pública de esa entidad agredió la manifestación de pensionados y jubilados, la mayoría de la tercera edad, que demandaban la realización de los pagos atrasados. Esta era una más de las manifestaciones que venían realizando por el retraso en sus pagos.
Y se llevó a cabo porque el gobierno no cumplió el compromiso alcanzado el 10 de diciembre, cuando un grupo de pensionados afiliados al Instituto de Pensiones del estado (IPE), se manifestó frente a palacio de gobierno. En esa ocasión habían logrado el acuerdo con funcionarios representantes del gobierno estatal, que se comprometían a cumplir con la Ley y les reconocían los adeudos pendientes, estableciéndose un plan de pagos, por el cual el gobierno del estado pagaría los adeudos los días lunes 14 y martes 15 de diciembre, en tanto que el aguinaldo al que tienen derecho y la pensión de diciembre se pagaría del 18 al 23 de diciembre.1
Sin embargo, como el gobierno no cumplió con los pagos correspondientes, porque los cheques que les entregaron no tenían fondos y no pudieron ser cobrados o porque no se realizaron los depósitos para quienes cobran mediante tarjeta de nómina, el viernes 18 de diciembre los pensionados volvieron a salir a la calle a manifestarse. Esa movilización se repitió en el transcurso de los siguientes días.
Es más, el 22 de diciembre, el mismo secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, firmó un acuerdo en el que se comprometió a que ese mismo día 22, quedarían cubiertos las obligaciones de pago correspondientes a pensión y aguinaldo.
Ese ofrecimiento no se concretó y fue así que se llegó al quinto día de manifestaciones. El miércoles 23 de diciembre fue cuando se puso en marcha la represión, en la que policías agredieron y empujaron con bastones eléctricos a los manifestantes que estaban en la calle Enríquez, en el centro de Xalapa. También fueron agredidos periodistas, reporteros y fotógrafos, en un hecho más que, trascendió, será atraído para ser investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.2
De acuerdo con información periodística, la CNDH solicitará información con el propósito de integrar el expediente de queja y, en su momento, emitirá el pronunciamiento correspondiente, reiterando que la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos en una sociedad democrática implican un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanos, en el que la actuación de todos debe estar sujeta al marco de la ley.3
Después de la represión en contra de los jubilados y pensionados, el gobierno del estado de Veracruz informó que había cubierto el pago del aguinaldo y las pensiones, en tanto que el retroactivo que solicitan referente a la pensión móvil, será cubierto a más tardar hasta la primera quincena del mes de febrero.
No es la primera vez que ocurren esos retrasos. En diciembre de 2014, jubilados y pensionados de Córdoba y Orizaba llevaron a cabo actos de protesta para exigir a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el pago de su aguinaldo y la pensión de diciembre. En aquélla ocasión los inconformes resaltaron que mientras el Gobierno de Javier Duarte no cumple con sus obligaciones laborales y financieras, continuaba el despilfarro de recursos de sus funcionarios de primer nivel, así como también la corrupción en sus áreas de Gobierno.4
A su vez, el 3 de marzo de 2015, Javier Duarte al referirse específicamente a la queja de los jubilados del Instituto de Pensiones, reconoció que no hay dinero que alcance ya que cada vez crece más el padrón de jubilados y el gobierno estatal aporta el 50 por ciento del pago a jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Señaló que la diferencia entre lo que ingresa, de las cuotas y las aportaciones, y lo que cuestan las jubilaciones y las pensiones cada vez es mayor. “Porque cada vez hay más jubilados y pensionados, por dar un ejemplo en números netos, por cuotas de trabajadores en activos y de aportaciones patronales la Secretaría de Finanzas más o menos ingresa alrededor de 200 millones de pesos mensuales, las jubilaciones y las pensiones nos cuestan al gobierno en total 380 millones de pesos, es decir, existe un subsidio de mes con mes de 180 millones de pesos que depositamos en el IPE para poder cumplir a todos y cada uno de los jubilados y pensionados de manera puntual”.5
El problema no se limita sólo a esa diferencia. Como se ha señalado, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, la auditoría Superior de la Federación evidenció el desorden financiero en que tiene sumida a su entidad el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El estado bajo su mandato, resultó ser una de las entidades federativas con el “desempeño más desfavorable’’ durante el ejercicio fiscal de 2013, de acuerdo con el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.6
No está de más recordar que Morena promovió un punto de acuerdo para solicitar al Congreso del Estado de Veracruz impedir el aumento de la deuda solicitada por Javier Duarte en octubre de 2015. Como antecedentes, en 2011 el Gobernador logró que se aprobara la “reestructuración” de la deuda pública vigente, que incrementó el saldo de la misma de $12,600’000,000.00 (Doce mil seiscientos millones de pesos), a $30,000,000,000.00 (Treinta mil millones de pesos), sin que hasta la fecha mejore la situación financiera del gobierno estatal. Ahora, el pasado 20 de octubre del año en curso, envió al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave una iniciativa con proyecto de decreto por el que solicita que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se pueda llevar a cabo una nueva reestructuración de la deuda pública con la finalidad de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal.
Aunque Duarte pretendió justificar su nueva reestructura señalando las dificultades por las que está pasando nuestro país, que sin duda se debe a las políticas equivocadas del actual gobierno, se debe aclarar que el caos financiero que se vive en Veracruz no es resultado del contexto, sino de la irresponsabilidad y el despilfarro de su propia administración.
De cualquier modo, el 28 de octubre el Congreso estatal aprobó la nueva reestructura, por 21,700 millones de pesos. El riesgo, como lo hemos señalado en Morena, es que no transcurra mucho tiempo en el que el gobierno de Duarte vuelva solicitar nuevas autorizaciones de “reestructura”. De hecho, como sucedió con los pensionados, esa administración gubernamental no tiene resueltos ni siquiera los compromisos más sensibles con la sociedad como es el pago a pensionados y jubilados.
En función de lo señalado hasta ahora, ratificamos nuestra consideración en el sentido de que Duarte de Ochoa, debe poner a disposición de las autoridades del ramo y de la ciudadanía, el verdadero monto del saldo de la deuda pública, así como reconocer la crisis por la que atraviesa el estado. Lo que se conoce hasta ahora es que si bien el anterior gobernador, Fidel Herrera, dejó una deuda pública de más de 11 mil millones de pesos, en sólo 5 años Javier Duarte la incrementó a 44 mil 470 millones de pesos, todo ello, de acuerdo con la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.7
En el mismo sentido, reconociendo la grave situación en la que se encuentran los pensionados de la entidad, el gobierno del estado se encuentra obligado a establecer los fondos necesarios para cubrir sus compromisos con ese sector de ciudadanos, del que forman parte aquéllos que ya aportaron y que merecen se les atienda con toda responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue la agresión contra jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se finquen las responsabilidades administrativas y penales, según sea el caso.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con pleno respeto a su soberanía, a que vigile el cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad con sus pensionados y jubilados y se establezcan los instrumentos que garanticen el cumplimiento oportuno del pago y las sanciones por las omisiones que afecten esos derechos.
Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer el detalle de la información de la deuda reportada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incluyendo el efecto neto de la nueva deuda por 21 mil 700 millones de pesos, en el corto y el largo plazo.
Cuarto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que audite las operaciones financieras del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de Javier Duarte de Ochoa.
Notas
1 http://e-veracruz.mx/opinion/2015-12-19/sigue-regateando-el-ipe-las-pen siones-no-paga-adeudos
2 http://homozapping.com.mx/2015/12/reprime-policia-de-duarte-a-pensionad os-y-reporteros-en-xalapa-cndh-atrae-el-caso/
3 http://www.jornada.unam.mx/2015/12/24/estados/023n1est
4 http://radaresnoticia.com/observatorio-politico/
134752-no-paga-gobierno-de-javier-duarte-aguinaldo-ni-pensiones-empiezan-protestas
5 https://veracruz.quadratin.com.mx/Gobierno-del-Estado-paga-50-de-pensio nes-y-jubilaciones-Duarte/
6 Informe General de la Cuenta Pública 2013, http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_ CP_2013.pdf
7 http://www.shcp.gob.mx/estados/deuda_publica_efm/pagina s/registro.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de enero de 2016
Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica).