*Misteriosos “pactos” entre el coordinador saliente y los nuevos mandamás del Legislativo
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
Para nadie es un secreto que las referencias a la historia suelen ser la mejor herramienta de análisis del presente, aunque en ocasiones debamos guardar las proporciones y cambiar los nombres, lo que ocurre con el reciente cambio de gobierno de Quintana Roo que, con 41 años con siglas del tricolor, Carlos Joaquín González desdibujó éste con los colores de la oposición.
El impacto del ascenso de la “mancuerna” PAN-PRD -si aún se le puede llamar “alianza”-, como era de esperarse, no sólo impactó en el poderoso Poder Ejecutivo, sino también en el otrora incondicional Legislativo que, transformado en brazo ejecutor del primero, debió negociar para una supuesta gobernabilidad. Sobre el Judicial, sin comentarios.
Lo cierto es que en el inter batalla-triunfo-ascenso se dio una serie de escándalos en torno a malos manejos y nombres de involucrados, en lo que parecía ser una interminable corrupción que, inclusive, como era de esperarse, embarró a propietarios y representantes de medios de comunicación.
Sobre este último particular, de una vergonzosa lista de la que no pocos compañeros del medio no quisieran ni acordarse, se puso de manifiesto que el gobierno de Roberto Borge habría erogado en cinco años algo así como ¡tres mil millones de pesos! tan sólo en manejo de imagen a través de 225 empresas y periodistas, cuyos nombres se dieron a conocer.
En ese entonces, publicamos que SÓLO se habló del caso de la prensa con el Gobierno del Estado -es decir, su Unidad del Vocero-, lo que era limitativo en ese nivel, ya que “también alcanza a los Ayuntamientos, dependencias y el Congreso del Estado, donde nadie puede negar la existencia de otra serie de jugosos convenios -seguramente ocultos bajo doble cerradura-, muchos de los cuales no sólo son para difundir o hablar, sino ¡también para callar!”, señalábamos (12 de septiembre)
Ignoramos si de manera fortuita, filtrada o pagada, pero la “noticia” de los pagos a la prensa corrió como reguero de pólvora por todos los medios, lo que no fue el caso del Congreso del Estado, donde tampoco para nadie es un secreto el dispendio en que incurrió su entonces coordinador, el priísta Pedro Flota Alcocer, obvio, para cuidar su imagen o lo que quedaba de ella.
No obstante, se esperaba que, con al supuesto “moralismo” que predica el PAN, el nuevo coordinador de la XV Legislatura, el diputado Eduardo Martínez Arcila, se destapara la “cloaca” sobre el escandaloso manejo de millonarios recursos, sobre todo, repetimos, en “apoyos” y contratos de publicidad que pagaba la titular de Comunicación Social, Idalia Carrillo Beltrán, y que parecen haberse dejado por la paz los legisladores.
Lo anterior obliga a recordar el controvertido Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (Cisen), surgido de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad en el sexenio priísta de Miguel de la Madrid, y dirigida algún tiempo por el temido veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios.
Calificado como espía del panista Vicente Fox durante su campaña presidencial, éste había anunciado que el Cisen desaparecería durante su sexenio, aunque después de conocer el tamaño del “monstruo”, sus ventajas y beneficios, aclaró que sólo lo reorganizaría, saldría de la Secretaría de Gobernación y quedaría bajo su mando y supervisión directa.
Siete años después (julio 2007), su entonces rival de campaña, Francisco Labastida, lo acusó de desmantelar el Cisen y despedir a la mayor parte de su personal, y que las consecuencias para el nuevo gobierno panista sería carecer de un órgano de inteligencia eficaz, que le permitiera cumplir sus responsabilidades en la materia.
El caso es que a la XV Legislatura le habría ocurrido algo similar con la poderosa herramienta que implica la prensa, pero hasta hoy ha preferido hacer “mutis” para tenerla de aliada, amén de que, como era de esperarse, ningún periodista se ha preocupado en preguntarles a los diputados, sobre todo a Martínez Arcila, cómo se manejaron los millonarios recursos en esa oficina que aún dirige Idalia Carrillo ¡Y créanos que no son pesitos!
Peo vaya, lo que es peor, nuestros representantes “populares” tampoco han dicho ni “pío” en torno al desfalco de más de 52 millones de pesos que, publicado apenas el 27 de junio por los periodistas José Martínez M. y Arturo Mendoza Mociño, acusa que diputados de la Legislatura anterior beneficiaron sospechosamente a empresas y supuestos profesionistas.
Calificado como asignatura pendiente, en una abierta violación a la Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios, que los propios diputados aprobaron, la información refiere que se trata de obras “fantasma” y contratos directos por más de 52 millones de pesos sin comprobar.
En efecto, las cuentas de gastos de la XIV Legislatura no les “cuadraron” a los diputados, entre otros, medio centenar de obras “fantasmas” y “contratos por asignación directa” sin soporte financiero para comprobar supuestas mejoras, asesorías, consultorías y servicios jurídicos profesionales.
Así, incluyen presuntas consultorías, como las de “Servicios Tepletapa”, a la se pagaron más de 7 millones 493 mil pesos por presunta asesoría jurídica fiscal para la aprobación de las leyes de ingreso de los municipios en 2015, pero sin pólizas o documentos comprobatorios.
Un caso similar fue el pago de una pólizas por más de 4.7 millones de pesos a “Profesionistas y Asociados del Mar” por planeación “de austeridad presupuestal” para el 2015, del que tampoco existen pólizas ni soporte documental, al igual que 4 millones 360 mil pesos pagados a “Proyectos Especializados Radiant” por supuesta consultoría fiscal para la Ley de ingresos de los municipios en el ejercicio fiscal 2015, tampoco documentados y sin evidencia de trabajos que señala la Ley de adquisiciones.
Otros pagos millonarios fueron a “GOAR” Empresa de Publicidad Congelada, por 3 millones 793 mil pesos por la transmisión de los festejos del 40 aniversario de la Constitución del Estado, sin documentar en pólizas o contratos.
Asimismo, incluye pagos millonarios no soportados, en beneficio de “Empresas Burorente”, por 2 millones 761 mil pesos; “Amgro Consultores” (servicios por 2 millones de pesos), Servicios Profesionales Internacionales “La Kross” (2 millones 285 mil pesos) y Sugey Zaldívar Vázquez, quien, a título personal, recibió 3 millones 473 mil pesos por servicios profesionales sin póliza ni soporte documental.
Otros pagos fueron un millón 144 mil pesos a “Mercadotecnia y Publicidad Espiral” (sin documentos ni contratos) y al propio Zaldívar Vázquez, quien recibió otros dos pagos por un millón 522 mil pesos y por un millón 255 mil pesos sin pólizas o contratos (por servicios “profesionales”)
Curiosamente, también figuraban como supuestos profesionistas los diputados Jesús de los Ángeles Pool Moo, Romy Adriana Esquivel Ávila y Filiberto Martínez Méndez, quienes, además de sus respectivas “dietas”, recibieron más de medio millón de pesos cada uno sin contratos ni pólizas de servicios.
Otro desembolso escandaloso sin documentar de la XIV Legislatura que encabezaba Pedro Flota, fue de 8 millones 22 mil pesos en vales de gasolina no comprobados, pues no se siguió el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones ni existe contrato.
Otros pagos, como uno por 200 mil pesos, ni siquiera tienen destinatario ni la menor referencia, soporte documental o póliza, por lo que, en términos generales, las cuentas del Congreso revelan un verdadero derroche en gastos sin comprobar en por lo menos medio centenar de supuestos servicios por más de 52 millones de pesos en sólo un año que, incluyen un gasto superfluo por 2 millones 761 mil pesos en juguetes y estímulos a diputados y funcionarios llamados del HPL por casi 11 millones de pesos.
¿Existirá algún pacto “secreto” entre los diputados del PRI y sus aliados con la oposición PAN-PRD para perdonar y callar a cambio de permitir la “gobernabilidad” en el Congreso? ¿Habrá algún pacto Martínez Arcila-medios de comunicación para nuevos convenios de publicidad?
¿Usted qué cree?