+ La munícipe Laura Fernández, con una empresa ficticia, pretendió regularizar las invasiones en “Tierra Nueva” y “La Fe”; la utilidad ascendería a unos 73 millones 600 mil pesos
Por Luis A. Cabañas/SFAS (Julio 2019).- Presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que agrupa a más de 2400 Ayuntamientos de diferente filiación partidista, la presidente municipal de Puerto Morelos, la ex priísta Laura Fernández Piña, representa al típico “candil de la calle y oscuridad en la casa”, ya que es una auténtica joya de la opacidad en su demarcación.
No de balde, ante diversas denuncias públicas y en proceso, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha iniciado una minuciosa investigación a la primera edil ante posibles “inconsistencias”, desvíos económicos y fraude, entre otros delitos.
No cabe duda de que las aguas comienzan a tomar su cauce y nivel en el Estado, a grado tal de que quienes durante años han hecho del erario público su negocio privado o familiar están siendo detenido en seco, como es el caso de Laura Fernández, quien después de tres interminables años al frente de ese Ayuntamiento está a punto de verse obligada a rendir cuentas reales.
EL GRAN FRAUDE
En efecto, desde marzo de 2018, se denunció públicamente, con pruebas documentadas, que la munícipe, con una empresa ficticia pretendió regularizar las invasiones en “Tierra Nueva” y “La Fe”, en contubernio con la Constructora Rural y Urbana del Sureste, que carece de domicilio fiscal ante el SAT y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Con dicha empresa “fantasma”, Laura Fernández abrió la puerta a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de “paracaidistas”, en un negocio que habría fraguado frente a las propias narices de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía, con una utilidad que ascendería a unos 73 millones 600 mil pesos
Pero eso no es todo, ya que, acostumbrada a vivir del dinero de otros, la reelecta alcaldesa contrató a nombre del municipio una deuda pública que dividió en dos parte: 19 millones de pesos más gastos de representación pagaderos a un año, con el pretexto de garantizar la liquidez municipal; y una línea de factoraje por 10 millones de pesos para el pago a proveedores.
Discípula del ex gobernador Félix González, principal responsable de la impagable deuda pública de Quintana Roo, Laura Fernández obtuvo autorización del Cabildo, en sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2018, con 8 votos a favor y una abstención.
Sin embargo, tres meses después de recibir el recurso los morelenses ignoran dónde fue a parar ese dinero, además de haber amortizado sólo poco más de 3 millones de pesos, y deber cerca de 16 millones, lo que se refleja en la suspensión de obras y pago a proveedores.
Laura Fernández explicó a los regidores que para resolver necesidades continuas de la población, resultan imprescindibles estrategias financieras que garanticen la liquidez del municipio para cumplir, ya que ha realizado “importantes esfuerzos” para captar mayores recursos.
Sin explicar que la baja recaudación es reflejo de su mal gobierno, sólo se concretó a señalar que hay momentos en los que es necesario hacer frente a gastos sin el respaldo de recaudación suficiente de la población.
EL ARGUMENTO
El argumento de la alcaldesa, que enfrenta investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, es que debido a las necesidades financieras para resolver los compromisos derivados de la estabilidad del ingreso, solicitó el crédito a corto plazo por 19 millones de pesos de pesos, que pronto se concretarán, junto con la línea de factoraje por hasta 10 millones de pesos para pagos a proveedores.
Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer una serie de irregularidades que no ha podido solventar la alcaldesa que, aprovechando que Puerto Morelos era un municipio nuevo, lo dejó en completa opacidad desde 2016 y hasta diciembre de 2017, cuando se descubrieron pagos a “aviadores”, desvíos de recursos federales y hasta presuntos fraudes en la compra de equipos.
Hasta abril de 2019, la alcaldesa, que presume un gobierno transparente y honesto en la Asociación de Municipios, no había podido comprobar los desvíos de recursos, por lo que la Auditoría Superior inició procedimientos para fincarle responsabilidades.
Y es que, con dinero de los ciudadanos, Laura Fernández pagó a “aviadores” durante un año, mientras recortaba sueldos a los empleados de la nómina oficial de la Comuna, a los que mantiene amenazados si se les ocurre reclamar conforme a ley.
La Auditoría comprobó que durante un año gastó dinero del erario en 24 personas que ni siquiera están en la nómina porque sus categorías no figuran en los tabuladores salariales de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento ni en la plantilla oficial de empleados.
Hasta mediados de este año, la alcaldesa no había solventado ante la Auditoría, por lo que ésta inició la promoción de responsabilidad administrativa para deslindar responsabilidades en el Ramo de participaciones federales, donde el Ayuntamiento recibió 90 millones 330 mil pesos.
EL QUEBRANTO
El quebranto se orienta al pago indebido a presuntos servidores públicos, donde Laura Fernández habría pagado a 10 empleados tras haberlos dado de baja, por lo que se inició otra promoción de sanción administrativa, así como la supuesta compra de un software para elaborar nóminas, con un procedimiento de adjudicación directa, del que no se ha comprobado su operación ni existencia en Recursos Humanos.
Hasta hoy, la munícipe no ha justificado fehacientemente ninguna de las observaciones, por lo que se han girado procedimientos para fincar responsabilidad, pese a que el Ayuntamiento de Puerto Morelos es el más joven de Quintana Roo y sólo ha tenido a Laura Fernández como alcaldesa, que se reeligió, pese a su opacidad desde 2016.
Según el portal de “Transparencia” de la Comuna, su Contraloría no realizó las auditorías del ejercicio fiscal 2017 por tratarse de un municipio de reciente creación, aunque desde 2016 la opacidad de Laura Fernández ha sido característica de su gobierno, ahora detectada por la Auditoría Superior de la Federación, que seguramente seguirá muy de cerca su desempeño.