Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Ex dirigente estatal del PAN gracias a amañada elección y designado candidato plurinominal por “línea” de la dirigencia nacional, el ahora líder del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, sigue sumando “trofeos” a su devaluado curriculum, ahora como aliado de su antecesor de la XIV Legislatura, Pedro Flota Alcocer, cuyos malos manejos sigue ocultando.
Y conste que no se trata de cualquier cosa, sino del desvío de 52 millones de pesos que, en relación con los 340.7 millones que ejerció en este 2016, represente un elevado porcentaje que se ventiló públicamente desde la naciente XV Legislatura que, en un perverso juego de “negociaciones”, elevó a la presidencia de la Gran Comisión al cuestionado Martínez Arcila.
Desde sus primeros pasos como dirigente panista, el político fue acusado de mañoso por sus propios correligionarios, tras “inflar” el padrón electoral del PAN para alcanzar la presidencia del CDE, comprar votos y estar al servicio del gobernador priísta Roberto Borge en Quintana Roo.
Experto en mal manejo de recursos y “negocios”, Martínez Arcila defendió recientemente a los diputados de Morena, Juan Ortiz Vallejo y Silvia Vázquez Pech, acusados de recibir 7 millones de pesos cada uno a cambio de apoyar a la bancada PAN-PRD en el poder, aunque originalmente minoritaria en el Congreso local.
En este sentido, el panista calificó como “chafa” un video donde Juan Ortiz reconoce haber recibido los 7 millones de pesos por sus votos, aunque aceptó que la XV Legislatura mantuvo interés en “construir” una mayoría que, irónicamente, ahora vota unánimemente las decisiones del Congreso.
Las “hazañas” del ahora legislador ya tenían precedente, ya que como dirigente destituyó como líder de la bancada blanquiazul en el Congreso local a su antecesor, el entonces diputado Sergio Bolio Rosado, para consumar una venganza personal que generó crisis política en el PAN.
El origen de la disputa fue la decisión de la dirigencia estatal de seleccionar a sus candidatos a diputados federales por designación directa, es decir, que el poder de nombrarlos recayera directamente en Martínez Arcila, en perjuicio directo de Bolio Rosado, quien vio afectadas sus posibilidades de hacerse de una candidatura.
Irónicamente, el propio Bolio Rosado lo impulsó en su momento a ocupar la dirigencia del PAN en Quintana Roo, y aunque Martínez Arcila aseguró que no “tumbaría” a aquél y que éste seguiría en el cargo, días después colocó en su lugar a la diputada Perla Tun, hoy alcaldesa de Cozumel.
Un año después, ya consumada la alianza PAN-PRD que impulsó la candidatura del ex priísta Carlos Joaquín González a la gubernatura, el 27 de junio anterior se puso de manifiesto un desfalco en el Congreso por más de 52 millones de pesos, con los que la Legislatura anterior, encabezada por Pedro Flota, benefició a empresas y supuestos profesionistas.
A cuatro meses de publicarse, ni el “moralista” Martínez Arcila ni los demás representantes “populares” han dicho ni “pío”, pese a la abierta violación a la Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios, que los propios diputados aprobaron respecto a obras “fantasma” y contratos directos sin comprobar.
Las cuentas de gastos que no les “cuadraron” a la XIV Legislatura, son entre otros, medio centenar de obras “fantasmas” y “contratos por asignación directa” sin soporte financiero para comprobar supuestas mejoras, asesorías, consultorías y servicios jurídicos profesionales.
Por ejemplo, incluyen presuntas consultorías, como las de “Servicios Tepletapa”, a la se pagaron más de 7 millones 493 mil pesos por presunta asesoría jurídica fiscal para la aprobación de las leyes de ingreso de los municipios en 2015, pero sin pólizas o documentos comprobatorios.
Un caso similar fue el pago de una pólizas por más de 4.7 millones de pesos a “Profesionistas y Asociados del Mar” por planeación “de austeridad presupuestal” para el 2015, del que tampoco existen pólizas ni soporte documental, al igual que 4 millones 360 mil pesos pagados a “Proyectos Especializados Radiant” por supuesta consultoría fiscal para la Ley de ingresos de los municipios en el ejercicio fiscal 2015, tampoco documentados y sin evidencia de trabajos que señala la Ley de adquisiciones.
Otros pagos millonarios fueron a “GOAR” Empresa de Publicidad Congelada, por 3 millones 793 mil pesos por la transmisión de los festejos del 40 aniversario de la Constitución del Estado, sin documentar en pólizas o contratos.
Asimismo, incluye pagos millonarios no soportados, en beneficio de “Empresas Burorente”, por 2 millones 761 mil pesos; “Amgro Consultores” (servicios por 2 millones de pesos), Servicios Profesionales Internacionales “La Kross” (2 millones 285 mil pesos) y Sugey Zaldívar Vázquez, quien, a título personal, recibió 3 millones 473 mil pesos por servicios profesionales sin póliza ni soporte documental.
Otros pagos fueron un millón 144 mil pesos a “Mercadotecnia y Publicidad Espiral” (sin documentos ni contratos) y al propio Zaldívar Vázquez, quien recibió otros dos pagos por un millón 522 mil pesos y por un millón 255 mil pesos sin pólizas o contratos (por servicios “profesionales”)
Curiosamente, también figuraban como supuestos profesionistas los diputados Jesús de los Ángeles Pool Moo, Romy Adriana Esquivel Ávila y Filiberto Martínez Méndez, quienes, además de sus respectivas “dietas”, recibieron más de medio millón de pesos cada uno sin contratos ni pólizas de servicios.
Otro desembolso escandaloso sin documentar de la XIV Legislatura que encabezaba Pedro Flota fue de 8 millones 22 mil pesos en vales de gasolina no comprobados, pues no se siguió el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones ni existe contrato.
Otros pagos, como uno por 200 mil pesos, ni siquiera tienen destinatario ni la menor referencia a un soporte documental o póliza, por lo que, en términos generales las cuentas del Congreso revelan un verdadero derroche en gastos sin comprobar en por lo menos medio centenar de supuestos servicios por más de 52 millones de pesos en sólo un año que, ríase Usted, incluyen un gasto superfluo por 2 millones 761 mil pesos en juguetes, y estímulos a diputados y funcionarios llamados del HPL por casi 11 millones de pesos.
Lo anterior obliga a pensar en un pacto “secreto” entre Martínez Arcila y los diputados del PRI para perdonar y callar a cambio de permitir la “gobernabilidad” en el Congreso, aunque todo hace suponer que también existiría algún pacto con los medios de comunicación para callar a cambio de nuevos convenios de publicidad.
Lo peor del caso es que, contra todos los pronósticos, Quintana Roo tiene el Congreso local más caro en todos los rubros, toda vez que este 2016 ejerce el presupuesto más alto de toda la península: 340 millones 767 mil 863 pesos, exactamente 42 millones de pesos más que la suma de los presupuestos de las legislaturas de Yucatán (127.8 millones) y Campeche (171.1 millones)
Quintana Roo ha estado invariablemente a la cabeza con el Congreso más derrochador per cápita desde 2006. Tan sólo en 2014 su presupuesto fue de 447.7 millones, mientras que para el 2015 ejercería 450.9 millones, en un ligero ajuste “para paliar la inflación”.
Pero vaya, este es el costo del Ejecutivo por mantener el dominio sobre el Legislativo, al grado tal que, con tal de que el PRI mantuviera la mayoría, Roberto Borge había propuesto un presupuesto de 700 millones de pesos para el 2017, aunque, tras las negociaciones del PRI con la oposición en el poder, las huestes de Martínez Arcila aceptaron ejercer “sólo” unos 350 millones.