+La Fiscalía Anticorrupción inició pesquisas en contra de la alcaldesa heredera del clan Félix González y Roberto Borge
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Puerto Morelos, QRoo/Junio de 2019.- ¿El mejor día de la cancunense Laura Lynn Fernández Piña? ¡El 1 de julio de 2018, cuando, como candidata de la coalición Por Quintana Roo (PRI-PVEM-Panal) se proclamó ganadora de la presidencia municipal de Puerto Morelos y se reeligió como tal!
Sin embargo, la compra de votos, robo de boletas, urnas “embarazadas”, alteración de actas de cómputo, amenazas, intimidaciones policiacas y gastos excesivos de campaña, fueron “algunas” de las ilegalidades de la entonces alcaldesa con licencia para reelegirse.
Aquel 1 de julio, policías y personal administrativo del Ayuntamiento, manipularon los paquetes electorales e incluso demoraron más de seis horas en contar las boletas -de las seis de la tarde a las 2 de la mañana- lapso en el que el PRI hizo lo que quiso para alterar las urnas en favor de la funcionaria.
Al igual que dos años antes, hubo heridos, compra de votos, amenazas y robo de urnas. Durante el traslado de las urnas de Leona Vicario a Puerto Morelos, desapareció una hora y media la camioneta en que se trasladaban los paquetes, pero la policía municipal bloqueó el paso de la caravana para que nadie siguiera el vehículo, y Laura Fernández ganara “misteriosamente”.
DEBACLE POLÍTICO
Sin embargo, este año comenzó su debacle político, cuando en el VII Distrito Electoral, con cabecera en Cancún e incluye Puerto Morelos, triunfó como nueva diputada María Fernanda Trejo Quijano, de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” (PVEM, PT y MORENA)
Puerto Morelos es uno de los 11 municipios que integran Quintana Roo, que se creó por decreto 342 del Congreso del Estado, publicado el 6 de noviembre de 2015 en el Periódico Oficial, durante la administración de Roberto Borge, cuya disposición entró en vigor el 6 de enero de 2016.
Cuenta con cerca de 38 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en su cabecera del mismo nombre, mientras que en Leona Vicario habitan unos 8 mil, y medio centenar en Central Vallarta.
FISCALÍA TRAS ALCALDESA
En lo que parece ser el principio del fin, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo inició en marzo último una minuciosa investigación en contra de la alcaldesa por posibles “inconsistencias”, desvíos económicos y fraude, entre otros.
Con pruebas documentadas, se publicó que Laura Fernández pretendió regularizar con una empresa ficticia las invasiones en las colonias “Tierra Nueva” y “La Fe”, en coordinación con la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., que carece de domicilio fiscal ante el SAT y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Con esa empresa “fantasma”, abrió las puertas a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de “paracaidistas”, en un negocio que, por 73.6 millones de pesos, fraguó ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía.
La funcionaria también habría utilizado esas empresas para adjudicarse predios invadidos que entregó, en su mayoría, a los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge como pago por obtener de nuevo la candidatura que se negoció “en lo oscurito” y que, a su vez, regalaron éstos últimos.
Conforme investigaciones, por instrucciones de Laura Fernández, su socio, el diputado Tirso Esquivel Ávila ejecutó las falsificaciones para fraguar el fraude de los predios invadidos, propiedad de Laura Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib, respectivamente, otorgados por la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje, tras ganar el alegato laboral 610/2010 contra la Constructora Rural y Urbana del Sureste.
El plan del despojo lo desarrolló Esquivel Ávila junto con el ex director del Departamento de Reserva Territorial del IPAE, Simeón Zapata Pisté, con amplio conocimiento en la falsificación de documentos para adueñarse de tierras ajenas.
En ese entonces, inconformes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Puerto Morelos aseguraron que ambos personajes no sólo falsificaron documentación del predio donde están “La Fe” y “Tierra Nueva”, sino que por los menos otros tres predios de alta plusvalía.
CÓMPLICES Y EMPRESAS AMIGAS
Con apoyo de cómplices y empresas “amigas” -a quienes paga millones de pesos para ejecutar obra pública y/o suministro de gasolina-, no sólo se habría apoderado de los terrenos, sino también habría recibido dinero en efectivo por incluirlos en el saqueo, dinero que despilfarra en viajes de placer a Europa, como hace unos meses, luego de ordenar disminuir el sueldo de sus burócratas.
En su momento, Laura Fernández también se habría repartido el botín de su municipio con su ex homólogo de Cancún, Remberto Estrada Barba, con quien dividiría ganancias de Alfredo V. Bonfil y zonas colindantes con Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
Investigaciones de conocido portal informativo de Quintana Roo, revelan que, con la ayuda del terrateniente yucateco Luis Felipe Castillo Campos, su súper asesor y cómplice, planeó apoderarse de vastas extensiones en el municipio más joven de Quintana Roo.
Su primer golpe fue la simulación de una supuesta compra-venta de 500 lotes de las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, pero van por más, pues entre ambos se apoderaron de la Comisaría Ejidal, que tiene reservas territoriales de alta plusvalía.
Además de los fraudes de tierras, Laura Fernández hizo negocios con el enemigo para beneficiarse directamente con sus acciones y evitar a la justicia federal y estatal. Lo mismo invierte 22 millones de pesos en recolecta de basura, que 5 millones de pesos para adquirir combustible sin garantías.
Forjada en las más altas temperaturas de la corrupción, la alumna más avanzada de Félix González y Roberto Borge ha sabido jugar con ellos. Los puso a sus pies y en el momento exacto los traicionó. Adquirió toda su sabiduría de la maldad y conexión de saqueos, por lo que durante varios años jugó junto ellos, como lo hizo de nuevo en las elecciones de 2018.
Sin embargo, fracasó este 2019… y comienza a cavar su tumba.