- Ciudadanos cuestionan el gasto por el cambio de imagen de las unidades y exigen cuentas claras; el dinero salió del erario público y alguien tiene que responder por esos recursos de los tabasqueños
Por Agencias SFAS/Villahermosa, Tabasco.- El verde olivo desaparecerá de las patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, pero la decisión de cambiar nuevamente la imagen de las unidades no cierra la polémica, sino que abre interrogantes sobre la planeación, la supervisión y el uso de los recursos públicos.
Las patrullas, que anteriormente portaban los colores azul con blanco, fueron pintadas de verde olivo y ahora tendrán que modificar nuevamente su apariencia. Lo que parecía una decisión de imagen institucional terminó bajo cuestionamientos por el posible costo de corregirla, en momentos en que la seguridad pública exige una adecuada utilización del presupuesto.
El propio comisionado de la Guardia Estatal, Omar Castañeda Ríos, reconoció que las unidades están siendo objeto de modificaciones en sus colores, aunque posteriormente precisó que, según su versión, no se trató de un error administrativo de la SSPC, sino de que el proveedor utilizó una tonalidad distinta a la elegida. También descartó que el cambio obedeciera a una inconformidad del Ejército Mexicano.
Sin embargo, atribuir la equivocación al proveedor no resuelve las preguntas de fondo: ¿quién supervisó los trabajos?, ¿quién recibió las unidades?, ¿cuánto se pagó por aplicar el verde olivo y cuánto costará retirarlo? Si se contrató un servicio con especificaciones determinadas, corresponde aclarar por qué se entregó un resultado distinto y qué mecanismos existen para exigir que se corrija sin generar un gasto injustificado para el erario.
La polémica ha generado cuestionamientos ciudadanos sobre lo que se considera un garrafal error en la imagen de las patrullas. Entre las voces críticas se encuentra la del exgobernador Manuel Andrade Díaz, quien ha exigido transparentar el gasto y esclarecer las implicaciones económicas de la decisión. El reclamo pone sobre la mesa una obligación básica de cualquier gobierno: informar cuánto dinero público se utilizó y quién debe responder por su aplicación.
El asunto ha escalado, al trascender que organismos civiles y colectivos ciudadanos exigirán información clara sobre los contratos, las facturas, el proveedor responsable y las condiciones en que se autorizó el trabajo. “No se trata solamente de una discusión sobre colores, sino de establecer si hubo fallas de supervisión, cuánto costará la nueva modificación y si existen responsabilidades administrativas que deban investigarse”, señalaron los consultados, quienes han indicado que se han enfrentado a una opacidad total de las autoridades que esclarecer otros asuntos de inversión pública del gobierno.
La recién creada Guardia Estatal, que sólo cambio de nombre, antes era Policía Estatal, sigue en medio de la controversia.
