• Guadalupe Tamayo Rodríguez, Carlos Falconi, Andrés Baldemar Sandoval y la proveedora Angélica Ríos, señalados por operar negocios millonarios desde la Subsecretaría de Ingresos; mientras la titular de Finanzas, guarda silencio cómplice
Por Francisco Rojas/SFAS/Villahermosa, Tabasco. – Al descubierto una presunta red de corrupción millonaria que opera desde la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, donde funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos son señalados de obtener beneficios económicos mediante comisiones, obsequios y pagos de agradecimiento de proveedores favorecidos con licitaciones amañadas.
La denuncia pública apunta directamente a Guadalupe Tamayo Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Ingresos, a quien trabajadores de la dependencia identifican como la principal operadora de esta estructura. Los denunciantes sostienen que estas prácticas representan una traición a la confianza del gobernador.
En el señalamiento también aparecen Carlos Falconi y Andrés Baldemar Sandoval, titulares de la Receptoría de Rentas y de Recaudación, respectivamente, a quienes los trabajadores atribuyen funciones como operadores de la presunta red de corrupción institucionalizada. A la lista se suma la proveedora Angélica Ríos, identificada en la denuncia como una pieza clave de los negocios señalados.
Mientras tanto, Talina Ferrer Cadenas, secretaria de Administración y Finanzas, queda en el centro de los cuestionamientos por lo que los denunciantes describen como una estructura que opera dentro de la dependencia sin que se conozcan acciones contundentes para esclarecer los hechos. La denuncia incluso sostiene que la secretaria carece de control efectivo frente a las decisiones atribuidas a Tamayo Rodríguez.
Los señalados presumen preparación académica y se presentan como representantes de la modernización administrativa; sin embargo, las acusaciones ponen bajo la lupa la distancia entre el discurso de transparencia y los presuntos negocios que, según los denunciantes, se realizarían al amparo del poder.
La denuncia fue dirigida, entre otras instancias, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado y a autoridades estatales y federales. (I de III partes)
