Regidores de oposición lo señalan por peculado y ejercicio indebido de funciones; sus compañeras de bancada salieron en su defensa y protagonizaron un choque de acusaciones, delfin y sus paleras.
Por: Pedro Pablo Jaramillo / SFAS / Coahuila; México.—
La sesión de Cabildo terminó convertida en un campo de confrontación política. El alcalde de San Juan de Sabinas, Ulises Alan Cárdenas Herrera, fue señalado por regidores de oposición de cobrar tres salarios, uno de ellos relacionado con el programa estatal de Mejora, situación que desató fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de sus percepciones y el manejo de los recursos públicos.
Con documentos en mano, el regidor del Partido del Trabajo (PT), Jesús Alonso Z’ Cruz de la Garza, lanzó los señalamientos contra el presidente municipal priista, a quien acusó de violar el artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal, al continuar percibiendo ingresos dentro de un programa del Gobierno estatal, pese a ocupar la alcaldía.
El representante petista también sostuvo que existen violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Constitución Política del Estado de Coahuila y al Código Penal, por lo que mencionó responsabilidades por ejercicio indebido de funciones y peculado.
La acusación incomodó al edil, quien, ante los cuestionamientos, respondió que no tenía nada que informar y que mucho menos abordaría el asunto durante aquella sesión de Cabildo.
Pero la discusión no terminó ahí. Regidoras de la bancada priista salieron inmediatamente en defensa del alcalde y reviraron contra el petista, cuestionándolo sobre sus propias asistencias al Ayuntamiento y el cobro de sus quincenas.
La respuesta de De la Garza tampoco se hizo esperar: aseguró que sí atendía a la ciudadanía y que realizaba más consultas ciudadanas que quienes, según su reproche, concentraban sus intervenciones en defender al presidente municipal.
Así, lo que debía ser una sesión para atender los asuntos del municipio terminó convertido en un enfrentamiento de acusaciones, reproches y cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio del poder.
La pregunta que quedó sobre la mesa es si el alcalde realmente tiene derecho a percibir esos tres ingresos o si existe alguna incompatibilidad legal. Los documentos exhibidos y las explicaciones de las autoridades competentes tendrán que despejar la controversia.
