• La oposición advierte riesgos de concentración de poder, falta de independencia y opacidad en el manejo de los recursos electorales por parte del gobierno
  • El partido oficial sigue teniendo la mayoría con 4 funcionarios  

Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- Los contratos millonarios que estaban en manos de empresas vinculadas al clan de Guadalupe Taddei pasarán ahora a Talleres Gráficos de México, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación y bajo la tutela del Gobierno morenista, una decisión que ha provocado fuertes cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre la concentración de la producción electoral y de los recursos públicos en una institución controlada por el Ejecutivo federal.

El negocio que rodea la impresión y fabricación de materiales electorales quedó exhibido cuando se documentaron contratos por 2 mil 461 millones de pesos obtenidos por cinco empresas vinculadas entre sí, mediante esquemas de simulación de competencia en 27 organismos electorales locales, de los cuales mil 88 millones corresponden al periodo 2021-2025, durante la gestión de Taddei. El grupo empresarial concentró el 77 por ciento del mercado.

En este escenario, el Gobierno anunció la reestructuración de Talleres Gráficos para convertirlo en el principal productor de documentación y materiales electorales del país, con la intención de desplazar progresivamente a los proveedores privados y avanzar hacia la creación de la Imprenta Nacional de México antes de 2030. El decreto establece que el organismo atenderá los requerimientos del INE y de los organismos públicos locales, además de limitar la subcontratación y hacer públicos sus contratos, proveedores y precios.

Sin embargo, la oposición cuestionó que el combate a las irregularidades del INE termine concentrando la producción electoral en una institución dependiente del propio Gobierno. El senador del PAN, Mauricio Vila, sostuvo que fortalecer Talleres Gráficos puede formar parte de una solución, pero advirtió que una mayor intervención gubernamental no resuelve por sí sola los problemas de corrupción; planteó incorporar representantes de la sociedad civil y ciudadanos apartidistas con voz y voto para garantizar contrapesos, transparencia e imparcialidad.

Por su parte, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales Magdaleno, advirtió que no se puede improvisar con recursos públicos ni impulsar proyectos sin estudios de viabilidad y planeación. Exigió explicar si la medida busca reducir costos, generar empleos o hacer rentable a Talleres Gráficos, y sostuvo que las investigaciones sobre la corrupción en el INE deben seguir su propio curso, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, sin confundirlas con el fortalecimiento de una empresa pública.

A las críticas se sumó el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien respaldó que Talleres Gráficos participe en la producción electoral, pero condicionó el cambio a que exista consenso de todas las fuerzas políticas para evitar profundizar la crisis de confianza del organismo electoral. Propuso que la dirección de Talleres Gráficos no sea designada directamente por la Presidencia de la República y que su nombramiento cuente con el respaldo de la Cámara de Diputados, además de establecer un consejo de administración avalado por los partidos políticos.

La nueva Junta de Gobierno de Talleres Gráficos tendrá siete integrantes: cuatro representantes del Ejecutivo federal, correspondientes a Gobernación, Hacienda, Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica, además de tres representantes independientes propuestos por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.

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