- Blanca Yassahara Cruz García firmó 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY, ligada al contratista favorito de Taddei, y otros 57.4 millones a Gráficas Corona JE, investigada por la UIF
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- La nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, no llega libre de cuestionamientos por las contrataciones de proveedores electorales. Antes de ocupar ese cargo, desde el Instituto Electoral del Estado de Puebla firmó contratos millonarios con empresas vinculadas a personajes que también hicieron negocios con el organismo electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei. En total, las operaciones documentadas alcanzan 187.1 millones de pesos.
Uno de los contratos más relevantes fue firmado en marzo de 2024 por 129 millones 700 mil 584 pesos a favor de Comercializadora JVLY, empresa vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, amigo novio y uno de los proveedores favoritos de Taddei en el INE.
La conexión empresarial va más allá del nombre de JVLY. La compañía compartió representante legal con Formas Finas y Materiales, otra empresa relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Se trata de un grupo de proveedores que acumuló contratos con diferentes organismos electorales y cuyos negocios fueron objeto de investigaciones sobre la contratación de material electoral.
Pero el expediente de Blanca Cruz no termina ahí. Mauricio Rubí, reveló el 20 de noviembre que durante 2024 y 2025 también entregó al menos cinco contratos por 57.4 millones de pesos a Gráficas Corona JE, propiedad de Juan Sebastián Estrada Hernández, para suministrar material electoral e imprimir boletas utilizadas en los comicios del 2 de junio de 2024.
El propietario de Gráficas Corona JE aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas personales y las de su empresa, en el contexto de las investigaciones federales sobre una red de corrupción en la que estarían involucrados contratistas, organismos electorales estatales y funcionarios del INE.
El caso de Comercializadora JVLY tiene otro antecedente. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un daño al erario por 63 millones 241 mil pesos en un contrato asignado por el propio INE a esa empresa. La compañía no acreditó la entrega total del material electoral contratado ni la prestación completa de los servicios pagados.
La fiscalización también detectó transferencias de recursos a otras ocho empresas, inconsistencias en la documentación comprobatoria y que el domicilio donde se realizó una visita de supervisión no correspondía al registrado en el contrato de JVLY, sino al de Formas Finas y Materiales.
La nueva presidenta provisional del INE ha sido cuestionada por la oposición y más que aclarar por qué durante su gestión dos empresas recibieron contratos por 187.1 millones de pesos y cuáles fueron los criterios para seleccionarlas, debería ser sometida a una investigación frontal por los visos de corrupción que sacuden al organismo electoral, que funcionarios como estos han puesto en la lona.
