Por PEDRO PABLO JARAMILLO
Con sendas órdenes de aprehensión a sus espaldas, los dirigentes petroleros de la sección 48, Oscar González González, Ricardo García Hernández y Juan Antonio Abad Sánchez, podrían parar en la cárcel por los delitos de fraude en pandilla, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita, denunciaron Juan Santos Olivo Hernández, Genaro Chávez Velez y Wilberth Gerónimo Miranda, trabajadores en activo de esa sección petrolera.
De acuerdo al abogado petrolero, los ahora acusados adquirieron desde el año 2008 la comisión de contratos de esa sección petrolera, pero con dinero de los trabajadores sindicalizados a un costo de Cinco Millones de pesos, situación a todas luces ilegal, pues esos bienes pertenecen al gremio petrolero de esa sección.
Para tales fines, los acusados formaron una compañía fantasma denominada Compañía Administradora Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de la sección 48 del STPRM S.DE RL DE CV, que sigue operando el patrimonio de los trabajadores como uso privado y no gremial, lo que constituye un delito penal grave.
Siete años después de la queja de los trabajadores contra estos dirigentes petroleros, la tercera sala penal del TSJ de Tabasco, resolvió revocar el auto de libertad que desde el 2012 habían obtenido estos líderes petroleros y ordenar su inmediata re aprehensión, en un asunto que podría tocar las altas esferas del poder político y sindical de este país, pues los ahora acusados y prófugos de la justicia, son parte de la maquinaria de corrupción institucional que Carlos Romero Deschamps mantiene en el sindicato de Pemex.
LA HISTORIA DE UNA ESTAFA ANUNCIADA
Un asunto civil bajo el expediente 238/2010 iniciado ante el juzgado primero de instancia judicial en Villahermosa, Tabasco en donde se reclama la nulidad de la escritura número 1187 de fecha 22 de enero del 2008, por un contrato de compra-venta entre la comisión de contratos de la sección 48 y la compañía administradora integral de bienes muebles e inmuebles de la sección 48 del STPRM, mantiene con sendas órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales petroleros, Oscar González González, Ricardo García Hernández y Juan Alberto Abad Sánchez, este último quien aparece como vendedor material de dichos bienes.
Santos Juan Olivo Hernández, representante legal de los trabajadores inconformes dio a conocer a Sin Fronteras que el monto de lo defraudado por estos dirigentes petroleros a la fecha es de alrededor de 27 millones de pesos, y que el monto de la compra-venta fraudulenta fue de 5 millones 800 mil pesos, que se pago con dinero de los trabajadores sindicalizados.
Una primera resolución de fecha 9 de octubre del 2012, dictada por la primera sala civil del tribunal superior de justicia, establece la revocación del acto de compra-venta de los bienes inmuebles propiedad de los trabajadores petroleros de la sección 48 y al mismo tiempo declara nulo dicho acto y la cancelación de la clave catastral NO-02-0175-00034 del ayuntamiento del Centro.
El también abogado refirió que en el séptimo punto del acuerdo judicial emitido con esa fecha, señala que se condena a la compañía administradora integral representada por los ahora acusados a pagar los perjuicios que resulten de la renta que pudo haber generado el inmueble desde el 22 de enero del 2008 a la fecha, además de la cancelación de la escritura pública otorgada por el notario público, Joaquin Antonio González Valencia, por carecer de validez legal.
Explicó que a la anterior resolución, los directivos hoy prófugos de la justicia, recurrieron al amparo directo 1170/2012 el cual mediante la resolución de fecha 13 de febrero del 2013, les fue negado el amparo y protección de la justicia federal.
Ante ello, los trabajadores inconformes iniciaron la averiguación previa 1485/2009 ante la tercera agencia del MP donde denunciaron hechos presuntamente delictivos como el fraude, asociación delictuosa, administración fraudulenta, uso de recursos de procedencia ilícita y los que resulten, mismo que fue consignado el expediente con fecha 5 de diciembre de 2012.
Pese a que el expediente fue consignado bajo la toca penal 241/2102 y que el juez conocedor de la misma es el juzgado quinto penal del Estado de Tabasco, a la fecha los tres presuntos implicados en este descomunal fraude a los petroleros de la sección 48 siguen libres y sin ser molestados.
Fue hasta el año pasado (2014) cuando la tercera sala penal del TSJ dicta en cumplimiento a la resolución del amparo de revisión un resolutivo en el que bajo la toca penal 241/2012 se decreta auto de formal prisión en contra de Ricardo García Hernández, Oscar González González y Juan Alberto Abad Sánchez por el delito de fraude especifico en su modalidad de pandilla y que los pone contra la espada y la pared, por su desmedida ambición al dinero.
DEJAN BOTADA LA SECCIÓN Y HUYEN
Como consecuencia de las sendas órdenes de aprehensión giradas, desde el 10 de mayo González González, García Hernández y Abad Sánchez sacaron sus pertenencias de la sección 48 y de la comisión de contrato y desaparecieron sin dejar rastro.
En el colmo, la última sesión plenaria que se llevó a cabo el pasado 25 de mayo, fue presidida por el secretario del interior y no por los dirigentes, en un claro mensaje de que andan huyendo y de que no les interesa ya poner orden en la sección 48.
A la asamblea se presentaron los trabajadores inconformes que mantienen con un píe en la cárcel a los todavía dirigentes, acompañados de una veintena de judiciales que iban con la encomienda de reaprender a los ahora prófugos de la justicia y ponerlos a disposición del juez penal.
De acuerdo al abogado de los dirigentes acusados, Elías de Dios Méndez, sus defendidos estarían en la Ciudad de México, promoviendo un amparo judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evadir por un tiempo más la acción de la justicia y tener chance para exponer sus intereses al dirigente nacional de ese gremio, el corrupto de Carlos Romero Deschamps.
