- Figuran también José Esquivel Chamex de Carrillo Puerto, que endeudó al Ayuntamiento
- Por el mismo camino va el morenista Othoniel Segovia de Chetumal
Por Pedro Pablo Jaramillo/Chetumal, QRoo.- Se les acabó la mina de oro que representaron durante tres años los Ayuntamientos. Quienes no cumplieron, les espera el juicio del pueblo y de las autoridades, que no deben convertirse en cómplices del saqueo.
De los 11 municipios, cuatro de ellos terminan superendeudados, mientras que otros con observaciones de auditorías y por supuesto, gran opacidad.
En la mira de las autoridades, sino hay cambio de última hora, estarían los ediles salientes de Tulum, Solidaridad, Carrillo Puerto y Othón Blanco, Víctor Mas Tah, Laura Beristain, José Esquivel Chamex y Othoniel Segovia, respectivamente, ante el cúmulo de irregularidades que se han ido ventilando publicamente.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados pone a Cozumel, en el lugar número uno de endeudamiento con una cifra de cuatro mil 176.8 pesos por habitante y una deuda total de 432.4 millones de pesos.
Mientras que Solidaridad, el gobierno de la morenista Laura Beristain Navarrete, asumió compromisos financieros a largo plazo por el orden de los 625.8 millones.
Mientras que Othón P. Blanco, con Otoniel Segovia Martínez, la deuda es de 352 millones de pesos, mientras que a cada habitante le tocaría pagar mil 302.9 pesos.
Mientras que el alcalde de Carrillo Puerto deja deudas y promesas sin cumplir, además de que los ciudadanos lo acusan de inflar los números del informe a su favor.
Deudas con trabajadores y prestadores de servicios contrastan con los números “alegres” que presentó el edil.
Mientras que otros de los alcaldes que serían llamados a cuentas, es el de Tulum, Víctor Mas Tah, que incurrió en graves irregularidades al negar reportes financieros trimestrales a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
Se desconoce entonces sobre cuánto dinero ingresó a sus arcas y en qué fueron aplicados.
Tulum concentra la mayor cantidad de observaciones pendientes con la Auditoría Superior del Estado, derivadas de revisiones a gastos financieros y obra pública.
