*Amparos, lo único que evita que continúe relleno en manglar
Por Dominga Calles Alatorre/Cancún, Quintana Roo.- La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgada en 2005, es un documento fraudulento, fue obtenido presentando documentación falseada, por lo que la MIA debe ser invalidada y la obra debe ser suspendida definitivamente.
Así lo afirmó Gerardo Solís Barreto, Vicepresidente de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos, A.C. y agregó que aún así, de tomarla como fundamento, contiene resolutivos que deben ser cumplidos al pie de la letra o de lo contrario se procede a su anulación. En este caso la MIA exige la protección de las especies. Sin embargo esta condicionante fue incumplida con la aniquilación de ejemplares de fauna silvestre al momento del desmonte y el inicio de los trabajos de relleno, fauna que nunca fue rescatada.
Detalló que en julio el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dijo que habían rescatado fauna, que la llevaron al parque Ecológico Kabah, pero los activistas pronatura realizaron una búsqueda de lo que supuestamente traslado la autoridad y quedó al descubierto que no rescataron nunca nada, ni una sola de las dos mil plantas que aseguran haber llevado.
El intento de engañar a la opinión pública ha sido contante, aseguró: “Hace unos días quisieron sacar unos cocodrilos, con ganchos y cables como si fuesen perros, querían subirlos a unas camionetas, cuando se les preguntó a donde los pretendían llevar dijeron -Nada más los vamos a aventar en la laguna-… los cocodrilos son territoriales, si un animal nuevo invade sus dominios, es atacado”
El traslado e introducción de un espécimen a un nuevo hábitat, -cuando se hace correctamente- conlleva un manejo ambiental que implica la actuación de biólogos y expertos en la materia, es un protocolo normado y que requiere tiempo de adaptación antes de ser liberados a un nuevo ecosistema.
Ante las irregularidades evidentes desde el mes de julio cuando se descubrió el engaño al respecto del traslado de flora, fue formalizada la petición de anulación de esa MIA.
Ahora lo único que ha detenido que continúen rellenando Tajamar, son los amparos presentados en Cancún y en el Distrito Federal, por varios ciudadanos y ciudadanas, ante el Poder Judicial de la Federación, mismos que han logrado ya obtener resolutivos a favor de la defensa del manglar.
El plazo para que los empresarios continúen con los trabajos vence el próximo 8 de febrero.
No obstante, por parte de los empresarios -al ser un asunto de trámite administrativo la cuestión de los permisos- tienen el recurso legal de solicitar un aplazamiento. Existe la versión de que basados en la misma complicación social que les ha generado la protección de la ciudadanía al manglar, los inversionistas ya solicitaron una prorroga de 7 meses.
“Sí, pueden pedir la prorroga, pero aquí lo que se espera de la autoridad es que actúe por oficio para proteger al medio ambiente. En la lógica de que si un particular daña a un cocodrilo, recibe de la ley un castigo que incluso puede costarle la libertad, entonces es sustentado totalmente que quienes ordenaron, protegieron y realizaron la ejecución de fauna y flora en Tajamar, tienen responsabilidad criminal. La muerte de los especímenes es causa suficiente para revocar los permisos”, afirmó el abogado.
De acuerdo a versiones locales, fueron los empresarios italianos quienes decidieron entrar a talar y rellenar el manglar Tajamar ante el apuro de que la fecha fatal del permiso de construcción está por cumplirse. Tras el escándalo social y ambiental desatado por el ecocidio, esos mismos italianos prefirieron no continuar y ya realizaron la venta de su predio, en la búsqueda de salvarse del señalamiento público.
Entre los predios en los que están divididas las 59 hectáreas de Tajamar, también están 5.4 hectáreas que fueron donadas por FONATUR al ayuntamiento de Benito Juárez, mismas que son bien de dominio público. Hasta el momento el alcalde Paul Carrillo de Cáceres no ha explicado porque fueron devastadas.
El Senado de la República, ha emitido ya dos puntos de acuerdo. El primero hace seis meses, en el texto pide a la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras cosas rinda un informe de la averiguación previa que llevan al respecto de las denuncias en contra de los trabajos en Tajamar, así como también se coordinen las acciones para que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ingresen al lugar y realicen la revisión del lugar.
El segundo Punto de Acuerdo, impulsado también por la Comisión de Cambio Climático del Senado, pide la comparecencia de los titulares de SEMARNAT y PROFEPA.
Solís Barreto agregó que la defensa jurídica de Tajamar es intensa: “Ya se presentaron siete denuncias. Cinco de ellas ante la PROFEPA, misma que se declaro incompetente; una ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, pero no ha hecho nada, por lo que esa queja se remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia más fue presentada ante la Comisión de Cambio Climático del Senado, misma que ya emitió los dos puntos de acuerdo por el tema”
“La justicia a veces no es tan expedita. ¿Qué le pasaría a un mexicano si estando en Italia devastara un predio como Tajamar?”, se pregunta el abogado al respecto de la inacción de la autoridad con respecto al ecocidio.
“Aquí lo más triste es que las autoridades que pueden sancionar, sólo dan largas y dicen que están integrando el expediente, pero yo creo que de rodillas porque sí que van lentos”, agregó.
Finalmente recordó que: “De 70 a 80 granaderos fueron enviados a enfrentarse a 30 personas, que en su mayoría eran mujeres que cuidaban el manglar. Habiendo tantos problemas de seguridad pública en Cancún, cual es la justificación para usar a tantos policías, equipo táctico antimotines y armamento de alto calibre en contra de civiles desarmados. No existe justificación, al contrario, es una muestra de que la autoridad con respecto a Tajamar, ya no es juez, más bien es parte”
