- La Unidad de Inteligencia Financiera habría iniciado una pesquisa contra el funcionario que ha recibido protección desmedida de sus “padrinos” de la corrupción Manuel Velasco y Rutilio Escandón, que entregaron al estado al crimen organizado
Por Isaac Mendiola//Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha sido el escenario de una de las más descaradas manifestaciones de corrupción en la historia reciente del estado. Desde los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía, Manuel Velasco Coello, hasta el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la sombra de Luis Manuel García Moreno ha persistido, operando con impunidad y desfachatez durante casi cuatro sexenios consecutivos.
El funcionario es señalado como el principal artífice de un saqueo sistemático, aprovechándose de una institución cuyo propósito es proteger y servir a la comunidad. Según ha trascendido, se prepara una pesquisa a fondo sobre las actividades de García Moreno, quien no solo debería preparar su renuncia, sino también buscar amparo judicial para enfrentar las consecuencias de sus actos. Su gestión ha estado marcada por el desvío de recursos y la manipulación de contratos, dejando un rastro de corrupción que ha enlodado la nobleza de la Protección Civil.
De ahí, indican las fuentes, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal prepare un grueso archivo sobre el cuestionado servidor público que ha recibido sistemática protección de los ‘padrinos’ de la corrupción como Manuel Velasco Coello y el actual mandatario Rutilio Escandón Cadenas, que entregó al estado al crimen organizado.
A lo largo de más de 15 años, amasó, según se ha documentado en medios locales, un patrimonio considerable, incluyendo haciendas, departamentos y propiedades lujosas, todo esto, se dice, a expensas del erario público. Se estima que las transacciones ilícitas son multimillonarias, tal como ocurrió con los aviones oficiales «El Chamula» y «Yaxchilán», ahora pertenecientes a una empresa privada y valuados en millones de dólares.
Los señalamientos también apuntan a su intervención en la política estatal, al utilizar fondos oficiales para financiar campañas de otros candidatos.
