*Pese a la obviedad del cambio de administración, intentan aferrarse a la nómina
Por Dominga Calles Alatorre/SFAS/Chetumal.- Cerca de 3 mil directivos de confianza deberían de haber renunciado desde del pasado jueves 22 de septiembre, último día administrativo del extinto sexenio borgista, sin embargo a casi una semana de consolidarse el cambio de gobierno, algunos aún no han presentado tal renuncia.
Entre ellos –aunque es caso especial dado las reformas legales por el Paquete de Impunidad- se encuentra el Fiscal General, Carlos Arturo Álvarez Escalera y en consecuencia todos los directores de área y jefes de departamento de dicha dependencia.
Al “Fiscal rebelde” y su gente, hay que anexarle que en otras dependencias está ocurriendo algo similar. Los jefes no quieren renunciar.
La argumentación de muchos de ellos es lógica, no quieren perder su sustento familiar. Sin embargo, para trabajadores de confianza no aplica, pues al ser de confianza se cuenta con privilegios que cualquier otro empleado no tendrá, pero se tiene también la condicionante implícita de presentar la renuncia en el momento que se les es requerida. El cambio de gobierno es uno de esos momentos.
Con salarios que van desde los 10 mil pesos mensuales para un Jefe de Oficina, pasando por los 18 mil que cobra un Jefe de Departamento, los 34 mil que recibe un Director, los 49 mil de un Subsecretario hasta llegar a los 103 mil que gana un Secretario, se entiende la preocupación de perder el puesto. Estos son salarios brutos, sin sumar prestaciones ni viáticos que son una cifra adicional y van de acuerdo al Tabulador de Sueldos Vigentes en 2016 y publicados en la página de Transparencia del Gobierno del Estado.
Los jefes que se niegan a renunciar, aspiran a dos supuestos: Que les indiquen permanecer en sus puestos o que les paguen su liquidación.
Lo primero puede ocurrir pues la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), conjuntamente con la Oficialía Mayor están realizando un análisis de perfiles y desempeños de las personas que ocupan puestos de altos niveles en las dependencias, para evaluar méritos y responsabilidad, lo que significa que no por contar con las renuncias entregadas todas tienen que ser ejecutadas.
Lo segundo, la liquidación económica, no ocurrirá, sencillamente porque se trata de puestos jerárquicos gubernamentales de confianza, que no gozan de ese derecho.
Será a más tardar en el mes de noviembre cuando se concluya con el proceso de evaluación de desempeño a los anteriores altos mandos, que aún prevalecen.
