- Con una entidad en manos del crimen organizado, el morenista, quien desde que estalló la crisis de inseguridad se encuentra virtualmente desaparecido, busca blindarse antes de entregar el cargo
- La nueva ERA tendrá que ponerse listo si no quiere que le pasen el strike
- Al aún mandatario chiapaneco, instancias federales lo investigan por presunto enriquecimiento, atribuyéndole propiedades que se calculan en cerca de 500 millones de pesos
Por Isaac Mendiola/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El robo de documentación ‘confidencial’ de la Auditoría Superior de Chiapas, a menos de un mes de la transición de gobierno, es un acontecimiento alarmante que ha merecido la reprobación de la sociedad chiapaneca y líderes sociales, porque los políticos en el poder callaron como momias.
Este acto no puede ser considerado una simple coincidencia, especialmente cuando involucra cajas con información crítica para la rendición de cuentas del gobierno saliente. La cercanía del suceso con la entrega de la administración despierta sospechas sobre posibles maniobras para ocultar irregularidades y dificultar la revisión de cuentas en el cambio de gobierno, poniendo en entredicho la integridad de los funcionarios actuales y los mecanismos de seguridad de la auditoría, han dicho los chiapanecos.
El hecho de que el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas, haya sido señalado en investigaciones federales por presunto enriquecimiento ilícito y propiedades multimillonarias en varias entidades, refuerza la percepción de que este robo no es aislado, sino que podría estar vinculado a una intención premeditada de ocultar pruebas.
De acuerdo a las versiones federales, con un valor estimado de propiedades que ronda los 500 millones de pesos y la sospecha sobre su círculo cercano, este caso adquiere una gravedad mayor, dado que lo sustraído pudo haber sido documentación clave para futuras investigaciones sobre posibles actos de corrupción durante el mandato de Rutilio.
Además, el silencio del gobernador en los últimos meses frente a la crisis de inseguridad en Chiapas han creado un clima de impunidad que permite este tipo de delitos. Su ausencia en momentos de alta tensión en el estado, combinada con este tipo de eventos, proyecta una imagen de abandono institucional, donde las dependencias encargadas de la vigilancia y protección de la transparencia se siguen cubriendo de lodo.
La aparente permisividad ante este robo indica una falta de interés en la rendición de cuentas que resulta sumamente preocupante.
Por otro lado, aunque la Fiscalía General del Estado –también señalada por esta minada por el crimen organizado- anunció investigaciones, es difícil no cuestionar si realmente se llegará al fondo del asunto, especialmente si este caso afecta a funcionarios de alto rango. Las declaraciones de figuras políticas que rechazan los hechos y claman por justicia son necesarias, pero es importante que estos pronunciamientos se traduzcan en acciones contundentes y no en mas bla bla bla. De lo contrario, esta pérdida de documentos podría quedar como un episodio más de impunidad y corrupción en la historia reciente de Chiapas.
El robo en la Auditoría Superior de Chiapas, como lo han señalado los analistas, se suma a una serie de señales alarmantes sobre el manejo y la transparencia del actual gobierno estatal. Si no se esclarecen rápidamente los hechos y se imponen sanciones a los responsables, se fortalecerá la percepción de que el crimen y la corrupción tienen un papel activo en las estructuras de gobierno. Copyright SFAS
