- La secretaria de Gobierno aclara que no habrá acuerdos que perpetúen la concesión y asegura que las acciones legales buscan proteger los derechos ciudadanos y el medioambiente
Por Agencias SFAS/Cancún, QRoo.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, reafirmó el compromiso del Estado en la defensa de los derechos ciudadanos frente a la empresa concesionaria Aguakan.
Durante una conferencia de prensa, destacó que el hartazgo social generado por deficiencias en el servicio de agua potable y drenaje, así como cobros indebidos, llevaron a una consulta popular en la que la mayoría de los ciudadanos expresaron su rechazo a la concesión.
Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno ha realizado auditorías técnicas, financieras y operativas para evaluar la legalidad y eficiencia del contrato con Aguakan. Como resultado, se detectaron diversas irregularidades que dieron lugar a la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la correcta gestión de los recursos hídricos en la entidad.
DEMANDA ANTE LA FGR
Cristina Torres reveló que la concesión otorgada en los años noventa fue prorrogada de manera ilícita en 2014 hasta el año 2053 y extendida a un municipio adicional, Solidaridad. Derivado de ello, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual encontró elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC. Un juez federal determinó que existen pruebas del delito de Promoción de Conductas Ilícitas.
En materia de salud y medioambiente, estudios realizados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaría de Salud y otras instancias detectaron contaminantes en el agua potable que superan los límites permitidos por las normas oficiales. Asimismo, el análisis de aguas residuales operadas por Aguakan reveló la presencia de coliformes fecales y E-coli, generando riesgos sanitarios y afectaciones al medio ambiente.
Respecto a la reciente reunión con representantes de DHC, la secretaria de Gobierno aclaró que fue solicitada por la propia empresa y tuvo como objetivo principal salvaguardar las inversiones de las Afores y los derechos laborales de los trabajadores. Enfatizó que el Estado no ha realizado acuerdos que impliquen la continuidad de la concesión y que Aguakan propuso vender sus activos al Gobierno, oferta que fue rechazada categóricamente.
Cristina Torres subrayó que la acción del Gobierno del Estado no constituye un riesgo para la inversión privada ni para las Afores, sino que busca garantizar la transparencia y el respeto a la legalidad. «El agua es un derecho humano, no un privilegio ni un instrumento de enriquecimiento para unos cuantos», concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno de Quintana Roo con el bienestar de la población y la defensa de sus recursos naturales.
