- “El Abuelo» está blindado desde el Senado por mano toda poderosa que mueve los hilos para darle impunidad, a dos años de los hechos violentos en Tabasco
- Este 23 de diciembre comparecerá el exsecretario de Seguridad Pública; hasta la fecha no ha embarrado a nadie y permanece en silencio, mientras su compinche legislador hace todo a su alcance para que la justicia sea inclinada a favor de las cabezas de “La Barredora» que actuaron como grupos terroristas ligados a la policía estatal, municipal y federal
- Mientras los criminales de este cártel son protegidos y algunos puestos ya en libertad; víctimas que sufrieron los estragos de este cáncer y por defender a su familia, permanecen recluidos en el penal de Villahermosa; tal es el caso del empresario Jorge Zavala Torres, a quien el sistema corrupto le ha negado la oportunidad de llevar su proceso en libertad, por haber quitado de esta vida al policía federal de la FGR, Misael Castillo Márquez “El Ruso”, identificado como integrante de “La Barredora”, junto con su “madrina”, Fernando Herrera Pérez, quienes lo extorsionaban, lo secuestraron, lo tablearon, y la gota que derramó el vaso: iban a levantar a esposa e hijos
- Hecho al que se habría prestado otro abogado, quien fue del desaparecido grupo GOPES, Pedro Gutiérrez Acuña, a quien lo corrieron en ese entonces por su relación con secuestros; y hoy es un flamante testigo sobre el caso del humilde empresario a quien este delincuente quería quitarle una empresa, coludido con federales al servicio de los de la escoba
Por Agencias SFAS/Villahermosa, Tabasco.- A casi dos años de la ola de violencia que sacudió a Tabasco, los nombres de Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López Hernández continúan apareciendo como una dupla incómoda para el poder, pero intocable ante la justicia. Este 23 de diciembre comparecerá el exsecretario de Seguridad Pública “El Abuelo”, señalado por su relación con estructuras criminales, sin que hasta ahora haya “embarrado” a nadie ni roto el silencio. Mientras tanto, desde el Senado, una mano política poderosa, atribuida a su aliado legislador Adán Augusto López Hernández, mueve los hilos para inclinar la balanza y mantener la impunidad de las cabezas de “La Barredora”, organización ligada a células incrustadas en corporaciones estatales, municipales y federales.
Aunque este 23 de diciembre el exsecretario de Seguridad Pública deberá comparecer ante las autoridades, hasta hoy no ha señalado a nadie ni ha aportado información que permita desmantelar las redes criminales que operaron bajo su gestión; por el contrario, ha optado por el silencio. Mientras tanto, su compinche legislador utiliza su influencia para torcer la balanza de la justicia y favorecer a las cabezas del grupo criminal conocido como “La Barredora”, una organización señalada por actuar como un grupo terrorista con vínculos dentro de corporaciones policiales estatales, municipales e incluso federales, dejando una estela de violencia que aún no encuentra castigo.
El contraste es brutal. Mientras presuntos criminales obtienen beneficios legales e incluso la libertad, víctimas de ese mismo entramado permanecen encarceladas. El caso del empresario Jorge Zavala Torres se ha convertido en emblema de esa justicia torcida: recluido en el penal de Villahermosa, se le ha negado llevar su proceso en libertad pese a alegar que actuó en defensa propia tras una cadena de extorsiones, secuestro y tortura. Su agresor era un policía federal de la FGR, Misael Castillo Márquez “El Ruso”, identificado como integrante de “La Barredora”, junto con su «madrina», Fernando Herrera Pérez, quienes incluso amenazaron con secuestrar a su esposa e hijos.
En ese mismo expediente reaparece un nombre que remite a viejas heridas abiertas: Pedro Cuauhtémoc Gutiérrez Acuña, exdirector del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), disuelto en 2018 tras la difusión de un video en el que un grupo armado lo acusó públicamente de promover secuestros y extorsiones desde esa unidad élite. Aunque fue separado del cargo y obligado a renunciar, nunca hubo una explicación institucional de fondo. Hoy, Acuña figura como testigo en el caso del empresario, mientras se le señala por presunta colusión con federales y por intentar despojarlo de su empresa, en un esquema que recuerda demasiado al pasado.
La historia parece repetirse con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT Olmeca), creada bajo el discurso de combatir secuestro y extorsión, pero que ahora enfrenta señalamientos sociales por presuntas prácticas similares. No son sentencias aún, pero las acusaciones crecen y el patrón inquieta. En Tabasco, el mensaje vuelve a ser el mismo: los nombres del poder político y policial flotan por encima de la ley, mientras los ciudadanos pagan el costo de una justicia selectiva que castiga al débil y protege al fuerte.
