- La justicia siempre llega; un juez veracruzano dictó arraigo domiciliario para que lleve su proceso en libertad; el comunicador, entre sollozos, reconoció y agradeció al juzgador que llevó su caso y, a la presidenta de la República su intervención
• Queda un precedente para la Fiscalía corrupta y criminal de Veracruz, de no volver a cuadrar delitos, para ganar la gracia de una gobernante como Rocío Nahle, que recibió jalón de orejas por parte de la presidenta, quien siempre está del lado de la justicia
• Claro, esto no debe de ser aprovechado por quienes se dicen opositores al régimen, mucho menos por aquellos que se amparan en el periodismo para delinquir, esto es un asunto netamente de comunicadores independientes, reconoció el gremio jarocho
Por Agencias SFAS/Veracruz.- Tras más de seis horas de audiencia, el periodista de nota roja Rafael “Lafita” León Segovia abandonó el penal regional Duport Ostión para continuar su proceso jurídico bajo arraigo domiciliario, luego de que un juez veracruzano determinara que enfrentará las acusaciones en libertad. La resolución fue interpretada como una corrección judicial frente a una actuación ministerial cuestionada desde el ámbito político y periodístico en Veracruz.
El comunicador permaneció seis días recluido por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento, contra las instituciones de seguridad pública y terrorismo, aunque este último fue retirado por la propia Fiscalía. Entre sollozos, León agradeció al juez que llevó su caso y reconoció la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que su participación marcó un alto a una imputación desproporcionada que terminó por exhibir a la administración estatal encabezada por Rocío Nahle.
Rafael León acusó que su detención fue una represalia directa por su labor periodística y denunció diversas irregularidades, como la falta de identificación de los agentes, la negativa para realizar una llamada y el presunto robo de una suma de dinero. El caso deja un precedente incómodo para la Fiscalía de Veracruz y para el gobierno estatal, al evidenciar —según el gremio— prácticas de “cuadrar” delitos graves para ganar legitimidad política ante el poder.
Por su parte, su hijo Gardiel Josué León Oropeza sostuvo que el proceso es resultado de una fabricación de delitos y exigió justicia, mientras que el gremio periodístico jarocho advirtió que este episodio no debe ser capitalizado por falsos opositores ni por quienes se escudan en el periodismo para delinquir, al tratarse —subrayaron— de un asunto estrictamente de comunicadores independientes y de la defensa del ejercicio periodístico frente al uso faccioso de la justicia.
