•Irónico y revelador: así la llamó el exgobernador a la nueva mandataria interina, Yeraldine Bonilla. El mensaje es claro y sin disfraz: yo te hice, no lo olvides.
•Para muchos, la exdiputada —hoy colocada en el poder— no llega a gobernar, sino a cubrirle la espalda. A contener el daño, a tapar lo que apesta, a intentar limpiar la estela de corrupción del funcionario señalado por Estados Unidos como narcopolítico. La discípula de Rocha Moya asumió en medio del caos: una brutal balacera sacudió una plaza de Culiacán la noche de este domingo, como si el propio estado le diera la “bienvenida” con sangre.
•La desaparición del senador Enrique Inzunza abre otra grieta: ¿busca protección de Estados Unidos para convertirse en testigo protegido y terminar de hundir el barco? ¿O huye para no ser eliminado por el mismo sistema al que sirvió? Las preguntas crecen, el silencio pesa.
•Los «Chapitos» repartieron en sobornos millones de dólares al gobierno de Sinaloa.
Por Pedro Pablo Jaramillo
Agencias SFAS / Culiacán, Sinaloa; 03 de mayo de 2026.—
Rocha Moya no está acabado. No del todo. Ha movido piezas para dejar a una incondicional al frente del estado, en un intento desesperado por blindarse desde México, apostar a una justicia domesticada y, eventualmente, regresar limpio… o al menos absuelto en el papel.
Pero la presión viene de fuera y no da tregua. En Estados Unidos, los testigos protegidos siguen hablando, soltando nombres, embarrando a funcionarios de todos los niveles. Lo que resulta escandaloso no es solo lo que dicen, sino que haya tenido que intervenir una potencia extranjera para exhibir la podredumbre del sistema político mexicano, infiltrado hasta la médula por el crimen organizado.
La jugada de refugiarse bajo el manto de la justicia mexicana parece condenada al fracaso. A estas alturas, la pregunta no es si lo protegerán, sino cuándo lo entregarán. Washington ya dejó claro que puede ir por él. El miedo a una captura directa obligó a optar por una salida “institucional”, vía la FGR. Pero la duda persiste: ¿lo cuidarán… o lo soltarán? ¿O simplemente lo borrarán del mapa?
Ahí se juega el desenlace de uno de los gobernadores más señalados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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RECIBEN A LA “MESERITA” CON BALAS Y MUERTOS
La noche de este domingo, una feroz balacera estalló en una concurrida plaza de Culiacán. El saldo: varios muertos. Fue necesaria la intervención de la SEDENA para contener una violencia que ya es rutina en este estado del norte.
Sinaloa arde: territorio de “Los Chapitos”, plaza en disputa con “La Mayiza”, donde las traiciones se pagan con sangre, y las vendettas no se negocian.
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ADVIERTEN: LA JUSTICIA DE EU LES VA A ALCANZAR
El Departamento de Justicia fue tajante: no hay escondite suficiente. La DEA no detendrá sus investigaciones y cualquier funcionario que haya colaborado con el crimen organizado enfrentará cargos en cortes federales de Estados Unidos.
LOS SOBORNOS: LO QUE REPARTÍAN “LOS CHAPITOS”
De acuerdo con las investigaciones, los pagos mensuales a funcionarios habrían sido:
Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa: 11,000 dólares por proteger al cártel y alertar sobre operativos binacionales.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación: 300 mil pesos.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación: 300 mil pesos.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “El Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal: 100 mil pesos.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán: 1,600 dólares por poner la fuerza pública al servicio del cártel para detenciones, secuestros y ejecuciones.
En conjunto, los sobornos habrían sumado millones de dólares, según el Departamento de Justicia estadounidens.
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CRECE LA LISTA NEGRA DE NARCOPOLÍTICOS
Entre los señalados figuran:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Y otros altos mandos de seguridad y procuración de justicia.
Los cargos incluyen conspiración para tráfico de narcóticos, posesión de armamento de alto poder y dispositivos explosivos. Las penas van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Los fiscales sostienen que Rocha Moya recibió apoyo directo de “Los Chapitos” durante su campaña en 2021 —incluyendo intimidación y secuestros de adversarios— y que, a cambio, ofreció protección al cártel antes y después de asumir el poder.
