•El Departamento de Justicia endurece su ofensiva y triplicará acusaciones contra políticos vinculados al narcotráfico
•La medida no solo alcanzaría a funcionarios morenistas; en Estados Unidos advierten que la ley irá contra cualquier servidor público, sin importar el partido político. Panistas, priistas, petistas, verdes o emecistas que colaboren con el narcoterrorismo podrían enfrentar cargos internacionales por terrorismo.
Por: Emili Gastón SFAS/ Nueva York, EE. UU.—
De acuerdo con información surgida desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se emitió una directiva dirigida a los 93 fiscales federales de la unión americana para reforzar y ampliar las investigaciones contra funcionarios extranjeros presuntamente ligados al crimen organizado.
El objetivo, según trascendió en reuniones internas, es elevar las acusaciones a cargos de terrorismo cuando existan elementos de corrupción, financiamiento, protección o colaboración con organizaciones criminales.
La ofensiva alcanzaría a personajes del círculo político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aunque las autoridades estadounidenses habrían dejado claro que la medida no distingue colores partidistas.
Aakash Singh, procurador adjunto, habría instruido a los fiscales federales a profundizar las investigaciones contra funcionarios corruptos extranjeros y triplicar las acusaciones cuando las acciones de estos fortalezcan estructuras criminales consideradas por Washington como organizaciones terroristas.
La postura del gobierno estadounidense se remonta a la orden ejecutiva firmada el año pasado por el presidente Donald Trump, quien declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
LA LEY EN EE. UU. IRÍA CONTRA TODOS
Funcionarios mexicanos que sean señalados de proteger, financiar, recibir sobornos o coludirse con grupos del narcotráfico podrían enfrentar procesos en cortes federales estadounidenses bajo cargos relacionados con terrorismo internacional.
La advertencia habría sido contundente: ningún partido político quedaría exento si existen pruebas de vínculos con el narcoterrorismo.
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