- Documentos internos señalan posibles errores estructurales de TECHINT en instalaciones estratégicas, mientras persisten dudas sobre el accidente que cobró la vida de un trabajador en 2023
Por Lino Zentella/SFAS/Villahermosa, Tabasco.- La muerte del trabajador José Manuel Landero López en la Refinería Olmeca de Dos Bocas continúa generando cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en una de las obras energéticas más importantes del país. A casi tres años del accidente ocurrido durante trabajos previos a una prueba hidráulica en la planta UDA, nuevos documentos y denuncias internas vuelven a colocar en el centro de la polémica a TECHINT Ingeniería y Construcción, empresa perteneciente al conglomerado industrial que encabeza el empresario italo-argentino Paolo Rocca.
De acuerdo con testimonios de trabajadores y reportes técnicos que han salido a la luz, el joven de 26 años habría realizado actividades especializadas distintas a las establecidas en su categoría laboral. Aunque oficialmente la empresa informó que se desarrolló una investigación interna, familiares y empleados han cuestionado la falta de transparencia en torno a las causas que derivaron en el fallecimiento del obrero.
La controversia se amplió tras la aparición de reportes confidenciales elaborados en 2025, en los que se advierten presuntas deficiencias estructurales en el denominado Paquete 4 de la refinería, área donde TECHINT, bajo la dirección corporativa de Paolo Rocca, participó en la construcción de plantas para el tratamiento de agua, regeneración de aminas, manejo de efluentes y cogeneración. Los documentos alertan sobre posibles errores de cálculo que habrían comprometido la confiabilidad de diversos sistemas industriales.
Según las denuncias técnicas, los problemas estarían relacionados con fallas en la conversión de unidades durante el diseño de tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio, situación que habría alterado parámetros fundamentales para determinar la resistencia y comportamiento de los materiales bajo presión. Esta condición pudo provocar que los modelos computacionales arrojaran resultados alejados de las condiciones reales de operación.
Los reportes fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su análisis. Mientras las autoridades determinan si existen responsabilidades administrativas o penales, el caso mantiene vigencia por tratarse no sólo de una discusión técnica sobre la seguridad de la infraestructura, sino también de la búsqueda de justicia para una familia que perdió a su principal sostén a causa de un accidente cuyas circunstancias siguen generando dudas.
