- El mismo patrón que se vio en el caso Bermúdez, líder de “La Barredora” en Tabasco
- Mientras Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones por nexos con Los Chapitos, el Gobierno mexicano optó por reservar las comunicaciones oficiales sobre el exgobernador de Sinaloa y el aún senador
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó clasificar por cinco años toda la información relacionada con las comunicaciones sostenidas entre México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
La dependencia argumentó que hacer públicos esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales y vulnerar la confidencialidad de los intercambios diplomáticos.
La reserva ocurre en medio del mayor escándalo político que ha enfrentado Rocha Moya. Autoridades de Estados Unidos lo señalaron ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York de mantener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a cuyos integrantes se les atribuye haber brindado respaldo para su llegada al poder y recibido posteriormente protección institucional.
La acusación también alcanza al senador Enrique Inzunza y a otros exfuncionarios del gobierno sinaloense, mientras la investigación estadounidense se sustenta, en parte, en la colaboración de integrantes del propio grupo criminal que han decidido cooperar con la justicia de ese país.
La decisión de mantener bajo llave el expediente reavivó las críticas por un presunto patrón de opacidad en casos de alto impacto. Analistas y actores políticos recuerdan que una situación similar ocurrió con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de «La Barredora». Durante meses, la información relacionada con las investigaciones permaneció rodeada de hermetismo, mientras avanzaban procesos judiciales por delincuencia organizada, secuestro, extorsión, desaparición forzada y otros delitos. Hoy, con Bermúdez procesado y Rocha Moya bajo investigación internacional, los cuestionamientos apuntan a que, en lugar de transparentar expedientes de enorme interés público, la respuesta institucional ha sido restringir el acceso a la información.
