- ¿Lo que viene obedece a la información que proporcionó el exsecretario de Seguridad al gobierno de Trump?… Ahora se le trata como testigo protegido
- ¿Entonces habrá nuevos episodios fuertes?
Por Isaac Mendiola /SFAS/ Nueva York, EU.- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto y ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El movimiento ocurre mientras trascienden versiones de que el exfuncionario podría estar colaborando con fiscales estadounidenses, aunque oficialmente no se ha confirmado que haya ingresado al programa de testigos protegidos.
Mérida, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo y enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de armamento, fue secretario de Seguridad durante el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, quien es acusado por Estados Unidos de ser aliado del cártel de Los Chapitos. En las pesquisas estadounidenses también ha sido mencionado el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, en un expediente que ha generado presión sobre el círculo político de Sinaloa. La salida de Mérida abre la interrogante sobre qué información pudo haber proporcionado y hasta dónde podría llegar una eventual cooperación.
El hecho de que Mérida haya dejado la prisión federal no necesariamente significa que esté libre. De acuerdo con versiones periodísticas, podría continuar bajo custodia de otra autoridad federal mientras se define su situación. Lo que sí resulta relevante es que el exsecretario habría estado bien asesorado para entregarse a las autoridades de Estados Unidos y aportar toda la información que tuviera a su alcance, una decisión que podría tener consecuencias para quienes aparezcan en sus declaraciones.
El movimiento en el caso Mérida ocurre justo cuando Washington elevó la presión sobre el círculo político del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El caso más visible es el de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, a quien Estados Unidos le revocó la visa, decisión que él mismo confirmó y que atribuyó a una determinación política. El gobierno estadounidense, sin embargo, no ha revelado públicamente las razones específicas de la cancelación.
La situación abre además interrogantes sobre el resto de los hijos del expresidente: José Ramón López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, quienes, de acuerdo con versiones difundidas, también estarían en la mira de las autoridades estadounidenses para el retiro de sus visas. Sus nombres han aparecido en denuncias y señalamientos relacionados con presuntas redes de huachicol fiscal y tráfico de influencias.
Así, mientras Mérida Sánchez deja la prisión de Brooklyn en medio de versiones sobre una posible negociación con fiscales estadounidenses, Andy López Beltrán enfrenta la cancelación de su visa y el entorno familiar de López Obrador vuelve a quedar bajo los reflectores. Al mismo tiempo, el caso mantiene bajo presión al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza. La pregunta que queda sobre la mesa es si lo ocurrido con Mérida representa apenas el comienzo de nuevos episodios y si la información que habría entregado a las autoridades estadounidenses detonará acciones de mayor alcance.
