Familiares de internos exigen al gobernador Alejandro Armenta poner fin a la red criminal que, aseguran, opera desde las entrañas del sistema penitenciario poblano.
¡Acusan directamente a los directivos penitenciarios Jorge Ortiz Delgadillo y David Uriel Rivera Jiménez, así como al titular de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, de permitir, proteger o encabezar la red de corrupción, extorsiones y cobro de piso que mantiene sometidos a internos y familiares! La presión es al gobernador Armenta Mier de actuar contra sus propios funcionarios.
Por: Isaac Mendiola / SFAS / Puebla, México.—
La red de corrupción, extorsión y cobro de piso que opera al interior del sistema penitenciario poblano provocó la indignación de familiares de personas privadas de la libertad, quienes bloquearon la autopista México-Puebla, a la altura de Xoxtla, para exigir la intervención inmediata del gobernador Alejandro Armenta.
Los manifestantes lanzaron graves señalamientos contra Jorge Ortiz Delgadillo, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, y David Uriel Rivera Jiménez, subsecretario de Centros Penitenciarios, a quienes responsabilizan de permitir, tolerar o participar en una presunta estructura de extorsión y corrupción dentro de los reclusorios.
Las protestas también alcanzaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Francisco Sánchez González, cuyos funcionarios son señalados por los inconformes de presuntamente mantener vínculos con una red criminal que tendría sometidos a los internos y sus familias.
«¡Ni siquiera dentro de la cárcel pueden vivir en paz!», denunció una mujer de avanzada edad, quien aseguró que la extorsión se ha convertido en una carga insoportable para miles de familias que, además de enfrentar el encarcelamiento de sus seres queridos, deben reunir dinero para evitar que sean víctimas de abusos, calabozos y tablazos.
En el penal, denunciaron otros manifestantes, los internos son obligados a pagar supuestos derechos de piso, talachas y cuotas ilegales. También acusaron la existencia de extorsiones y secuestros exprés, prácticas que atribuyen a grupos que operarían bajo la protección o complicidad de autoridades penitenciarias.
«¡Estamos cansadas! Para todo nos piden dinero. La corrupción viene desde abajo y alcanza hasta los directores. Son millones los que presuntamente obtienen mediante extorsiones, venta de drogas, alcohol y otros ilícitos que se permiten dentro del penal», expresó otra de las inconformes.
Las denunciantes también señalaron prácticas de trata de personas y otras actividades ilícitas que, aseguran, se desarrollarían al amparo de una estructura criminal enquistada en el sistema penitenciario.
El reclamo es directo contra el gobernador Alejandro Armenta: exigen que intervenga y ponga fin a los abusos que, según sus testimonios, padecen diariamente las familias y las personas privadas de la libertad.
Advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta obtener una respuesta y acciones concretas del mandatario poblano.
La exigencia va más allá de remover funcionarios: quieren que se investigue, se castigue a quienes resulten responsables y se desmantele la red criminal que, según las denuncias, ha convertido las cárceles en centros de extorsión y corrupción. ¡Porque estar preso no significa perder los derechos ni convertirse en presa de quienes deberían garantizar la seguridad!
