- Exhibe lista de periodistas con los que tiene convenios para que no lo golpeen
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Siempre tan oscuro e incongruente en la administración de recursos del Congreso de Quintana Roo, el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, les paga más de 2.6 millones de pesos mensuales a 53 periodistas y medios de comunicación, vía “convenios”, para evitar publicaciones en su contra.
Por el contrario, el funcionario es calificado de “piojo” por negarse a financiar proyectos de altruismo ciudadano.
Pero además de “presumir” públicamente la erogación en prensa, por aquello de la supuesta “transparencia”, sin embargo, los recursos no le llegan a todos los periodistas locales ni en la misma proporción.
Así, los 2 millones 615 mil 762 pesos mensuales que revela y hasta presume, de distribuirse de manera pareja a cada periodista o medio, cada proveedor, si Pitágoras no se equivoca, recibiría alrededor de 49 mil 354 pesos al mes por servicios publicitarios.
Y hete aquí que la supuesta transparencia de la XV Legislatura presenta su flanco vulnerable y hasta injusto, ya que, a decir de cualquiera, coloca en la misma canasta a todos los periodistas, aunque con toda la justificación del mundo algunos reciban sólo 5 mil, y otros 150 mil, dependiendo de la fortaleza del medio o del posicionamiento del periodista.
Con la lista de los 53 periodistas y medios y publicados, los 2 millones 615 mil 762 pesos dejan en una posición vulnerable a la mayor parte de los periodistas, ya que no se difundió con precisión el monto asignado en los convenios, que son perfectamente válidos.
Empero, publicar esa lista -oficialmente completa- no constituye un acierto periodístico porque aporta fuego al linchamiento de compañeros y medios de comunicación incluidos por una transparencia que el Congreso aplica a su conveniencia, al descubrir granos de trigo, pero ocultar toneladas de avena.
Por otro lado, a pesar de percibir onerosos salarios y envidiables prestaciones, Martínez Arcila y sus compañeros del Congreso se comportaron como “piojos” al regatear su apoyo a un evento gastronómico con causas altruistas que se realizaría el 25 de junio en Playa del Carmen, por lo que se pospuso para el próximo 22 de julio.
Se trata del Primer Festival Internacional de Paella del Caribe Mexicano, que apoyará a tres causas sociales, en Solidaridad, Tulum y Bacalar, con un costo de 500 pesos para adultos y 250 para niños.
El motivo por el que no se pudo realizar en la fecha programada fue la escasa venta de boletos vía donativo, enfocada sobre todo a funcionarios, pero no hubo respuesta favorable en Othón P. Blanco, donde sólo apoyó cerca de una decena de funcionarios, según el Consejo de Organizaciones, Nacional y Estatal Quintanarroense (Conesqroo)
Más preocupante e indignante fue cuando acudieron al Congreso del Estado, donde, pese a los altísimos salarios de los diputados, éstos dieron un rotundo NO.
Peor aún, la mayoría de ellos exigió un oficio para que pudieran justificarlo como gasto, pese a que no se pidió el donativo como parte del erario público, sino que hicieran su aportación como ciudadanos, que pusieran el ejemplo a la sociedad civil, en el sentido de que Quintana Roo contaba con funcionarios con sensibilidad humana.
Durante los primeros días de septiembre pasado, cuando se supo que Roberto Borge y su pandilla habían sido los más grandes saqueadores en toda la historia de Quintana Roo, Martínez Arcila y media docena de «combativos» legisladores tomaron como vándalos por asalto el Congreso, rompieron puertas, ventanas y todo lo que hallaron a su paso, brincaron sillas, curules y se apoderaron de la mesa del presidium.
Con gritos estridentes e insultos, Martínez Arcila, Fernando Zelaya Espinoza, Mayuli Martínez Simón, Emiliano Ramos, José Esquivel Vargas y Laura Beristáin, entre otros, advirtieron que por ningún motivo aprobarían el «paquete de impunidad» que pretendía imponer el todavía gobernador para que le cuidaran las espaldas y evadir a la justicia.
El más violento, agresivo, gritón, primero en irrumpir en el recinto oficial y advertir: “no burlará la ley ese bandido, recibirá su castigo al igual que sus cómplices”, fue precisamente Martínez Arcila, cuyos gritos de reclamo fueron para que no se aprobaran los nombramientos que protegerían “al más grande bandido de Quintana Roo, el cozumeleño Roberto Borge y su pandilla”, acusaba.
Hoy, esos diputados que encabezaron los actos vandálicos contra las
instalaciones del Congreso, principalmente Martínez Arcila, que aseguró en diversas ocasiones haber comprobado millonarios desvío en el Congreso -a los que nos hemos referido permanentemente- así como de más de 6 mil millones de pesos del presupuesto estatal, sigue guardando ominoso silencio.
La misma pasividad y sometimiento muestra Ramos Hernández, quien en esa ocasión, documentos en mano, afirmaba que no habría impunidad y que ya había demandas presentadas ante la Fiscalía Federal para encarcelar al ex mandatario y a sus compinches.
También los diputados Zelaya Espinosa, Mayuli Martínez Esquivel Vargas y Laura Beristain utilizaron el mismo tono de acusaciones y daban entrevistas a diestra y siniestra, con lujo de detalles en cuanto a los desvíos millonarios.
Hoy, se mantienen mudos. No ven, no oyen y menos hablan
A siete meses de la gestión de Carlos Joaquín González, es claro el dobles moral de los legisladores; se hace más que evidente. Ya no quieren comentar el tema, si acaso se limitan a murmurar y cuchichear en corrillos, aceptándose incapaces de cumplir lo que ellos mismos exigían.
¿Su pretexto? Ser solamente simples gestores, que sólo podrían llamar a los servidores y ex servidores públicos para cuestionarlos, pero nada más.