+ Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su papel de distribuidor de recursos para promotores al voto en favor de los candidatos de los partidos afines al Gobierno, está a punto de repetir como diputado, vía plurinominal
+ En menos de dos años ha gastado más de mil millones de pesos; ha roto los récords de todos los tiempos en materia de despilfarro
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Chetumal.- Rodeado de “asesores” y consejeros pagados con recursos del Congreso del Estado, entre ellos personajes cercanos a los ex gobernadores Roberto Borge y Félix González, así como del ex alcalde Carlos Mario Villanueva Tenorio, el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, ve acercarse su meta de seguir colgado de la “ubre”.
A unos días de concluir las campañas locales más grises en la historia de Quintana Roo para la elección de diputados locales, nuestro personaje, en su papel de distribuidor de recursos para los promotores al voto en favor de los candidatos de los partidos afines al Gobierno del Estado, particularmente del PAN, está a punto de repetir como diputado, vía plurinominal.
DEPILFARRO A MANOS LLENAS
Para ese efecto, el funcionario, que en menos de dos años ha gastos más de mil millones de pesos en la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, ha roto los récords de todos los tiempos en materia de despilfarro, sobre todo este año, en el que ha contado con todo el dinero del mundo para que el gobernador mantenga tres años más su control sobre los nuevos diputados.
El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, debe de ser inhabilitado de su cargo por la no comprobación de los 100 millones de pesos erogados para «ayudas sociales», dinero que salió de las arcas del Poder Legislativo, pero no fue entregado a sus destinatarios.
Pero además, como señaló la periodista Graciela Machuca Martínez el 15 de mayo último, habrían transcurrido 398 días en que el panista Martínez Arcila NO había comprobado 100 millones de pesos que decía haber gastado en “ayuda social”, desde luego solapado desde las más altas esferas del gobierno con cuya alianza llegó al poder hace cerca de 3 años.
Ante esta circunstancia, como bien argumenta el portal Sol Quintana Roo, autoridades legislativas, diputados titulares y suplentes deberían de meter las manos a favor de la ciudadanía si en verdad estuvieran comprometidos con Quintana Roo y con el crecimiento y bienestar de los quintanarroenses.
LA MAFIA DEL CONGRESO
De no estar coludidos con la mafia del “Congreso del cambio”, debieron encarar a Martínez Arcila y solicitar su inhabilitación inmediata, así como exigir cuentas claras sobre el caso y, de ser culpable, destituirlo y enjuiciarlo como están siendo juzgados quienes han dañado el patrimonio de Quintana Roo ¿Están coludidos o también recibieron dádivas del dinero desaparecido?
Ante las reformas a los Artículos 72, 75, 60, 162 y 163 de la Constitución política del Estado, con lo que se dijo adiós al fuero legislativo, el ahora candidato plurinominal aún puede ser sentado en el banquillo de los acusados para aclarar de manera puntual, real y sin maquillaje el destino de los 100 millones de pesos destinados para “ayudas sociales”.
¿Qué ha hizo Martínez Arcila con el dinero del pueblo?, es la pregunta de todo mundo, empresarios, cámaras, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, ciudadanos, a quienes señala directamente el político de haberlos ayudado con ese dinero, es decir, haber sido supuestos beneficiados.
La respuesta más directa y simple sería: Se lo repartió en lujos, viajes, propiedades, familia, amigos y sus 24 cómplices del Congreso, aunque seguramente una buena parte en su propia campaña.
Nieto del primer gobernador de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, durante su gestión demostró ignorar que es ser presidente de la Gran Comisión, pero, a cambio, demostró tener afiladas las uñas y ser experto mago en las finanzas, que ¡desapareció hasta los centavos!
LA ESTAFA
Su primera gran estafa al frente del Congreso, sin licitación y en beneficio de empresas “amigas” -pertenecientes al grupo del desaparecido Rafael Moreno Valle Rosas y que apoyaron al PAN en 2016- fue entregar 4.2 millones de pesos a PROFETI Consultores S.A. de C.V. y Consorcio Blue Petrolium S.A. de C.V., respectivamente.
Las empresas se encargaron de “modernizar” el sistema de votación de la XV Legislatura del Congreso, cuando, el 16 de febrero de 2017, con la ayuda de Miguel Ramón Martín Azueta, ex jefe de Oficina del Ejecutivo, llegó a la presidencia con la compra de conciencias y con bombos y platillos anunció su primer gran robo al Congreso y al Estado.
De acuerdo con la factura, que Sol Quintana Roo exhibió, el panista pagó por el licenciamiento de software y servicio de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de asistencia legislativa y votación electrónica y APP institucional del Congreso, millonarios recursos que nunca transparentó
AVIADORES AL POR MAYOR
En torno a sus “aviadores”, que bajo el concepto de Apoyo y Asistencia Legislativa, Martínez Arcila, sin dar la cara, sin que aparezca su nombre y rúbrica en ningún documento, cubrió los sueldos de 17 asesores “honorarios” por un monto de 1.2 millones de pesos, por trabajos que simplemente no se ven.
Dichos “asesores” y el monto de sus sueldos mensuales son: Miguel Arcángel Pino Verde (115 mil 345 pesos), Irma Yolanda Dorantes Poot (115 mil 345), Rusell Israel Millán Estrella (179 mil 992), Issa Melitón Ortiz Moguel (54 mil 109), Mauro Felipe Landa Jiménez (115 mil 345), Hernán Edmundo López Tello (54 mil 109), Eené Antonio Ramos Reyes (54 mil 489), Alfredo Augusto Chan Canul (54 mil 109), Ricardo Ulises Gómez Contreras (38 mil 507), Aarón Antonio Núñez Martínez (54 mil 109), Bárbara Ruiz Velázquez (115 mil 345), María Guadalupe Contreras Casteleyro (29 mil 710), María Esther García Vargas (115 mil 345), Yuhueni Sormy Bebans Sánchez (48 mil 54), Dulce Vianey Escudero Delgado (36 mil 507), Alondra Avilés Gómez (28 mil 552) y Germán Francisco González (40 mil 586)
Pese a tan cuestionable historial, Martínez Arcila, cuyo sueño mayor es llegar a ser presidente municipal de Cancún, también es falso pregonero de la democracia y falaz precursor de la transparencia, pues utilizó su cargo como presidente de la Gran Comisión del Congreso para hacer con el dinero del pueblo negocios personales, familiares y de grupo.
Al igual que como ahora busca su “reelección”, se convirtió en diputado local por la obra y gracia de la vía plurinominal, pues de otra manera no podía haber llegado al cargo, sin embargo, embarrado de la hiel popular que ha visto en él al traidor que siempre ha sido, pues ha obtenido grandes beneficios de los gobernadores en turno.
Por ejemplo, en la administración anterior obtuvo patentes de vinos y licores a precio de risa, según consta en su declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público. Fue beneficiado con el paquete de patentes para la venta de bebidas alcohólicas otorgadas por el ex gobernador Roberto Borge.
Sus privilegios con el gobierno del “cambio” y su cargo legislativo, le permitieron no ser exhibido por la Secretaría de Finanzas entre los familiares y amigos del ex gobernador que recibieron de “regalo” una patente para la venta de vinos y licores, de las consideradas entre las más caras del Estado, en tanto los créditos de dos de sus casas fueron pagos del Félix González. En su declaración patrimonial informa poseer dos casas, y su concubina, otra.
Así, Martínez Arcila posee una casa de 1,154.8 metros donde tiene construidos 65.18 metros en Benito Juárez, con valor catastral de 358 mil 658.00 pesos y que adquirió en 2005. Asimismo, cuenta con departamento en un predio 344.90 metros y construcción de 58.62 metros en Benito Juárez, con valor de 260 mil pesos. El departamento de su concubina se adquirió en 2012 en Benito Juárez.
Martínez Arcila adquirió los dos primeros departamentos a través de apoyos crediticios que otorgó el Gobierno del Estado a los damnificados del huracán “Wilma”, arrebatándoles el derecho a un lugar digno para vivir a cientos de familias que perdieron todo por el desastre natural.
El entonces gobernador Félix González le otorgó ese beneficio a cambio de ponerle “piedritas” desde el PAN a los acérrimos oponentes del “felixiato”: Troy Becerra y Gustavo Ortega Joaquín. Sus traiciones le vienen de antaño, pues no ha perdonado ni a su propia familia, como es el caso de su tío Jesús Martínez, quien considera que su sobrino traicionó los ideales nativistas, pues, pese a tener sus orígenes en Honduras, han defendido el Estado.
