- El exsecretario de Salud en Chiapas, pupilo de Adán Augusto López y de Rutilio Escandón, fue evidenciado por la actual administración por desvíos millonarios de recursos y malversación
- ¿Será desaforado y encarcelado por el daño ocasionado a la salud de miles de chiapanecos?…
Por Agencias SFAS/Tuxtla Gutiérrez.- La administración de José Cruz Castellanos al frente de la Secretaría de Salud de Chiapas quedó marcada por irregularidades graves que hoy son objeto de investigación por parte de las autoridades estatales y federales. El exfuncionario y hoy senador de Morerna, respaldado en su momento por Adán Augusto López y Rutilio Escandón, enfrenta acusaciones por el desvío millonario de recursos públicos destinados a programas de salud, dejando al sector en una crisis que afectó directamente a miles de chiapanecos.
Durante una rueda de prensa encabezada por Rafael Domínguez Cortés, secretario técnico de la Secretaría de Salud, se informó que entre las anomalías detectadas se encuentran manejos indebidos en áreas clave como la Dirección de Infraestructura en Salud, Salud Pública y Administración y Finanzas, entre otras. Auditorías preliminares señalan que recursos destinados a hospitales, centros de salud, laboratorios y redes de frío para medicamentos críticos fueron desviados para fines personales y actividades ajenas a los programas oficiales, lo que agravó la precariedad en la atención médica.
El impacto de esta gestión negligente fue devastador: hospitales sin insumos básicos, equipos médicos inoperativos y servicios de salud paralizados. En lugar de priorizar la salud de los chiapanecos, los recursos se destinaron a beneficiar intereses personales y proyectos que exaltaban la imagen del exsecretario. Personal médico y administrativo también denunció intimidaciones para colaborar en actividades extraoficiales, sumando un componente de abuso laboral al panorama de corrupción.
Domínguez Cortés destacó que las autoridades actuales han iniciado auditorías exhaustivas en las distintas áreas de la Secretaría de Salud y sus dependencias, con el apoyo de la Secretaría Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es cuantificar el daño financiero y estructural ocasionado, y aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.
La pregunta que surge es inevitable: ¿enfrentará José Cruz Castellanos las consecuencias legales por los daños ocasionados al sector salud? Mientras avanza el proceso, el caso se convierte en un recordatorio de la necesidad de una gestión responsable y de la vigilancia ciudadana para evitar que la salud de los más vulnerables siga siendo un botín político.
