• Líderes charros amenazan con despidos y sanciones para forzar asistencia de trabajadores municipales, taxistas y hoteleros a una marcha de respaldo a la alcaldesa
• Busca reelección en medio de la violencia criminal y los escándalos financieros en que mantiene al municipio
Por Agencias SFAS/Playa del Carmen, QRoo.- Bajo amenazas de despido y sanciones, trabajadores del Ayuntamiento, taxistas y empleados hoteleros son presionados para participar en una mega marcha en apoyo a la alcaldesa Estefanía Mercado, en medio de la violencia criminal, los cuestionamientos por contratos millonarios y las investigaciones sobre exfuncionarios municipales.
Las denuncias señalan a Rusbel Pat, secretario de Justicia Social del Ayuntamiento, por advertir a empleados municipales que podrían perder su trabajo si no acudían a la movilización. La mafia también opera a través de Martín de la Cruz, dirigente de la CROC; del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, y a la vez secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, a quienes señalan por exigencias de asistencia bajo amenazas de multas o sanciones, incluso a trabajadores hoteleros después de sus jornadas laborales.
Los señalamientos apuntan al uso de estructuras gubernamentales y sindicales para garantizar la presencia de asistentes en una movilización cuya convocatoria, organización y financiamiento están bajo sospecha.
La movilización ocurre mientras Mercado busca mantenerse en el poder. La alcaldesa ha manifestado su intención de competir por la reelección en 2027 y se registró en el proceso interno de Morena relacionado con la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación. Las prácticas utilizadas para el acarreo contrasta con lo que le ha pedido Morena a los aspirantes.
ACOSO DE LA DELINCUENCIA
Mientras se mueve la estructura política y sindical en torno a la alcaldesa, Playa del Carmen acumula episodios de violencia que incluyen ejecuciones, ataques armados, vehículos incendiados y denuncias de extorsión y cobro de piso. Los hechos han golpeado a comerciantes, transportistas y habitantes, mientras persisten los reclamos por los resultados de la estrategia de seguridad municipal.
Las denuncias de extorsión y cobro de piso también afectan a comerciantes y prestadores de servicios, expuestos a amenazas y pérdidas económicas. Los ataques armados y las ejecuciones mantienen la presión sobre las autoridades, que han sido incapaces de responder con acciones para contener la violencia y garantizar la seguridad de la población.
CONTRATOS MILLONARIOS
A la crisis de seguridad se agregan los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos. Hay contratos relacionados con empresas vinculadas al empresario Hugo Miguel Vignola Palma, así como adquisiciones para el centro de retención municipal y artículos destinados a festejos policiales.
Entre las operaciones señaladas figura un contrato de hasta 28 millones de pesos para insumos alimentarios y otro superior a 3.3 millones de pesos para artículos destinados a una celebración policial. Los sobreprecios están a la orden del día.
Los contratos requieren aclaraciones sobre proveedores, procedimientos de adjudicación, facturas y precios pagados. Corresponde a los órganos fiscalizadores determinar si existieron irregularidades, daños al erario o responsabilidades administrativas y penales. Los señalamientos periodísticos, por sí solos, no acreditan la comisión de delitos.
EXTESORERO DEJA DEUDA MILLONARIA
Javier Regalado Hendricks, extesorero municipal, figura entre los exfuncionarios cuya actuación ha sido mencionada en el contexto de revisiones administrativas. El caso se suma a las dudas sobre las finanzas del Ayuntamiento, las obligaciones municipales y las posibles irregularidades en el manejo de recursos.
El extesorero dejó una bomba financiera en Playa del Carmen: pasivos por casi 890 millones de pesos al cierre de marzo de 2026 y un crédito de 125 millones contratado con Bancrea durante su gestión.
El escándalo escaló se difundió que el daño al erario podría superar los 800 millones de pesos
