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- Usuarios señalan a funcionarios, entre ellos al director Eduardo Salamay Kulyoc y gestores, de operar un esquema de cobros ilegales por trámites oficiales
Por Agencias SFAS/Cancún, QRoo.- El Registro Civil de Cancún está bajo fuertes señalamientos tras revelarse una presunta red de corrupción que opera en complicidad con funcionarios, gestores externos y hasta funerarias locales. Ciudadanos denuncian cobros excesivos e ilegales por servicios básicos como actas de nacimiento, defunción o validaciones documentales.
De acuerdo con testimonios publicados en medios, el esquema estaría encabezado por el director de la dependencia, Eduardo Salamy Kuyoc Rodríguez, quien habría establecido una estructura paralela de extorsión desde su llegada en octubre de 2023.
Las acusaciones apuntan a una red bien organizada que involucra a trabajadores del Registro Civil y a «coyotes» que operan abiertamente en las inmediaciones de oficinas como la ubicada en el Parque de las Palapas. Uno de los principales señalados es Yordi Novelo Ruiz, un tramitador que cobra hasta 4 mil 500 pesos por actas que oficialmente cuestan 700 pesos, e incluso ha sido visto ingresando y saliendo con documentos sin control alguno, presuntamente con protección interna.
Afectados relatan que cuando intentan seguir los procesos de manera regular enfrentan trabas y dilaciones, mientras que los gestores ofrecen “soluciones exprés” a cambio de pagos en efectivo. En algunos casos, como el de una ciudadana que pagó por un acta y nunca la recibió, los gestores desaparecen sin cumplir, sin que las autoridades intervengan. Empleados al interior del Registro Civil aseguran que quienes se han opuesto al nuevo modelo de operación son desplazados o presionados para renunciar.
Lo más grave, afirman fuentes internas, es que gran parte de los ingresos generados por estos cobros irregulares no entran a las arcas municipales. Además, se ha centralizado el trámite de actas de defunción en una sola oficina, restringiendo el acceso a la ciudadanía y facilitando el control de los documentos para aplicar sobreprecios sin justificación legal. Aunque las denuncias han llegado a la presidencia municipal de Ana Patricia Peralta, no se han tomado acciones visibles, lo que profundiza la desconfianza ciudadana frente a una estructura que parece operar con total impunidad.
