- Claudia Sheinbaum, la mandataria nacional de diez, exigió a la representante del Ejecutivo veracruzano reconsiderar la torpe postura y a la Fiscalía, aclare y corrija los hechos del término terrorismo
• ¿Ahora falta ver qué delito le va a cuadrar el gobierno jarocho al comunicador?
• La visceral torpeza ejecutada les valió un jalón de oreja y dieron marcha atrás, aunque ‘Lafita’ sigue preso
Por Agencias SFAS/Xalapa, Ver.- La detención del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 24 de diciembre en Veracruz, dejó al descubierto un grave abuso del aparato de justicia estatal y una peligrosa narrativa impulsada desde el propio gobierno que encabeza Rocío Nahle. La imputación por el delito de “terrorismo” contra un comunicador no solo resultó jurídicamente insostenible, sino que encendió alertas a nivel nacional por el mensaje de intimidación que se envía contra la libertad de expresión.
Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien tuvo que salir a poner orden y frenar la torpeza institucional del gobierno jarocho, al recordar públicamente que en México no existe antecedente alguno de acusaciones por terrorismo. La mandataria federal exigió a la Fiscalía de Veracruz explicar por qué recurrió a un tipo penal inexistente en la práctica jurídica nacional y subrayó que la libertad de expresión debe estar por encima de cualquier cálculo político o vendetta local.
Pese a que inicialmente Rocío Nahle defendió la actuación de la Fiscalía bajo el argumento de que “no se detiene a una persona nada más porque sí”, el jalón de orejas desde Palacio Nacional la obligó a corregir el discurso. De manera súbita, la gobernadora coincidió con Sheinbaum en que el término de terrorismo no aplica en el país y optó por evadir el tema, refugiándose en el pretexto del debido proceso y la audiencia de vinculación programada para este 30 de diciembre.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imputación contra Rafael León —que además incluye encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad— se sostiene, según la familia del periodista, en el dicho de un supuesto “testigo protegido” que lo señala de recibir dinero del crimen organizado, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas sólidas. Aun así, un juez de control calificó de legal la detención y ordenó prisión preventiva oficiosa, profundizando la percepción de una justicia alineada al poder político.
Este episodio no solo exhibe la intolerancia del gobierno de Veracruz frente a las voces incómodas, sino que coloca a la administración de Rocío Nahle bajo la lupa de organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa. Mientras el gobierno estatal intenta recomponer el discurso, el periodista sigue preso y la pregunta persiste: si ya cayó el delito de terrorismo, ¿qué figura penal intentarán ahora cuadrar para justificar una detención que huele más a represalia que a justicia?
