· Gobernadora de Baja California es evidenciada a través de un audio sobre gestiones legales en Estados Unidos tras la revocación de su visa
· Su exesposo fue evidenciado por delincuencia organizada y lavado de dinero; la morenista negó pacto con las autoridades gringas, pero todo apunta a que sí busca cooperar; está asustada y no le queda otra opción
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva polémica luego de la difusión de un audio en el que admite haber contratado los servicios de un abogado estadounidense de alto perfil para atender los problemas derivados de la cancelación de su visa. La grabación volvió a colocar el caso en el centro del debate político nacional.
En el audio, cuya autenticidad fue reconocida por la propia mandataria, Marina del Pilar señala que contrató al penalista Michael Nadler, exfiscal federal en Florida y litigante con experiencia en asuntos de relevancia internacional. Según la conversación, el abogado fue incorporado para encabezar las gestiones legales y atender su situación ante autoridades estadounidenses.
La controversia se remonta a la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de la gobernadora y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres. Aunque las autoridades estadounidenses no han informado oficialmente las razones de la medida, el caso ha estado rodeado de versiones e investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de personas cercanas al entorno político de Torres con integrantes de grupos del crimen organizado.
La revelación del audio también generó cuestionamientos sobre el costo de una defensa legal de esta magnitud, debido a que especialistas consideran que abogados de ese nivel suelen representar casos complejos y de alto impacto. La situación ha alimentado las críticas de sectores políticos que demandan mayor claridad sobre el tema.
Mientras Marina del Pilar sostiene que no existe ninguna acusación formal en su contra y que las acciones emprendidas forman parte de una estrategia jurídica para aclarar su situación migratoria, la controversia continúa escalando. El caso mantiene la atención pública y sigue generando interrogantes sobre el alcance de las investigaciones y sus posibles repercusiones políticas.
