- La contratación por 750 mil dólares de Roger Stone, aliado del presidente de EU, Donald Trump, ocurre en un contexto marcado por las revelaciones de investigaciones de autoridades estadounidenses a políticos mexicanos, incluidos gobernadores, por vínculos con el crimen organizado
- ¿Qué otra gobernadora protegida o protegido del “niño verde” Jorge Emilio González sigue?; ¿Acaso Mara Lezama, su fiscal Raciel López Salazar y el grupo de chiapanecos evidenciados con ligas a grupos del narcocrimen?
- ¿También estará el fiscal chiapameco Jorge Luis Llaven Abarca, otro consentido de Manuel Velasco Coéllo?
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quedó en el centro de la polémica tras revelarse la contratación del consultor estadounidense Roger Stone y su socia Diana London por 750 mil dólares, equivalentes a casi 14 millones de pesos, para brindar “asesoría” en relaciones públicas y en los vínculos con funcionarios de Estados Unidos en temas de comercio y desarrollo económico.
La contratación se conoce en un momento particularmente delicado, luego de que The New York Times publicara que autoridades estadounidenses mantienen presuntas investigaciones sobre políticos mexicanos, entre ellos gobernadores, por posibles nexos con organizaciones del crimen organizado.
Aunque no existe evidencia pública que vincule el contrato con esas indagatorias, el perfil del consultor contratado ha generado cuestionamientos debido a su cercanía con el presidente Donald Trump y a que en los últimos años ha sido relacionado con gestiones para obtener indultos presidenciales y reducciones de condenas en Estados Unidos.
Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que contratar consultores políticos extranjeros no es ilegal, pero dejó claro que este tipo de decisiones «habla de cuál es la visión del Gobierno y con quién está haciendo estos contratos».
La documentación dada a conocer señala acuerdos por un periodo inicial de seis meses, con posibilidad de renovación. La controversia ha abierto un debate sobre el destino de recursos públicos para este tipo de asesorías y sobre las razones para recurrir a un operador político internacional con un perfil tan polémico precisamente en medio del contexto de las presuntas que realiza Estados Unidos sobre actores políticos mexicanos relacionados con el narcotráfico, muchos de ellos, se dice, cooperando de manera individual con Estados Unidos.
Ante estos hechos que salen a la luz pública, surgen muchas interrogantes: ¿Qué otra gobernadora protegida o protegido del niño verde Jorge Emilio González sigue?. ¿Acaso Mara Lezama, su fiscal Raciel López Salazar y el grupo de chiapanecos evidenciados con ligas a grupos del narcocrimen? ¿También estará el fiscal chiapameco Jorge Luis Llaven Abarca, otro consentido de Manuel Velasco Coéllo?
