- El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca está más ocupado en su candidatura a la diputación que investigar esta violencia que agobia a las mujeres
- Oscar Aparicio Avendaño, quien debe velar por la prevención del delito, es puro posar para la foto; también anda en campaña política. Con este equipo de la nueva era, para qué más enemigos
Por Agencias SFAS/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La ola de violencia contra las mujeres volvió a exhibir la fragilidad de la estrategia de seguridad en Chiapas. Fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer con visibles huellas de violencia en la colonia 12 de Octubre, en Tapachula, un crimen que volvió a encender las alarmas por el incremento de feminicidios en la entidad.
Mientras los casos se acumulan y la exigencia de justicia crece, los cuestionamientos se dirigen hacia los responsables de garantizar la seguridad. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, es señalado por privilegiar sus aspiraciones políticas antes que fortalecer las investigaciones de los delitos que mantienen en riesgo a las mujeres chiapanecas.
A la par, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, enfrenta señalamientos por los resultados en materia de prevención del delito. Diversos sectores reprochan que la estrategia de seguridad no logra contener la violencia, mientras el funcionario mantiene una intensa presencia pública que consideran más cercana a una campaña política que al combate de la delincuencia.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos observaron un bulto envuelto en una sábana sobre la calle Reforma Agraria y, al acercarse, descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer. Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
La víctima permanecía sin identificar y las autoridades no habían informado las causas precisas de su muerte. El caso vuelve a colocar bajo la lupa a los mandos responsables de la seguridad en Chiapas, en medio de reclamos por una estrategia que, para numerosos ciudadanos, ha sido incapaz de frenar la violencia feminicida y garantizar justicia para las víctimas.
