- El gobierno de Mara Lezama en QRoo se quiere lavar las manos, pero siguen surgiendo graves evidencias: un contrato de arrendamiento vehicular por 80.5 millones de pesos y una residencia valuada en 65 millones en Puerto Cancún
- UIF también guarda silencio ante el evidente enriquecimiento al amparo del poder; como es de casa, no investiga
Por Agencias SFAS/Chetumal, QRoo.- La caída de Héctor José Contreras Mercader dejó de ser la simple renuncia de un funcionario. Hoy, el exdirector del SAT de Quintana Roo enfrenta un vendaval de cuestionamientos tras revelarse documentos que lo vinculan con un contrato de arrendamiento vehicular por 80.5 millones de pesos y una residencia valuada en 65 millones en Puerto Cancún. Todo ello, apenas semanas después de ser exhibido disfrutando un exclusivo palco VIP durante las Finales de la NBA en Nueva York, un lujo que indignó a miles de quintanarroenses.
Las revelaciones levantan una pregunta que el gobierno de Mara Lezama sigue sin responder: ¿de dónde salió tanto dinero y quién permitió que un funcionario acumulara semejante patrimonio mientras ocupaba un cargo estratégico? Si existen indicios de posibles irregularidades, resulta inevitable preguntar por qué la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía no han anunciado investigaciones públicas sobre el origen de esos recursos y los contratos bajo sospecha. Pero como es de casa, se le permite todo.
Lejos de disipar las dudas, la renuncia de Contreras Mercader fue vista por diversos sectores como una salida para contener el escándalo político. Sin embargo, los nuevos documentos difundidos exhiben presuntos vínculos entre la empresa beneficiada con el contrato millonario y familiares del exfuncionario, lo que fortalece las exigencias de una investigación independiente que determine si existieron conflictos de interés o actos de corrupción.
Cada día que pasa sin una explicación oficial aumenta el costo político para Mara Lezama. La gobernadora no puede limitarse al silencio cómplice mientras uno de los hombres que integró su administración aparece ligado a contratos multimillonarios, propiedades de lujo y viajes exclusivos. Si su gobierno no impulsa una investigación transparente y permite que las autoridades actúen sin distingos, la percepción pública de encubrimiento seguirá creciendo y la promesa de combatir la corrupción es pecata minuta.
